Esta vez parece que no habrá batalla política por el reparto de menores migrantes. A diferencia de lo sucedido los dos años anteriores, cuando las llegadas a Canarias colapsaron los recursos de acogida del archipiélago, el PP se muestra resignado a desistir del choque con el Gobierno tras la masiva afluencia a Ceuta. “Nadie se atreve a saltarse la ley”, advierten en el Ejecutivo, convencidos de que, aun a regañadientes y a pesar de los pactos con Vox, las comunidades presididas por el PP asumirán la parte que les corresponde, como, en realidad, ya lo han venido haciendo a lo largo del último año. El proceso todavía se demorará semanas o meses, pero el Ejecutivo ya se dispone a activar los primeros trámites.
Los populares abandonan su ambigüedad y prometen que cumplirán una ley a la que se opusieron
Esta vez parece que no habrá batalla política por el reparto de menores migrantes. A diferencia de lo sucedido los dos años anteriores, cuando las llegadas a Canarias colapsaron los recursos de acogida del archipiélago, el PP se muestra resignado a desistir del choque con el Gobierno tras la masiva afluencia a Ceuta. “Nadie se atreve a saltarse la ley”, advierten en el Ejecutivo, convencidos de que, aun a regañadientes y a pesar de los pactos con Vox, las comunidades presididas por el PP asumirán la parte que les corresponde, como, en realidad, ya lo han venido haciendo a lo largo del último año. El proceso todavía se demorará semanas o meses, pero el Ejecutivo ya se dispone a activar los primeros trámites.
Lo que ha cambiado respecto a Ceuta, a diferencia del largo pulso que se vivió mientras Canarias intentaba por todos los medios encontrar ayuda para aliviar su situación, es que desde abril de 2025 los criterios de reparto son ley. Entonces el Congreso convalidó un decreto gubernamental que establecía esos parámetros y reformaba algunos aspectos de la ley de extranjería. Las comunidades del PP llevaban un año resistiéndose y sus diputados votaron en contra, incluidos los del archipiélago, a pesar de que allí son el socio minoritario del Gobierno que encabeza Coalición Canaria. Pero la iniciativa prosperó con el apoyo de Junts, que meses antes había votado con populares y Vox para tumbar un primer decreto sobre la materia.
Ahora el PP está abocado a respetar los criterios de distribución, so pena de declararse en rebeldía contra lo que ya es ley. Y el partido de Alberto Núñez Feijóo asegura que lo hará, como lo garantizó de forma categórica este jueves su vicesecretario de Política Autonómica y Municipal, Elías Bendodo: “El PP siempre cumple la ley”.
Los pactos con Vox en Andalucía, Castilla y León, Aragón y Extremadura estipulaban lo contrario: la negativa a acoger lo que los ultras siguen llamando despectivamente por sus siglas: menas. La extrema derecha ya rompió en su día los anteriores pactos autonómicos con los populares bajo el pretexto de la acogida de los menores no acompañados. “Con esos pactos han engañado a la gente, no pueden hacer otra cosa, están obligados por ley”, insisten en el Gobierno. Y ponen como ejemplo los 1.750 menores procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla ya acogidos por distintas comunidades en los últimos meses, a pesar de toda esa retórica de la derecha y de lo que se hizo constar en los acuerdos por escrito entre PP y Vox. Esta vez ni siquiera el partido de Santiago Abascal ha dicho que lo vaya a impedir, aunque insiste en la muy improbable solución de devolverlos a sus padres en los países de donde provienen, no solo Marruecos, mera vía de tránsito para muchos.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, viajó este jueves a Ceuta, donde permanecerá hasta el sábado, conocerá la situación de primera mano y se reunirá con las autoridades locales para adoptar soluciones temporales y comenzar los preparativos. Los servicios de acogida de la ciudad autónoma contabilizan unos 1.200 menores, según cálculos de su presidente, el popular Juan Jesús Vivas. Su capacidad declarada es de apenas 29. Pero además se estima que hay otros cientos aún deambulando por la ciudad tras irrumpir en medio de la muchedumbre de unas 72.000 personas que traspasaron la frontera de golpe la pasada semana.
Para amortiguar provisionalmente la situación, el Gobierno ha cedido a Ceuta las instalaciones de dos colegios, uno de los cuales ya está operativo y alberga a 110 chicas. El segundo se está adaptando, mientras la ciudad autónoma también habilita otros lugares. Fuentes del gobierno local confirman que hasta la pasada semana el proceso de traslados se desarrollaba con normalidad. “Ahora puede llevar meses porque lógicamente estamos desbordados”, añaden. Con más optimismo, la ministra Rego, en una entrevista con este periódico, habla de “unas pocas semanas”. El primer trámite es registrar a cada menor. Hasta el miércoles la policía lo había completado con más de 500. Luego hay que esperar a que las comunidades de destino ofrezcan un lugar para la acogida. Fuentes del Ministerio de Juventud adelantan que se buscarán también acuerdos con ONG y entidades sociales privadas dispuestas a tutelar a chicos y chicas.
Si los populares se rebelasen, además de vulnerar la ley, dejarían un grave problema sin resolver a dos gobiernos de ese partido, tanto en Ceuta como —aunque en muchísima menor medida— en Melilla. En esta última ciudad se registró un repunte de llegadas en los últimos días, unas 260 personas, de las que unos 140 son menores, según la Delegación del Gobierno. Su capacidad de acogida no supera la treintena. La delegada del Ejecutivo en la ciudad, Sabrina Moh, anticipó el miércoles que pretende imprimir “la máxima celeridad posible” a los trámites para el traslado a la Península. Desde finales de junio hasta la pasada semana tienen aprobados 19 expedientes, a la espera de que las comunidades de acogida les asignen un centro. El presidente melillense, el popular Juan José Imbroda, hizo el miércoles un llamamiento a los gobiernos de su partido para que no pongan impedimentos. “Entiendo a mis compañeros del PP, pero ahora mismo hay que hacer ese gesto de solidaridad y hay un real decreto que cumplir, te guste o no”, declaró a la Cadena SER.
La dirección del PP, Feijóo incluido, se había pronunciado con ambigüedad en los primeros momentos de la crisis. Bendodo la rompió este jueves con el anuncio inequívoco de que acatarán la ley, aun dejando constancia de que “es un problema que tiene que arreglar el Gobierno porque lo ha generado directa o indirectamente”. Otras comunidades controladas por los populares como la valenciana o Galicia se han pronunciado públicamente en el mismo sentido.
El Gobierno también resta toda importancia a las advertencias lanzadas en los últimos días por Junts, que asegura que vetará cualquier acuerdo que suponga el envío de más menores a Cataluña. En abril de 2025, la formación independentista cambió su voto y facilitó la aprobación del decreto, después de que su comunidad asumiese menos traslados que ninguna. El Gobierno lo justificó porque Cataluña ya tutelaba un número mayor que la media. El PP lo esgrimió para argumentar su rechazo. Ahora no hay que votar de nuevo, por lo que en el Ejecutivo minimizan los posibles efectos de las amenazas de Junts.
El PP, mientras, ha exigido la comparecencia urgente y extraordinaria de hasta cuatro ministros en el Congreso y una en el Senado. El Gobierno, de momento, no se declara dispuesto a atenderlas.
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