El Gobierno de Turquía desató la semana pasada una operación en contra de los derechos LGTBIQ+ en todo el país. Desde el 12 de septiembre, ha habido decenas de activistas detenidos, cientos de investigados, redadas en locales del colectivo, así como en las sedes de organizaciones de defensa de derechos. “Es un ataque contra la libertad de asociación, de expresión, de reunión, contra la defensa de los derechos humanos”, han alertado desde ILGA, la organización internacional LGTBIQ+. Este mes de septiembre, la persecución a las personas LGTBIQ+ por parte del presidente Recep Tayyip Erdogan ha alcanzado cotas máximas, pero los ataques contra el colectivo comenzaron hace años.
La persecución que sufre ahora el colectivo en Turquía comenzó en 2015, aunque se ha ido intensificando, con especial incidencia los últimos dos años
El Gobierno de Turquía desató la semana pasada una operación en contra de los derechos LGTBIQ+ en todo el país. Desde el 12 de septiembre, ha habido decenas de activistas detenidos, cientos de investigados, redadas en locales del colectivo, así como en las sedes de organizaciones de defensa de derechos. “Es un ataque contra la libertad de asociación, de expresión, de reunión, contra la defensa de los derechos humanos”, han alertado desde ILGA, la organización internacional LGTBIQ+. Este mes de septiembre, la persecución a las personas LGTBIQ+ por parte del presidente Recep Tayyip Erdogan ha alcanzado cotas máximas, pero los ataques contra el colectivo comenzaron hace años.
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Erdogan, de 72 años, lleva en la cúspide del poder desde 2003, cuando fue elegido primer ministro (previamente, entre 1994 y 1998, había ejercido como alcalde de Estambul). Tras 11 años al frente del Gobierno, en 2014 ganó las elecciones para convertirse en presidente. Es decir, lleva más de dos décadas ocupando los principales puestos de poder del Gobierno turco.
En su juventud, en los setenta y ochenta, fue un islamista exaltado que veía a Occidente como un enemigo cultural. Una década después dio un giro y pareció apoyar los valores de libertad y democracia: el partido que fundó, el AKP, de corte conservador, defendía la democracia liberal, y en 2005, Turquía comenzó las negociaciones de adhesión a la UE. Una candidatura que nunca terminó de cuajar. “Debido al continuo retroceso de Turquía en materia de democracia, Estado de derecho y derechos fundamentales, dichas negociaciones se encuentran en un punto muerto desde junio de 2018”, resumen la situación desde la UE.
La Comisión Europea ya había alertado en 2015 de la deriva autoritaria de Erdogan. Ese mismo año, fue prohibido el Orgullo de Estambul, el más importante del país, que atraía a unas 100.000 personas cada año, y que llevaba celebrándose desde 2003. A pesar de ese veto, el Orgullo se ha intentado seguir celebrando: este año, más de 50 personas fueron detenidas en Estambul y otras ocho en Ankara.
En 2016, hubo un intento de golpe de Estado en Turquía que, aunque no tuvo éxito, marcó al país para siempre. Erdogan culpó al movimiento Gülen, los seguidores del ya fallecido Fethullah Gülen, y organizó una purga. Más de 100.000 funcionarios y miembros de las Fuerzas Armadas fueron destituidos; miles de asociaciones, fundaciones y medios fueron clausurados; y, según cifras gubernamentales, entre 2016 y 2025 casi 400.000 personas han sido detenidas acusadas de estar vinculadas al movimiento Gülen.
Desde la paralización de la adhesión a la UE —aunque Turquía tiene acuerdos de calado con Bruselas, como el control migratorio— y el fallido golpe de Estado, Erdogan ha diseñado un sistema de control estatal para perpetuarse en el poder. Para ello se ha apoyado en el islam, el populismo y la extrema derecha del Partido de Acción Nacionalista (MHP, por sus siglas en turco).
Con el apoyo de esta formación, en 2017 impulsó un referéndum para cambiar la Constitución y convertir el sistema parlamentario turco en uno de corte presidencial. Ganó por la mínima y pudo abolir la figura del primer ministro y ampliar sus poderes presidenciales. Ante lo ajustado de la votación, la inclinación hacia el autoritarismo aumentó aún más. Los ataques lgtbifóbicos, también.
Turquía salió en 2021 del Convenio de Estambul, que define la violencia contra las mujeres como un atentado contra los derechos humanos y que considera la igualdad como un elemento clave para prevenirla. El Gobierno justificó ese abandono porque el convenio tenía un “impacto en la estructura familiar”, además de ir en contra de los “valores nacionales” y “promover la homosexualidad”. A partir de ese momento, se consolidó en Turquía la estigmatización institucional de las personas LGTBIQ+.
En las últimas elecciones, de 2023, Erdogan y sus socios desplegaron una retórica lgtbifóbica, que vinculaba la defensa de los derechos LGTBIQ+ con una supuesta amenaza a los valores familiares y religiosos. Organizaciones como Amnistía Internacional consideran que desde esos comicios, Turquía pasó de la discriminación estructural contra las personas LGTBIQ+ a la “represión organizada y explícita”.
En los últimos años, al menos seis asociaciones de defensa de derechos del colectivo han tenido que enfrentar procedimientos de disolución en el país. En diciembre del año pasado, un tribunal ordenó la disolución de Genç LGBTİ+ al considerar “obscenas” unas ilustraciones que habían publicado en sus redes sociales. Unos meses antes, en febrero, la presidenta de la organización 17 Mayis, Defne Güzel, fue acusada de haber publicado un libro y un catálogo de una exposición “contrarios a la moral pública”. Pedían hasta tres años de cárcel y la disolución de la organización. Aunque Güzel fue absuelta en primera instancia, el caso aún puede tener recorrido.
La lgtbifobia del Ejecutivo de Erdogan avanzó otro paso el año pasado. “Con la declaración de 2025 como el año de la familia, el Gobierno aumentó los ataques a la igualdad”, apuntan desde ILGA, que elabora anualmente el Mapa Arcoíris, en el que clasifica a 49 países de Europa en función del respeto a la diversidad sexual y de género. En el de este año, Turquía ocupa el antepenúltimo puesto, solo por delante de Azerbaiyán y Rusia.
El Ejecutivo turco planteó el año pasado una reforma del código penal, entre cuyos cambios proponía criminalizar a las personas y activistas LGTBIQ+. El Gobierno turco, siguiendo la estela de Vladímir Putin en Rusia, también buscó impulsar una “ley contra la propaganda LGTB”. Para la ILGA, el Gobierno impulsa “medidas legales que formalizan prácticas discriminatorias y que representan una amenaza constante para las personas LGTBI+ y para toda la sociedad”.
La operación iniciada la semana pasada, bautizada por el Ejecutivo turco como Mi familia está segura (Ailem Güvende), fue justificada por el Gobierno en un supuesto plan de defensa de los valores familiares y tradicionales “para el decenio 2026-2035”, según el ministro de Justicia. “Esta amplia ofensiva represiva no tiene nada que ver con la protección de las familias”, replica Esther Major, directora regional para Europa de Amnistía Internacional, “se trata de una mayor estigmatización de una comunidad que lleva décadas enfrentándose a la discriminación”.
Los derechos LGTBIQ+ son el canario en la mina de la democracia; la lgtbifobia tiene profundos vínculos con el autoritarismo. Como ha ocurrido en Rusia, Hungría, o ahora está pasando en EE UU, el cuestionamiento, los ataques o la derogación de estos derechos marcan el inicio de una represión que acaba extendiéndose a toda la sociedad.
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