Un puñado de sentencias judiciales desfavorables han bastado para que el Ministerio de Hacienda haya decidido desentenderse de sus actuales funciones de control previo sobre la autorización de puestos de libre designación para interventores y tesoreros en los grandes ayuntamientos y de la fiscalización de sus ceses. El Gobierno ha aprovechado el Real Decreto Ley que desbloquea las entregas a cuenta de los recursos del sistema de financiación a las comunidades autónomas y que flexibiliza el uso de los superávits presupuestarios de los ayuntamientos para desmontar el esquema de controles reforzados instaurado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013. Este empoderó a los interventores y tesoreros municipales de grandes ayuntamientos, diputaciones provinciales, consejos insulares, áreas metropolitanas y cabildos en los duros años inmediatamente posteriores a la gran crisis financiera, en los que la aplicación de cada euro de los recursos públicos era examinada de forma minuciosa.En aquel momento, el Gobierno decidió instaurar un esquema de autorización previa por parte del Ministerio de Hacienda para dar cauce a la creación de puestos de libre designación en el ámbito de la intervención o la tesorería municipal -lo que en principio es una solución excepcional pero que se utiliza de manera habitual-, y también se reguló la necesidad de un informe favorable de la autoridad estatal para cesar en el cargo a los habilitados nacionales designados en su día por ese cauce. Fuentes conocedoras de aquel desarrollo legal recalcan que ese sistema de control reforzado se instauró para inhibir cualquier tentación de utilizar la vía flexible de la libre designación para situar en puestos clave para el control de la contabilidad de los ayuntamientos a funcionarios afines que pudieran ejercer una fiscalización más condescendiente de las cuentas municipales.Noticia relacionada No No Los altos funcionarios del Estado exigen revertir la cesión a Cataluña de los interventores y los secretarios municipales Bruno PérezLa Asociación Profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Apsital) ha recibido el cambio legal con preocupación. «La nueva redacción mantiene formalmente el concurso como sistema normal de provisión, pero flexibiliza el recurso a la libre designación en las entidades locales de mayor dimensión», denuncian. «Para Apsital este cambio supone un claro debilitamiento del sistema de control municipal . La Intervención no es una función de confianza política, es una función pública necesaria, técnica e independiente, dirigida a garantizar la legalidad y la correcta utilización de los fondos públicos», recalca el comunicado.El Gobierno justifica la reforma por «la necesidad de adaptar esta regulación a los últimos pronunciamientos judiciales» que, en algunos casos, han revocado las denegaciones de autorización previa que ha ejecutado Hacienda. Fuentes de los habilitados nacionales sostienen, no obstante, que se trata de casos puntuales y que no se puede entender como una enmienda de totalidad al actual marco jurídico.«A partir de ahora algunos pueden tener la tentación de cesar a sus interventores por cuestiones ajenas a la función que tienen que ejercer», avisan desde una asociaciónEl comunicado de Apsital advierte de que este cambio legal reducirá las «garantías de objetividad e independencia en puestos que desempeñan funciones esenciales para el control de la legalidad y de la gestión financiera de las entidades locales».Según el portavoz de la organización profesional, Alberto Bravo, la derogación de la autorización previa y del informe motivado para los ceses de estos funcionarios nacionales que trabajan en la administración local puede tener consecuencias perniciosas: «A partir de ahora algunos podrán ceder a la tentación de cesar a sus interventores y tesoreros por motivos ajenos a la función que tienen que ejercer», avisa. Un puñado de sentencias judiciales desfavorables han bastado para que el Ministerio de Hacienda haya decidido desentenderse de sus actuales funciones de control previo sobre la autorización de puestos de libre designación para interventores y tesoreros en los grandes ayuntamientos y de la fiscalización de sus ceses. El Gobierno ha aprovechado el Real Decreto Ley que desbloquea las entregas a cuenta de los recursos del sistema de financiación a las comunidades autónomas y que flexibiliza el uso de los superávits presupuestarios de los ayuntamientos para desmontar el esquema de controles reforzados instaurado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013. Este empoderó a los interventores y tesoreros municipales de grandes ayuntamientos, diputaciones provinciales, consejos insulares, áreas metropolitanas y cabildos en los duros años inmediatamente posteriores a la gran crisis financiera, en los que la aplicación de cada euro de los recursos públicos era examinada de forma minuciosa.En aquel momento, el Gobierno decidió instaurar un esquema de autorización previa por parte del Ministerio de Hacienda para dar cauce a la creación de puestos de libre designación en el ámbito de la intervención o la tesorería municipal -lo que en principio es una solución excepcional pero que se utiliza de manera habitual-, y también se reguló la necesidad de un informe favorable de la autoridad estatal para cesar en el cargo a los habilitados nacionales designados en su día por ese cauce. Fuentes conocedoras de aquel desarrollo legal recalcan que ese sistema de control reforzado se instauró para inhibir cualquier tentación de utilizar la vía flexible de la libre designación para situar en puestos clave para el control de la contabilidad de los ayuntamientos a funcionarios afines que pudieran ejercer una fiscalización más condescendiente de las cuentas municipales.Noticia relacionada No No