Los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana, los Comuns y la CUP elevan la presión sobre el Govern por el plan piloto para desplegar agentes de los Mossos d’Esquadra en centros de secundaria avanzado por EL PAÍS. Las tres formaciones han registrado solicitudes de comparecencia en el Parlament de las consejeras de Educación y de Interior para que detallen una iniciativa de la que, denuncian, se desconocen aspectos clave y que no ha sido presentada formalmente en la Cámara.
El Govern defiende la medida para rebajar los índices de “violencia juvenil”
El Govern defiende la medida para rebajar los índices de “violencia juvenil”
Albert Garcia
Los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana, los Comuns y la CUP elevan la presión sobre el Govern por el plan piloto para desplegar agentes de los Mossos d’Esquadra en centros de secundaria avanzado por EL PAÍS. Las tres formaciones han registrado solicitudes de comparecencia en el Parlament de las consejeras de Educación y de Interior para que detallen una iniciativa de la que, denuncian, se desconocen aspectos clave y que no ha sido presentada formalmente en la Cámara.
ERC ha ido más allá y ha reclamado a través de un comunicado una rectificación al Ejecutivo de Salvador Illa. Los republicanos critican que la medida se haya impulsado sin debate parlamentario ni consenso con la comunidad educativa y advierten de que puede tener efectos “discriminatorios” al señalar determinados centros. A su juicio, se trata de una propuesta “poco afortunada y populista” que, tal y como está planteada, “está abocada al fracaso”. El grupo republicano defiende, en cambio, un modelo de convivencia basado en reforzar los recursos educativos: más profesorado, personal de apoyo y una mejor adecuación de los espacios en aquellos institutos con mayor complejidad.
En la misma línea, los Comuns han rechazado la presencia de agentes en los centros educativos y han pedido su retirada. La formación considera que la convivencia en los institutos debe abordarse desde el ámbito pedagógico y social, con más docentes, educadores sociales y figuras de coordinación de convivencia, y no mediante un enfoque policial. También critican que la decisión se haya tomado de forma unilateral y “de espaldas a la comunidad educativa”. La CUP también se ha sumado a la petición de comparecencia de las dos consejeras, alineándose con las críticas de la oposición de izquierdas a una iniciativa que ha generado rechazo en gran parte del sector educativo.
La consejera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, defendió este jueves el plan, que tiene, dijo, la intención de rebajar los índices de violencia. Parlon afirmó que el proyecto se constituye a petición del Departamento de Educación para “fortalecer” la tarea de los mossos a través de esa función pedagógica en los centros y sobre todo para prevenir “la violencia juvenil”. El programa se desplegará en 13 institutos en un piloto y, si funciona, dijo la consejera de Interior, se extenderá a los centros que lo pidan. “Creemos que puede ser una herramienta muy útil”, cerró.
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