Hay algo, muy poco, pero algo en lo que coinciden Gobierno y PP respecto a la crisis de Ceuta. Y ese algo tiene que ver con los menores extranjeros no acompañados, que la Policía ha contabilizado hasta ahora en 1.527, muchos de los cuales todavía siguen vagando por las calles de la ciudad autónoma casi dos semanas después de la entrada masiva. El Ejecutivo de Pedro Sánchez y el Partido Popular convergen en apuntar como la solución prioritaria para esos niños y jóvenes su repatriación familiar a Marruecos, como además reclama Rabat. La formalización de los expedientes, eso sí, requiere de unos procedimientos tasados y que pueden alargarse tiempo si no se refuerzan los equipos administrativos destinados a tal fin.
La devolución de los niños y jóvenes a sus familias requiere de unos procedimientos administrativos tasados y que pueden alargarse si no se refuerzan antes los equipos. En la crisis de 2021 se retornaron de forma inmediata 55
Hay algo, muy poco, pero algo en lo que coinciden Gobierno y PP respecto a la crisis de Ceuta. Y ese algo tiene que ver con los menores extranjeros no acompañados, que la Policía ha contabilizado hasta ahora en 1.527, muchos de los cuales todavía siguen vagando por las calles de la ciudad autónoma casi dos semanas después de la entrada masiva. El Ejecutivo de Pedro Sánchez y el Partido Popular convergen en apuntar como la solución prioritaria para esos niños y jóvenes su repatriación familiar a Marruecos, como además reclama Rabat. La formalización de los expedientes, eso sí, requiere de unos procedimientos tasados y que pueden alargarse tiempo si no se refuerzan los equipos administrativos destinados a tal fin.
En esa línea se viene pronunciando el Gobierno desde hace días. “La prioridad absoluta es que todos los menores puedan volver con sus familias a Marruecos”, afirmó el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, este martes desde Almería. “Es un proceso que no es fácil, pero tiene que ser prioritario abordar con el Gobierno de Marruecos y con sus familias”, expresó el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, tras su encuentro con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, un día antes.
Sin embargo, el PP pasa por alto que La Moncloa pretende impulsar esa vía, según lo afirma, e insiste en exigir lo mismo una y otra vez. “Lo menores que están Ceuta, con quien tienen que estar es con sus familias. El Gobierno tiene que hablar con Marruecos”, pidió el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del Partido Popular, este lunes. “Requiere hacer los expedientes y devolverlos a sus países de origen; pero exige prioridad y no estar de vacaciones. A la ministra de Infancia ni se la ve ni se la espera”, añadió el presidente de la Comisión de Interior en el Senado, Fernando Martínez-Maíllo, este martes, obviando que Sira Rego estuvo el jueves y el viernes en Ceuta. Y, que, desde allí avanzó ya en una entrevista a este periódico que la prioridad de La Moncloa es precisamente la repatriación familiar. Lo mismo que plantea Génova.
¿Cuál es la primera solución? “La reagrupación familiar. Para esto necesitamos una buena entrevista individualizada a cada niño para conocer su situación concreta. Esto no puede hacerse con brocha gorda”, respondió la ministra de Juventud e Infancia, de Sumar. “Algunos manifiestan que quieren volver con sus familias y aquí toca hacer un trabajo delicado y muy concienzudo”, remachó Rego. Para los que permanezcan en España, su ministerio acelera ya los trámites para que sean realojados en la Península y Baleares, un escenario al que se resisten PP y Vox. Y este miércoles ha convocado la primera reunión con los territorios para abordar la crisis.
Ocurre que el retorno de los menores extranjeros no acompañados es también lo que han prometido, en sus últimos cuatro acuerdos de gobierno, Partido Popular y Vox. Sendas formaciones se comprometen en esas comunidades donde han fraguado acuerdos de coalición —Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía—, a que devolverán a los chicos con sus familias en sus países de origen. Pero, en ese caso, se trata de una promesa vacía, porque la competencia sobre la repatriación es exclusiva del Estado, no autonómica.
Repatriar a un menor de edad requiere de unos procedimientos que, si no se refuerzan los equipos administrativos, como ha pedido el presidente de Ceuta, el popular Juan Jesús Vivas, pueden alargarse. Los menores tienen que declarar ante la Fiscalía y todos tienen derecho a recibir asistencia letrada. Pero, si son mayores de 16 años años, pueden renunciar a ella. Se escucha siempre a todos los menores solos. Se atiende a su opinión sobre todo a partir de ciertas edades. “A veces con 12 años o menos se considera que tienen una madurez suficiente y su opinión siempre es escuchada”, explica Elena Muñoz, abogada de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Y la Delegación de Gobierno en Ceuta, informada de todos los trámites, tomará la decisión.
El Ministerio de Exteriores tiene que hacer gestiones diplomáticas previas con Marruecos, país con el que España tiene firmado un acuerdo bilvateral sobre cuidados de los menores y cooperación en casos como estos. Se tienen que valorar que la devolución del menor no vulnere aún más su situación, esto es, que en su país o en su familia no esté sufriendo situaciones de pobreza, de maltrato, que tenga las condiciones dignas para el desarrollo correcto de la infancia. En este sentido, los menores pueden declarar que eso no ocurre y son escuchados por la Fiscalía. Pero, en todo caso, si hay comprobaciones en su país de origen y se observa que todo está en orden, es posible que el chico sea devuelto de todas formas, prosigue Muñoz. “Todas estas garantías no son trabas, son derechos”, dice la abogada. Una vez que todo el papeleo está en orden, es la comisaría de Extranjería, o sea, el Ministerio de Interior quien se hace cargo del traslado.
La crisis migratoria que vivió Ceuta en 2021 derivó en procesos semejantes a los que se están implementando ahora, pero no se observaron las garantías suficientes y la delegada del Gobierno de Ceuta, Salvadora Mateos, así como la vicepresidenta de la ciudad autónoma por aquel entonces, Mabel Deu, fueron condenadas por un delito de prevaricación administrativa. Se habían repatriado de forma inmediata a 55 menores a Marruecos, sin tener en cuenta el procedimiento, en una decisión “no solo arbitraria, sino manifiestamente injusta”, señaló la sentencia emitida el año pasado.
Los magistrados ya reconocieron entonces que la situación por la que atravesaba Ceuta, similar a la actual, con “precariedad de medios y recursos” y con la sociedad ceutí tensionada, por no hablar de la crisis diplomática que se vivió también entonces, cuando la llegada no alcanzó ni un cuarto de la registrada este verano. Pero sentenciaron que las acusadas conocían el procedimiento legal que debía seguirse, pero no se ajustaron a él. No se determinó si la situación de los menores devueltos era de vulnerabilidad y el interés del menor podría verse comprometido de regreso a su país.
Esto es necesario para cualquier menor, pero además, dice la abogada Muñoz, habrá que tener en cuenta que entre todos los muchachos puede haber quien pueda solicitar protección internacional por proceder de países con conflicto o haber huido de alguna otra circunstancia violenta o discriminatoria. Y todo ello puede irse por el sumidero si no se evalúa convenientemente la situación de cada uno de forma individual y detallada.
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