Los altos funcionarios del Estado exigen revertir la cesión a Cataluña de los interventores y los secretarios municipales Bruno PérezLa Asociación Profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Apsital) ha recibido el cambio legal con preocupación. «La nueva redacción mantiene formalmente el concurso como sistema normal de provisión, pero flexibiliza el recurso a la libre designación en las entidades locales de mayor dimensión», denuncian. «Para Apsital este cambio supone un claro debilitamiento del sistema de control municipal . La Intervención no es una función de confianza política, es una función pública necesaria, técnica e independiente, dirigida a garantizar la legalidad y la correcta utilización de los fondos públicos», recalca el comunicado.El Gobierno justifica la reforma por «la necesidad de adaptar esta regulación a los últimos pronunciamientos judiciales» que, en algunos casos, han revocado las denegaciones de autorización previa que ha ejecutado Hacienda. Fuentes de los habilitados nacionales sostienen, no obstante, que se trata de casos puntuales y que no se puede entender como una enmienda de totalidad al actual marco jurídico.«A partir de ahora algunos pueden tener la tentación de cesar a sus interventores por cuestiones ajenas a la función que tienen que ejercer», avisan desde una asociaciónEl comunicado de Apsital advierte de que este cambio legal reducirá las «garantías de objetividad e independencia en puestos que desempeñan funciones esenciales para el control de la legalidad y de la gestión financiera de las entidades locales».Según el portavoz de la organización profesional, Alberto Bravo, la derogación de la autorización previa y del informe motivado para los ceses de estos funcionarios nacionales que trabajan en la administración local puede tener consecuencias perniciosas: «A partir de ahora algunos podrán ceder a la tentación de cesar a sus interventores y tesoreros por motivos ajenos a la función que tienen que ejercer», avisa.
Un puñado de sentencias judiciales desfavorables han bastado para que el Ministerio de Hacienda haya decidido desentenderse de sus actuales funciones de control previo sobre la autorización de puestos de libre designación para interventores y tesoreros en los grandes ayuntamientos y de la fiscalización … de sus ceses. El Gobierno ha aprovechado el Real Decreto Ley que desbloquea las entregas a cuenta de los recursos del sistema de financiación a las comunidades autónomas y que flexibiliza el uso de los superávits presupuestarios de los ayuntamientos para desmontar el esquema de controles reforzados instaurado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013. Este empoderó a los interventores y tesoreros municipales de grandes ayuntamientos, diputaciones provinciales, consejos insulares, áreas metropolitanas y cabildos en los duros años inmediatamente posteriores a la gran crisis financiera, en los que la aplicación de cada euro de los recursos públicos era examinada de forma minuciosa.
En aquel momento, el Gobierno decidió instaurar un esquema de autorización previa por parte del Ministerio de Hacienda para dar cauce a la creación de puestos de libre designación en el ámbito de la intervención o la tesorería municipal -lo que en principio es una solución excepcional pero que se utiliza de manera habitual-, y también se reguló la necesidad de un informe favorable de la autoridad estatal para cesar en el cargo a los habilitados nacionales designados en su día por ese cauce. Fuentes conocedoras de aquel desarrollo legal recalcan que ese sistema de control reforzado se instauró para inhibir cualquier tentación de utilizar la vía flexible de la libre designación para situar en puestos clave para el control de la contabilidad de los ayuntamientos a funcionarios afines que pudieran ejercer una fiscalización más condescendiente de las cuentas municipales.
Noticia relacionada
-
Bruno Pérez
La Asociación Profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Apsital) ha recibido el cambio legal con preocupación. «La nueva redacción mantiene formalmente el concurso como sistema normal de provisión, pero flexibiliza el recurso a la libre designación en las entidades locales de mayor dimensión», denuncian. «Para Apsital este cambio supone un claro debilitamiento del sistema de control municipal. La Intervención no es una función de confianza política, es una función pública necesaria, técnica e independiente, dirigida a garantizar la legalidad y la correcta utilización de los fondos públicos», recalca el comunicado.
El Gobierno justifica la reforma por «la necesidad de adaptar esta regulación a los últimos pronunciamientos judiciales» que, en algunos casos, han revocado las denegaciones de autorización previa que ha ejecutado Hacienda. Fuentes de los habilitados nacionales sostienen, no obstante, que se trata de casos puntuales y que no se puede entender como una enmienda de totalidad al actual marco jurídico.
«A partir de ahora algunos pueden tener la tentación de cesar a sus interventores por cuestiones ajenas a la función que tienen que ejercer», avisan desde una asociación
El comunicado de Apsital advierte de que este cambio legal reducirá las «garantías de objetividad e independencia en puestos que desempeñan funciones esenciales para el control de la legalidad y de la gestión financiera de las entidades locales».
Según el portavoz de la organización profesional, Alberto Bravo, la derogación de la autorización previa y del informe motivado para los ceses de estos funcionarios nacionales que trabajan en la administración local puede tener consecuencias perniciosas: «A partir de ahora algunos podrán ceder a la tentación de cesar a sus interventores y tesoreros por motivos ajenos a la función que tienen que ejercer», avisa.
RSS de noticias de economia
