El sistema energético español, de cara al futuro, necesita que el almacenamiento se convierta en una realidad lo antes posible. Sobre todo, para no desperdiciar energía renovable y, de esta forma, conseguir disminuir las emisiones contaminantes a la máxima velocidad. Para ello se dispone de diversas tecnologías que, sin embargo, no parecen participar en igualdad de condiciones, al menos en lo que se refiere a la posibilidad de acceder a las ayudas públicas. De nuevo, el Gobierno no aplica el criterio de neutralidad tecnológica.Así se desprende de un informe de la consultora PwC que lleva por título ‘Retos, oportunidades y riesgos del despliegue del almacenamiento en el sistema eléctrico español’ al que ha tenido acceso este periódico. El documento señala que «la necesidad de un equilibrio en el desarrollo de distintas tecnologías de almacenamiento no siempre se está reflejando en los mecanismos de planificación ni en las señales de inversión que se están otorgando desde la administración».Es decir, el informe detalla las asimetrías que se están generando entre las baterías –y los sistemas de hibridación– y el bombeo hidráulico, las dos principales tecnologías de almacenamiento. El problema es que dicho agravio no se corresponde con las diferentes aportaciones que ofrecen al sistema eléctrico cada una de ellas. Pero la urgencia por conseguir llegar a los objetivos marcados, en principio, estarían condicionando los diferentes apoyos.Noticia relacionada general No No La presidenta de la CNMC se despide con duras críticas a la planificación energética del Gobierno Raúl MasaSegún consta en el Plan Nacional Integrado de Energía y Cima (Pniec) se deberían alcanzar los 22,5 GW de potencia instalada para el año 2030. En el sector del almacenamiento existen reticencias sobre la posibilidad de alcanzar estas cifras. De hecho, tampoco se he llegado a entender la revisión de objetivos que hubo en el desarrollo del plan. Se estableció, con respecto a la primera versión, un incremento muy significativo; en concreto, se ha multiplicado por 2,5, ya que el Pniec de 2020 preveía únicamente 9 GW para el mismo horizonte temporal. Y ese es gran parte del problema, la necesidad de cumplir.Agravio económicoEn España existen 10.888 MW de baterías en tramitación frente a 1.285 MW de bombeo, y 5.077 MW de baterías con permisos concedidos frente a 2.797 MW de bombeo. Sin embargo, el informe de PwC señala que «desde la administración se está favoreciendo el despliegue de baterías mediante simplificaciones regulatorias y administrativas, especialmente en proyectos hibridados, mientras que el bombeo sigue enfrentándose a mayores barreras ambientales, concesionales y administrativas, pese a su reconocimiento formal como infraestructura crítica».Sobre el agravio que se está generando, el documento señala que las ayudas públicas también están configurando una señal de inversión más efectiva para baterías que para bombeo. En las convocatorias Feder 2021-2027 y PRTR, se destinaron unos 195 millones de euros al bombeo, lo que supone alrededor del 20% del presupuesto de ayudas, frente a 970 millones, cerca del 80%, para baterías e hibridaciones. Esto genera una brecha que llega a los 700 millones.La clave de esta asimetría tiene que ver con el plano regulatorio. Explica el informe de la consultora que una de las barreras más relevantes radica en que el desarrollo de las distintas tecnologías de almacenamiento no parte de condiciones equivalentes. «Las baterías presentan, por lo general, un proceso de desarrollo más ágil, con menores condicionantes territoriales, menor complejidad constructiva y una tramitación más sencilla. El bombeo, en cambio, suele afrontar plazos de tramitación más largos, derivados de una mayor complejidad en el acceso y conexión, de la necesidad de superar procedimientos ambientales más exigentes y de su dependencia de condicionantes orográficos e hídricos específicos».22,5 GW Capacidad de almacenamiento El Gobierno se puso un objetivo muy ambicioso en el almacenamiento energético, y ahora tiene que darse prisa, y eso condiciona las ayudasY como aquí la velocidad juega un papel fundamental, el documento expone que la evolución regulatoria más reciente, la del real decreto ley 7/2026, ha introducido un cambio significativo al eximir del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, ordinario o simplificado, a los proyectos de almacenamiento electroquímico hibridados con generación renovable. Se trata de una simplificación administrativa relevante que reduce de forma material los tiempos de tramitación de las baterías hibridadas.En el caso del bombeo, el mismo real decreto ley reconoce que es especialmente crítico para el sistema contar con almacenamiento de gran capacidad como el bombeo hidráulico. Sin embargo, ninguno de estos reconocimientos