Este jueves 16 de abril entra en vigor el Real Decreto de comedores escolares, una norma que, por primera vez, fija unos criterios mínimos obligatorios para todos los centros educativos del país -públicos, concertados y privados- que imparten desde segundo ciclo de infantil hasta formación profesional de grado medio. No es un cambio menor: afecta a más de ocho millones de niños y niñas escolarizados en España y sitúa por fin la alimentación escolar en el lugar que merece dentro de las políticas públicas. Y llega, además, tras años de trabajo de entidades, profesionales y comunidades educativas que hemos defendido que la comida en la escuela no es un trámite logístico, sino un derecho y una herramienta pedagógica de primer orden.
Reconoce, por fin, el papel central de las legumbres y otras fuentes vegetales (frutas, verduras, cereales integrales) en una dieta saludable
Este jueves 16 de abril entra en vigor el Real Decreto de comedores escolares, una norma que, por primera vez, fija unos criterios mínimos obligatorios para todos los centros educativos del país -públicos, concertados y privados- que imparten desde segundo ciclo de infantil hasta formación profesional de grado medio. No es un cambio menor: afecta a más de ocho millones de niños y niñas escolarizados en España y sitúa por fin la alimentación escolar en el lugar que merece dentro de las políticas públicas. Y llega, además, tras años de trabajo de entidades, profesionales y comunidades educativas que hemos defendido que la comida en la escuela no es un trámite logístico, sino un derecho y una herramienta pedagógica de primer orden.
Durante demasiado tiempo, los comedores escolares han adolecido de una falta de visión estructural. En un país donde uno de cada tres menores tiene exceso de peso y donde las desigualdades alimentarias se agravan, la escuela debía ser un espacio protector. Sin embargo, la desconexión con el origen y la temporada de los alimentos, la escasa participación de las familias, la falta de acompañamiento formativo, y la ausencia de estándares comunes han limitado su potencial. La alimentación infantil en España necesitaba un giro profundo, y este decreto es una respuesta a esa urgencia.
El decreto que ahora entra en vigor incorpora avances que llevamos años reclamando desde múltiples organizaciones. Entre ellos, uno destaca por su capacidad transformadora: la introducción obligatoria de proteína vegetal como segundo plato entre una y cinco veces por semana. Es un cambio estructural que reconoce, por fin, el papel central de las legumbres y otras fuentes vegetales (frutas, verduras, cereales integrales) en una dieta saludable, sostenible y accesible. Para quienes llevamos una década impulsando ideas como la Campaña de legumbres de calidad del país, este paso supone un respaldo institucional a una reivindicación histórica.
Otro avance fundamental es la garantía de menús adaptados no solo por alergias o intolerancias, sino también por motivos éticos o religiosos. Esto supone un paso decisivo hacia la inclusión y el respeto a la diversidad cultural y alimentaria de las familias.
El control y seguimiento, otro punto crítico, también se fortalece
La transparencia, históricamente una de las grandes carencias del sistema, también se refuerza. A partir de ahora, los centros deberán publicar mensualmente menús detallados, incluyendo técnicas culinarias, guarniciones, salsas y alérgenos, y orientar a las familias sobre cómo complementar la cena. Pero la transparencia no puede quedarse solo en el menú. El gran reto pendiente es la gobernanza del comedor escolar: quién decide, cómo se gestiona, qué papel tienen las familias, el alumnado, el personal de cocina y monitoraje. Sin espacios reales de participación, sin corresponsabilidad, sin mecanismos claros de seguimiento y mejor, la transformación será bastante limitada.
El control y seguimiento, otro punto crítico, también se fortalece. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha actualizado el Programa 2.16 del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria, que se extiende hasta 2030. Las comunidades autónomas revisarán programaciones de menús y realizarán inspecciones presenciales, registrando incumplimientos en informes oficiales que llegarán a centros, AMPAs, empresas de catering y administraciones educativas.
Este decreto no nace en el vacío. Forma parte de un movimiento europeo más amplio que reconoce que la alimentación escolar es un pilar de la justicia social. La Garantía Infantil Europea, el programa de distribución de frutas y verduras y proyectos como SchoolFood4Change apuntan en la misma dirección: tratar la comida escolar como una inversión estratégica, no como un gasto. La evidencia del enfoque integral de la alimentación en toda la escuela (whole school food approach, en inglés) es clara: cuando la alimentación se integra como tema transversal en el currículo y la cultura del centro, los resultados son medibles y transformadores.
Lo que empieza este jueves es, en realidad, la consolidación de un trabajo colectivo. Hemos incidido durante años para que España se acerque a modelos como los de Estonia, Suecia y Francia, donde la comida escolar es un derecho universal y una herramienta educativa. Este decreto no resuelve todos los desafíos, pero marca un antes y un después. Ahora toca seguir avanzando, especialmente en educación alimentaria, porque ningún cambio estructural será sostenible sin una ciudadanía (in)formada, crítica y capaz de disfrutar de la comida como un acto de salud, cultura, comunidad y responsabilidad ambiental.
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