Este año, presumiblemente, las universidades privadas (49) superarán a las públicas, estancadas en 50 desde 1998. Pero existe un dato no menor que escapa a las estadísticas más empleadas: las que tienen ánimo de lucro (25) son desde este martes más que las no mercantiles, propiedad de la Iglesia o fundaciones (24), según el registro del Estado (RUCT).
La reciente aprobación de la Universidad de Mallorca sitúa a los centros que buscan negocio a la cabeza con 25 frente a 24
Este año, presumiblemente, las universidades privadas (49) superarán a las públicas, estancadas en 50 desde 1998. Pero existe un dato no menor que escapa a las estadísticas más empleadas: las que tienen ánimo de lucro (25) son desde este martes más que las no mercantiles, propiedad de la Iglesia o fundaciones (24), según el registro del Estado (RUCT).
Se ha producido el sorpasso por la aprobación en el Parlamento de Baleares de la Universidad de Mallorca. Es la primera privada que se inaugura en el archipiélago y tiene el informe contrario del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Hasta ahora funcionaba como centro adscrito de carreras sanitarias y artísticas. Se trata de una sociedad limitada aunque, desde su fundación, cooperan con 35 ONGs de dentro y fuera de España. Su presidente, Diego González, cuenta que ha recibido ofertas de fondos de inversión que ha rechazado.
Los campus sin lucro tienen formalmente un fin social, por lo que, como fundaciones, tienen que revertir las ganancias en la institución (instalaciones, profesorado, becas). Si llegasen a repartirse parte de los beneficios, algo que no publicitan y no es habitual, tendrían que tributar por ello. El resto de campus pueden buscar el negocio sin cortapisas. A finales de 2026, podría haber un total de 53 privadas y 50 públicas, y sería la primera vez que las primeras superan a las segundas en España. Ocurrirá si se aprueban en sus parlamentos regionales cuatro nuevos campus que ya están evaluados: tres madrileños y uno extremeño.
Todas las universidades que se están autorizando en los últimos tres años tienen carácter lucrativo. Extremadura ha aprobado una, Uninde y se instalará el Grupo Planeta, que está a la espera de obtener el visto bueno pero no hay actividad en el Parlamento regional. Aguardan también otras tres iniciativas en Madrid. De las cuatro, solo la de Planeta cuenta con el informe favorable del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Ello da idea de la disparidad de criterios de calidad entre el Estado y las autonomías, que son las últimas responsables de su apertura.
La Fundación Haz, enfocada a la rendición de cuentas de campus y empresas y que promueve las buenas prácticas, analiza cada año la transparencia informativa de todas las universidades: en el caso de las privadas, apenas seis aprobaron en 2025. Ninguna de ellas tenía ánimo de lucro. Su informe concluye que cuando la universidad está en manos de sociedades mercantiles, sufre mucha presión por ser rentable y “el crecimiento puede desplazar el foco desde la misión académica hacia objetivos de rentabilidad”.
Según esa fundación, para garantizar la calidad docente e investigadora, formar con rigor y servir al interés público “se requieren contrapesos de gobernanza y una rendición de cuentas efectiva”. Otros índices, como el de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), o el informe de transparencia de la plataforma colaborativa Dyntra, manifiestan también la opacidad de las privadas.
Con la modificación del llamado decreto antichiringuitos ―que obliga a cumplir unos criterios de calidad― desde el pasado octubre los centros tienen que aportar mucha más información al ministerio, llegar a los 4.000 alumnos, invertir el 5% en investigación o lograr el 2% de sus fondos en concursos competitivos.
En España, las universidades privadas eran históricamente un reducto de prestigio que convivía en armonía con las públicas. Ahora, en cambio, son un serio competidor ―congregan a más inscritos en máster―, pues las públicas están tan infrafinanciadas que no cubren la demanda. La primera privada creada en España, la jesuita Deusto (Bilbao), se remonta a 1886. Le siguieron otras cuatro ligadas a la Iglesia católica sin lucro (Pontificias de Comillas y Salamanca, Navarra y Ramón Llull) en cien años (1890-1991). En 1993, se aprobó la primera privada mercantil y también primera aconfesional: la Alfonso X El Sabio. Hasta hace una década las autonomías autorizaban estos centros con informes favorables del Gobierno central ―si no, avergonzadas, retiraban el proyecto―, y desde entonces ha imperado la barra libre, a la que trata de poner freno el decreto.
Desde el pasado octubre, el decreto antichiringuitos obliga también a que las nuevas propuestas de universidades cuenten con el visto bueno de la agencia de evaluación regional o la ANECA antes de que valore el ministerio.No es casualidadque sean Aragón, con tres proyectos por evaluar con las nuevas condiciones, Extremadura, con otros dos, y Madrid las autonomías que han recurrido la modificación del decreto.
Cuando el Gobierno anunció un endurecimiento del decreto, la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (Acade), de cuya dirección forman parte Alfonso X y ESIC, ligó el éxito de las universidades privadas en España a “las tasas de evaluación, matriculación y éxito, que son extraordinarias, mientras que la tasa de abandono es muy reducida”. En realidad, las privadas de prestigio sí atraen a muchos jóvenes, a los que someten a rigurosos procesos de selección, pero la mayoría recogen el excedente de la pública. Por ejemplo, para Medicina, seis universidades públicasrecibieron más de 20 solicitudes por plaza en 2024.