se ha traducido, hasta el momento, en un impulso real al despliegue del bombeo, ya que la principal barrera sigue residiendo en los permisos administrativos cuya tramitación mantiene plazos y exigencias muy superiores a los aplicables a las baterías, revela el documento.A esto se suma que las concesiones para el uso privativo del agua suelen otorgarse por plazos inferiores a la vida útil de las instalaciones, lo que compromete directamente la viabilidad económica de los proyectos.Recurso claveEl agravio sobre el apoyo económico tiene implicaciones técnicas. Asume el informe que «el sistema no necesita únicamente capacidad de respuesta rápida, sino también almacenamiento capaz de desplazar energía durante periodos prolongados y evitar vertidos de generación renovable». En este sentido, si las ayudas públicas favorecen de forma predominante tecnologías de corta duración, la señal de inversión puede terminar reforzando un patrón de despliegue que no responde plenamente a las necesidades estructurales del sistema eléctrico a medio y largo plazo.Y es que la mayor capacidad de almacenamiento del bombeo le permite absorber un volumen más elevado de excedentes renovables, facilitando así una mejor integración de tecnologías como la solar fotovoltaica y la eólica en el sistema eléctrico español. Asimismo, sostienen desde PwC que «la incorporación de tecnologías de almacenamiento de larga duración en el sistema eléctrico permite desplazar del mix de generación a aquellas fuentes basadas en combustibles fósiles, que marcan el precio marginal durante las horas más caras del día, que son altamente contaminantes y que dependen de suministro de terceros países». El sistema energético español, de cara al futuro, necesita que el almacenamiento se convierta en una realidad lo antes posible. Sobre todo, para no desperdiciar energía renovable y, de esta forma, conseguir disminuir las emisiones contaminantes a la máxima velocidad. Para ello se dispone de diversas tecnologías que, sin embargo, no parecen participar en igualdad de condiciones, al menos en lo que se refiere a la posibilidad de acceder a las ayudas públicas. De nuevo, el Gobierno no aplica el criterio de neutralidad tecnológica.Así se desprende de un informe de la consultora PwC que lleva por título ‘Retos, oportunidades y riesgos del despliegue del almacenamiento en el sistema eléctrico español’ al que ha tenido acceso este periódico. El documento señala que «la necesidad de un equilibrio en el desarrollo de distintas tecnologías de almacenamiento no siempre se está reflejando en los mecanismos de planificación ni en las señales de inversión que se están otorgando desde la administración».Es decir, el informe detalla las asimetrías que se están generando entre las baterías –y los sistemas de hibridación– y el bombeo hidráulico, las dos principales tecnologías de almacenamiento. El problema es que dicho agravio no se corresponde con las diferentes aportaciones que ofrecen al sistema eléctrico cada una de ellas. Pero la urgencia por conseguir llegar a los objetivos marcados, en principio, estarían condicionando los diferentes apoyos.Noticia relacionada general No No La presidenta de la CNMC se despide con duras críticas a la planificación energética del Gobierno Raúl MasaSegún consta en el Plan Nacional Integrado de Energía y Cima (Pniec) se deberían alcanzar los 22,5 GW de potencia instalada para el año 2030. En el sector del almacenamiento existen reticencias sobre la posibilidad de alcanzar estas cifras. De hecho, tampoco se he llegado a entender la revisión de objetivos que hubo en el desarrollo del plan. Se estableció, con respecto a la primera versión, un incremento muy significativo; en concreto, se ha multiplicado por 2,5, ya que el Pniec de 2020 preveía únicamente 9 GW para el mismo horizonte temporal. Y ese es gran parte del problema, la necesidad de cumplir.Agravio económicoEn España existen 10.888 MW de baterías en tramitación frente a 1.285 MW de bombeo, y 5.077 MW de baterías con permisos concedidos frente a 2.797 MW de bombeo. Sin embargo, el informe de PwC señala que «desde la administración se está favoreciendo el despliegue de baterías mediante simplificaciones regulatorias y administrativas, especialmente en proyectos hibridados, mientras que el bombeo sigue enfrentándose a mayores barreras ambientales, concesionales y administrativas, pese a su reconocimiento formal como infraestructura crítica».Sobre el agravio que se está generando, el documento señala que las ayudas públicas también están configurando una señal de inversión más efectiva para baterías que para bombeo. En las convocatorias Feder 2021-2027 y PRTR, se destinaron unos 195 millones de euros al bombeo, lo que supone alrededor del 20% del presupuesto de ayudas, frente a 970 millones, cerca del 80%, para