El rey emérito ha renunciado a demandar a su expareja Corinna Larsen y al abogado suizo Dante Canonica, director de la fundación panameña Lucum en la que se ocultaron los 100 millones de dólares (65 millones de euros al cambio de la época) que recibió en 2008 del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí durante el reinado del rey Abdalá Bin Abdulaziz.
Juan Carlos I no ha presentado la demanda que anunció contra su expareja y el abogado que ocultó su fortuna
El rey emérito ha renunciado a demandar a su expareja Corinna Larsen y al abogado suizo Dante Canonica, director de la fundación panameña Lucum en la que se ocultaron los 100 millones de dólares (65 millones de euros al cambio de la época) que recibió en 2008 del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí durante el reinado del rey Abdalá Bin Abdulaziz.
La demanda que prepararon sus abogados por delitos contra el honor y fraude, anunciada en abril de 2025, finalmente no se ha presentado, según afirman a EL PAÍS personas del círculo íntimo de Juan Carlos I. El anuncio de esta nueva batalla judicial entre el rey emérito y la consultora alemana causó malestar en el Palacio de la Zarzuela y personas cercanas al rey emérito le aconsejaron que desistiera. Finalmente ha renunciado a volver al terreno de los tribunales en los que ha estado inmerso desde 2018 en distintas causas, dentro y fuera de España, que finalmente fueron archivadas.
El rey emérito, además de defender su honor por declaraciones de Larsen en diferentes medios de comunicación, reclamaba 70 millones y afirmaba sentirse “engañado” por esta y por el abogado Dante Canonica, una de las dos personas que administró en secreto su fortuna. A este último le exigía 3,5 millones. El letrado ginebrino está retirado y desde hace cinco años vive fuera de Suiza.
Los intentos del rey emérito por recuperar los 65 millones que donó a Larsen en 2012 de manera “irrevocable” parecían haber concluido hasta que el año pasado, cuando el interminable tsunami mediático había pasado, Juan Carlos I decidió desenterrar el hacha de guerra y volver a la carga. Una iniciativa que causó sorpresa entre sus allegados.
Sus abogados londinenses le aconsejaron volver a dar la batalla por una fortuna que considera suya. Un dinero que donó a su expareja al estallar el escándalo de la cacería de elefantes en Botsuana y verse obligado por el banco suizo Mirabaud & Cie a cerrar su cuenta a nombre de la fundación panameña Lucum. Entonces, donó los 65 millones a Larsen y esta los transfirió a una de las cuentas de sus doce sociedades off shore. En este caso, en el banco Gonet & Cie en Nassau (Bahamas), un paraíso fiscal.
El supuesto muñidor de este truco legal fue Canonica, el veterano abogado suizo que dirigió la fundación Lucum donde se escondió el dinero. Cuando EL PAÍS reveló, en marzo de 2020, esta donación millonaria a Larsen, su abogado londinense, Robin Ratmell, la justificó por la atención y cuidados que Juan Carlos I había recibido de su clienta “durante años de mala salud”. “Un regalo no solicitado”, para ella y su hijo Alexander, según su versión.
En el documento de dos folios revelado por este diario, se aclara que no habría vuelta atrás en el caso de la muerte de la receptora, es decir, de Larsen, de 60 años, “ni del fallecimiento” del donante, de 88. El escrito establece que si el donante muere, la receptora de la donación “no tiene obligación de devolverlo a sus herederos”. Es decir, la donación no afecta a los derechos de los herederos forzosos, el rey Felipe VI y sus hermanas Elena y Cristina. El acta está firmada por el donante y la receptora. Los abogados del rey emérito estudiaron invalidarla y reclamar 70 millones.
Los asesores de Juan Carlos I barajaron, también, demandar a Canonica porque antes de cerrar la cuenta de Juan Carlos I transfirió 3,5 millones de la misma a una cuenta a nombre de su sociedad Dolphin en el banco suizo Pictet & Cie en Nassau (Bahamas), el mismo paraíso fiscal donde se ocultaron los 65 millones que el rey emérito envió a Larsen. “He regularizado mi situación ante la Hacienda de Ginebra”, explicó el letrado cuando le interrogó el fiscal suizo Yves Bertossa sobre ese ingreso que, según él, le autorizó el entonces jefe del Estado.
Animado por sus abogados británicos, Juan Carlos I barajó defender su honor ante los tribunales y reclamar el dinero después de que en 2023 ganara la demanda que le presentó Larsen en Londres por acoso y supuesto espionaje. Acusaciones que la consultora vinculó a los intentos del rey emérito de que ella le devolviera los 65 millones. Según su versión, al negarse, el exjefe del Estado “la difamó” ante el rey de Arabia Saudí, Salman Bin Abdulaziz, y el príncipe heredero de la corona saudí.
Aquella victoria judicial y alguno de sus acompañantes habituales en su residencia de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), en especial Abderramán El Assir, de 75 años, el mercader de armas hispano-libio refugiado en ese país, le animaron a anunciar el año pasado una demanda que finalmente no ha presentado.
La influencia de El Assir, miembro de la jet set que tiene vigente una orden de búsqueda y captura de Francia, donde fue condenado en ausencia a cinco años de cárcel por el Karachigate, un escándalo de venta de submarinos, ha pesado menos que la del círculo de fieles amigos de Juan Carlos I que le visitan en Abu Dabi. Estos le aconsejaron huir del ruido y no presentar la demanda contra Larsen.
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