Acade destaca, además, un mantra muy repetido: la empleabilidad de las privadas “es 10 puntos superior a la que presentan los egresados de las públicas”. Un informe de la Fundación BBVA y el IVIE demuestra que el margen desaparece cuando se desglosa: “El posicionamiento de las universidades privadas en los campos con mejor inserción no muestra ventajas o desventajas generalizadas frente a las públicas, pues el resultado depende de los campos de estudios”, razona. Y la pública oferta titulaciones sin grandes salidas laborales, a las que un Estado no puede renunciar, mientras que la privada centra la mayor parte de su oferta en titulaciones con mucha empleabilidad.
Son muchos los ejemplos del negocio redondo. En 2024, el fondo EQT (dueño de Idealista) pagó 2.200 millones por el grupo de la Universidad Europea (con cuatro campus) a Permira, que la había adquirido cinco años antes por 770 millones. Aspira a abrir pronto en Extremadura y Asturias. Otro caso es el del fondo CVC, que acaba de vender por 2.000 millones de euros al británico Cliven (Burger King España) el 70% de la Alfonso X. Costó 1.000 millones en 2019.
La docencia a distancia es también un éxito casi asegurado. Proeduca, dueño de UNIR, salió deBolsahace un año con una opa valorada en 1.536 millones. O el Grupo Planeta, que compró por cuatro millones la Universidad Internacional Valenciana (VIU), que estaba en bancarrota, ha multiplicado por 10 sus alumnos de grado (9.034 el pasado curso) en una década. Sin embargo, su universidad en Madrid, que es semipresencial (UNIE), va más lenta en cuanto a captación de estudiantes.
La visión mercantil distancia a estas universidades de las que son fundaciones. El CEU, de la Asociación Católica de Propagandistas, se expande por cuatro universidades y aspira a un campus a distancia en Badajoz. Pero les mueve promover “los valores que nos transmite el Evangelio”. Invierte 21 millones en becas en sus centros educativos o implanta grados de humanidades deficitarios, pero acordes al mensaje que quiere trasladar. El grueso de las “becas” de las universidades con lucro suelen ser descuentos en las matrículas.
El IE es un modelo híbrido. En Segovia, la matriz es fundación y acaba de crearse en Madrid como sociedad limitada. Pero ello no ha paralizado que este año haya duplicado sus becas (50 millones) o vaya a contratar a 200 profesores en cinco años. “Las contrataciones a tiempo completo son muy buena métrica para calibrar el compromiso con el largo plazo y la misión social”, razonaba en una entrevista en este diario Manuel Muñiz, rector internacional de IE.
Treinta y tres universidades privadas sumaron entre todas 6.016 doctorandos el curso pasado, frente a los 6.356 de la infrafinanciada Complutense. El decreto modificado las obliga a ofertar tres programas de doctorado para no ser meras academias y el tiempo apremia. En los últimos meses se han sumado otras seis. Aunque aún el 97% de los contratos para hacer la tesis son en la pública.
Euneiz, del dueño del Alavés Josean Querejeta, es una de las universidades que aún están haciendo los deberes. “Mientras se consolidan estas estructuras internas, la estrategia se centra en desarrollar programas de doctorado en colaboración con otras universidades”, afirma a este periódico su departamento de prensa. “De hecho, están muy avanzadas ya iniciativas conjuntas con varias españolas y del extranjero con el objetivo de facilitar la formación doctoral y la integración progresiva de Euneiz en redes académicas”. Aún su tamaño es pequeño. El pasado curso, el tercero, contaba con 524 inscritos en grado.
La red pública forma a los docentes de la privada, que no para de reclamar profesionales que han defendido la tesis (vitales para certificar su calidad). Y en esa carrera, entre 2014 y 2023, su profesorado se ha más que duplicado (219,9%), con un ritmo anual del 13,79%, mientras en la pública, sin medios, menguaba un 5,27% (2.931 investigadores), según los datos del Observatorio IUNE, de la Alianza 4 U (Carlos III, Pompeu Fabra y las dos Autónomas).
El 95% de las publicaciones españolas son de la red pública, según IUNE, y lideran en impacto científico, la atracción de talento y las alianzas internacionales. Porque en muchas privadas, los profesores imparten tantas clases que no tienen tiempo de investigar, hasta 500 horas al año. Cada investigador de la pública sacó 1,40 artículos en 2023, frente a los 0,33 de la privada, y 9 de cada 10 sexenios (complementos salariales por producción científica) llevan su sello. Entre las privadas destaca Navarra, del Opus Dei y la única presente en el aclamado Ranking Shanghái, que hace una verdadera apuesta. En 2024, invirtió casi 50 millones en infraestructuras y unos ingresos de explotación en investigación de 117 millones.
Acade se rindió a la evidencia en su comunicado. “Es posible que la investigación se realice con más intensidad en las universidades públicas, pero porque cuentan con fondos también públicos, mientras que las privadas deben hacerlo con el dinero que sale de su cuenta de resultados”. En realidad, pueden presentarse a los concursos competitivos.
Las autonomías deben velar por que las universidades cumplan el decreto, pero pocos expertos creen que lo hagan. “¿Qué político se va a atrever a cerrar una universidad sin calidad que ha puesto ya en la calle a 10 promociones de titulados? Que de repente su título es oficial pero no vale nada para el mercado laboral. Nadie se va a enfrentar a esta patata caliente”, reflexiona el catedrático de Ciencia Política de la Pompeu Fabra Carles Ramió, autor de tres libros sobre la gestión de las universidades. “Si nos hemos tomado en serio la calidad, habrá que cerrar quien de manera continuada certifica que no la tiene”.
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