baterías e hibridaciones. Esto genera una brecha que llega a los 700 millones.La clave de esta asimetría tiene que ver con el plano regulatorio. Explica el informe de la consultora que una de las barreras más relevantes radica en que el desarrollo de las distintas tecnologías de almacenamiento no parte de condiciones equivalentes. «Las baterías presentan, por lo general, un proceso de desarrollo más ágil, con menores condicionantes territoriales, menor complejidad constructiva y una tramitación más sencilla. El bombeo, en cambio, suele afrontar plazos de tramitación más largos, derivados de una mayor complejidad en el acceso y conexión, de la necesidad de superar procedimientos ambientales más exigentes y de su dependencia de condicionantes orográficos e hídricos específicos».22,5 GW Capacidad de almacenamiento El Gobierno se puso un objetivo muy ambicioso en el almacenamiento energético, y ahora tiene que darse prisa, y eso condiciona las ayudasY como aquí la velocidad juega un papel fundamental, el documento expone que la evolución regulatoria más reciente, la del real decreto ley 7/2026, ha introducido un cambio significativo al eximir del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, ordinario o simplificado, a los proyectos de almacenamiento electroquímico hibridados con generación renovable. Se trata de una simplificación administrativa relevante que reduce de forma material los tiempos de tramitación de las baterías hibridadas.En el caso del bombeo, el mismo real decreto ley reconoce que es especialmente crítico para el sistema contar con almacenamiento de gran capacidad como el bombeo hidráulico. Sin embargo, ninguno de estos reconocimientos se ha traducido, hasta el momento, en un impulso real al despliegue del bombeo, ya que la principal barrera sigue residiendo en los permisos administrativos cuya tramitación mantiene plazos y exigencias muy superiores a los aplicables a las baterías, revela el documento.A esto se suma que las concesiones para el uso privativo del agua suelen otorgarse por plazos inferiores a la vida útil de las instalaciones, lo que compromete directamente la viabilidad económica de los proyectos.Recurso claveEl agravio sobre el apoyo económico tiene implicaciones técnicas. Asume el informe que «el sistema no necesita únicamente capacidad de respuesta rápida, sino también almacenamiento capaz de desplazar energía durante periodos prolongados y evitar vertidos de generación renovable». En este sentido, si las ayudas públicas favorecen de forma predominante tecnologías de corta duración, la señal de inversión puede terminar reforzando un patrón de despliegue que no responde plenamente a las necesidades estructurales del sistema eléctrico a medio y largo plazo.Y es que la mayor capacidad de almacenamiento del bombeo le permite absorber un volumen más elevado de excedentes renovables, facilitando así una mejor integración de tecnologías como la solar fotovoltaica y la eólica en el sistema eléctrico español. Asimismo, sostienen desde PwC que «la incorporación de tecnologías de almacenamiento de larga duración en el sistema eléctrico permite desplazar del mix de generación a aquellas fuentes basadas en combustibles fósiles, que marcan el precio marginal durante las horas más caras del día, que son altamente contaminantes y que dependen de suministro de terceros países».
El sistema energético español, de cara al futuro, necesita que el almacenamiento se convierta en una realidad lo antes posible. Sobre todo, para no desperdiciar energía renovable y, de esta forma, conseguir disminuir las emisiones contaminantes a la máxima velocidad. Para ello se dispone de … diversas tecnologías que, sin embargo, no parecen participar en igualdad de condiciones, al menos en lo que se refiere a la posibilidad de acceder a las ayudas públicas. De nuevo, el Gobierno no aplica el criterio de neutralidad tecnológica.
Así se desprende de un informe de la consultora PwC que lleva por título ‘Retos, oportunidades y riesgos del despliegue del almacenamiento en el sistema eléctrico español’ al que ha tenido acceso este periódico. El documento señala que «la necesidad de un equilibrio en el desarrollo de distintas tecnologías de almacenamiento no siempre se está reflejando en los mecanismos de planificación ni en las señales de inversión que se están otorgando desde la administración».
Es decir, el informe detalla las asimetrías que se están generando entre las baterías –y los sistemas de hibridación– y el bombeo hidráulico, las dos principales tecnologías de almacenamiento. El problema es que dicho agravio no se corresponde con las diferentes aportaciones que ofrecen al sistema eléctrico cada una de ellas. Pero la urgencia por conseguir llegar a los objetivos marcados, en principio, estarían condicionando los diferentes apoyos.
Noticia relacionada
Según consta en el Plan Nacional Integrado de Energía y Cima (Pniec) se deberían alcanzar los 22,5 GW de potencia instalada para el año 2030. En el sector del almacenamiento existen reticencias sobre la posibilidad de alcanzar estas cifras. De hecho, tampoco se he llegado a entender la revisión de objetivos que hubo en el desarrollo del plan. Se estableció, con respecto a la primera versión, un incremento muy significativo; en concreto, se ha multiplicado por 2,5, ya que el Pniec de 2020 preveía únicamente 9 GW para el mismo horizonte temporal. Y ese es gran parte del problema, la necesidad de cumplir.
Agravio económico
En España existen 10.888 MW de baterías en tramitación frente a 1.285 MW de bombeo, y 5.077 MW de baterías con permisos concedidos frente a 2.797 MW de bombeo. Sin embargo, el informe de PwC señala que «desde la administración se está favoreciendo el despliegue de baterías mediante simplificaciones regulatorias y administrativas, especialmente en proyectos hibridados, mientras que el bombeo sigue enfrentándose a mayores barreras ambientales, concesionales y administrativas, pese a su reconocimiento formal como infraestructura crítica».
Sobre el agravio que se está generando, el documento señala que las ayudas públicas también están configurando una señal de inversión más efectiva para baterías que para bombeo. En las convocatorias Feder 2021-2027 y PRTR, se destinaron unos 195 millones de euros al bombeo, lo que supone alrededor del 20% del presupuesto de ayudas, frente a 970 millones, cerca del 80%, para baterías e hibridaciones. Esto genera una brecha que llega a los 700 millones.
La clave de esta asimetría tiene que ver con el plano regulatorio. Explica el informe de la consultora que una de las barreras más relevantes radica en que el desarrollo de las distintas tecnologías de almacenamiento no parte de condiciones equivalentes. «Las baterías presentan, por lo general, un proceso de desarrollo más ágil, con menores condicionantes territoriales, menor complejidad constructiva y una tramitación más sencilla. El bombeo, en cambio, suele afrontar plazos de tramitación más largos, derivados de una mayor complejidad en el acceso y conexión, de la necesidad de superar procedimientos ambientales más exigentes y de su dependencia de condicionantes orográficos e hídricos específicos».
22,5 GW
Capacidad de almacenamiento
El Gobierno se puso un objetivo muy ambicioso en el almacenamiento energético, y ahora tiene que darse prisa, y eso condiciona las ayudas
Y como aquí la velocidad juega un papel fundamental, el documento expone que la evolución regulatoria más reciente, la del real decreto ley 7/2026, ha introducido un cambio significativo al eximir del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, ordinario o simplificado, a los proyectos de almacenamiento electroquímico hibridados con generación renovable. Se trata de una simplificación administrativa relevante que reduce de forma material los tiempos de tramitación de las baterías hibridadas.
En el caso del bombeo, el mismo real decreto ley reconoce que es especialmente crítico para el sistema contar con almacenamiento de gran capacidad como el bombeo hidráulico. Sin embargo, ninguno de estos reconocimientos se ha traducido, hasta el momento, en un impulso real al despliegue del bombeo, ya que la principal barrera sigue residiendo en los permisos administrativos cuya tramitación mantiene plazos y exigencias muy superiores a los aplicables a las baterías, revela el documento.
A esto se suma que las concesiones para el uso privativo del agua suelen otorgarse por plazos inferiores a la vida útil de las instalaciones, lo que compromete directamente la viabilidad económica de los proyectos.
Recurso clave
El agravio sobre el apoyo económico tiene implicaciones técnicas. Asume el informe que «el sistema no necesita únicamente capacidad de respuesta rápida, sino también almacenamiento capaz de desplazar energía durante periodos prolongados y evitar vertidos de generación renovable».
En este sentido, si las ayudas públicas favorecen de forma predominante tecnologías de corta duración, la señal de inversión puede terminar reforzando un patrón de despliegue que no responde plenamente a las necesidades estructurales del sistema eléctrico a medio y largo plazo.
Y es que la mayor capacidad de almacenamiento del bombeo le permite absorber un volumen más elevado de excedentes renovables, facilitando así una mejor integración de tecnologías como la solar fotovoltaica y la eólica en el sistema eléctrico español. Asimismo, sostienen desde PwC que «la incorporación de tecnologías de almacenamiento de larga duración en el sistema eléctrico permite desplazar del mix de generación a aquellas fuentes basadas en combustibles fósiles, que marcan el precio marginal durante las horas más caras del día, que son altamente contaminantes y que dependen de suministro de terceros países».
RSS de noticias de economia
