A pocos días de que se despeje el camino para el regreso a España de Carles Puigdemont, su partido ha puesto al Gobierno de Pedro Sánchez contra las cuerdas. La formación independentista ha expresado su rechazo a los dos decretos sobre vivienda elaborados por el Ejecutivo como respuesta a las movilizaciones sociales desatadas tras el desahucio de Maricarmen Abascal. Los independentistas, en una declaración divulgada anoche por su ejecutiva, exigen la retirada de los decretos y la elaboración de una nueva propuesta. Un pulso en toda regla al que el Gobierno tardó muy poco en responder y también con toda firmeza: los decretos no se retiran y se mantiene la previsión de que los vote este viernes el pleno del Congreso.
El Ejecutivo ignora la exigencia de retirar las medidas y reta a los independentistas a “retratarse con PP y Vox”
A pocos días de que se despeje el camino para el regreso a España de Carles Puigdemont, su partido ha puesto al Gobierno de Pedro Sánchez contra las cuerdas. La formación independentista ha expresado su rechazo a los dos decretos sobre vivienda elaborados por el Ejecutivo como respuesta a las movilizaciones sociales desatadas tras el desahucio de Maricarmen Abascal. Los independentistas, en una declaración divulgada anoche por su ejecutiva, exigen la retirada de los decretos y la elaboración de una nueva propuesta. Un pulso en toda regla al que el Gobierno tardó muy poco en responder y también con toda firmeza: los decretos no se retiran y se mantiene la previsión de que los vote este viernes el pleno del Congreso.
Como tantas veces a lo largo de la legislatura, Junts aparecía como el árbitro de la situación ante las medidas propuestas por el Gobierno para responder a las demandas sociales sobre la vivienda. Una abstención del partido de Puigdemont bastaría para que la Cámara convalidase al menos el más amplio de los decretos, una vez que manifestaron su apoyo a él tanto el conjunto de la izquierda como el PNV y Coalición Canaria. Junts decidió entonces exprimir al máximo la situación y exigir al Gobierno que se pliegue por completo a sus demandas. Su dirección reclamó anoche la retirada de los decretos, que se convoque de nuevo al Consejo de Ministros y que se planteen otras propuestas que sean aceptables para la formación independentista.
El Gobierno tardó poco más de una hora en responder y lo hizo con una dureza contra Junts que no se había visto desde que esta formación facilitó la investidura de Pedro Sánchez. El Ejecutivo manifestó que seguirá adelante con la votación de este viernes y concluyó: “Ha llegado la hora de que PP, Vox y Junts se retraten y demuestren si, en materia de vivienda, están con la ciudadanía o con los especuladores. Con las clases medias y trabajadoras o con las élites”. “España ya no puede esperar más”, sentenció la declaración gubernamental. “Necesita soluciones y una política de vivienda valiente”.
Con su movimiento, el partido de Puigdemont sitúa la legislatura al borde del abismo, justo cuando el Tribunal Constitucional se dispone a validar la ley de amnistía y despejar el camino para el regreso del expresident tras nueve años de huida. La nueva maniobra de Junts, después de meses negándose incluso a negociar con el Ejecutivo, corre el riesgo de agudizar la imagen de un Gabinete sin apenas margen de maniobra para aprobar medidas y dar respuesta a una demanda ampliamente sostenida por su base social.
En la declaración divulgada anoche, Junts justifica su negativa con el argumento de que las medidas planteadas tendrán los efectos contrarios a lo que pretenden, ya que “reducirán la oferta de viviendas de alquiler e incrementarán los precios”. Los independentistas alegan además que los decretos no cierran el paso totalmente a los fondos buitre ni protegen a los hogares vulnerables. Y, en alusión al segundo de los decretos, el que prorrogaría automáticamente los alquileres, sostienen que supondría “expropiar los ahorros de tres generaciones de familias”. Este otro decreto ya no tenía ninguna posibilidad de prosperar tras anunciar PNV y CC que votarían contra él.
Los diferentes grupos cuya postura aún no se había decantado fueron pronunciándose a lo largo de este jueves y de ese modo dejaron la decisión final en manos de Junts. Mientras los demás iban desvelando sus cartas, los de Puigdemont, expertos en crear intriga, dejaban para última hora del día el encuentro de su dirección. En esa tensa espera, los independentistas fueron transmitiendo a los diferentes interlocutores del Gobierno mensajes cada vez menos tranquilizadores. Fuentes de la formación insistían en las críticas a los decretos, en la línea de lo manifestado la víspera en el Congreso por su portavoz, Miriam Nogueras, quien se declaró “decepcionada” con el contenido de las propuestas gubernamentales. Los peores temores del Ejecutivo de Sánchez se confirmaron pasadas las 22.00.
A la espera de Junts, el primero en aclarar su posición fue Podemos, al comienzo de la mañana. Sus críticas al Gobierno por trocear el paquete en dos decretos con medidas que su secretaria general, Ione Belarra, llegó a tildar de “migajas” se diluyeron una vez que los sindicatos de inquilinas hicieron un llamamiento a todos los grupos para aprobar el conjunto de las propuestas del Gobierno. De ese modo, los cuatro diputados de Podemos se unían al resto de la izquierda que ya había dado su consentimiento a los decretos: EH Bildu, Compromís y BNG, además de las dos fuerzas en el Ejecutivo.
Más tarde, pasadas las 14.00, fue el PNV el que anunció su posición, un gesto poco frecuente de los nacionalistas vascos antes de un debate. La decisión del partido que comanda Aitor Esteban despejó la primera incógnita: el segundo de los decretos, el patrocinado por Sumar, que perseguía renovar de forma automática e indefinida los contratos de alquiler, quedó abocado al fracaso al comunicar el PNV su voto negativo. Los jeltzales, en cambio, respaldarán el primero, por sus medidas contra los desahucios y por los beneficios fiscales a los propietarios, sin dejar de tildarlo de “parche” y de criticar su “desastrosa redacción”, en palabras de la portavoz del partido en el Congreso, Maribel Vaquero. La formación vasca argumenta siempre que en Euskadi más del 90% de los pisos está en manos de pequeños propietarios y que estos no pueden recibir el mismo tratamiento que los fondos buitre. El contenido del segundo decreto lo interpreta el PNV como un “ataque” a ese tipo de propietarios ―entre los que se sitúa mucha de su base electoral― y considera que, de salir adelante, “retraería la oferta”
El anuncio anticipado del PNV parecía echar un cable al Gobierno, al meter más presión a Junts. Y horas después, lo secundaba CC. A la vista de la aritmética del Congreso, una sola diputada, como es el caso de la única representante de los nacionalistas insulares, Cristina Valido, resultaba decisiva. En caso de abstención de Junts, Valido podría decantar la votación por el margen precisamente de un solo voto, 172 a 171 (la suma de los noes del PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro). El líder de CC y presidente autonómico, Fernando Clavijo, reunió por la tarde a los responsables del partido en las urnas. Al final acordaron lo mismo que el PNV: sí al primero y no al segundo. A pesar de todo, otro alivio para el Gobierno. Pero de nada sirvió ante la decisión de Junts.
Las presiones sobre los grupos políticos se habían sucedido de uno y otro lado. El Gobierno apelaba a las demandas de la calle. Pedro Sánchez, que participó en Galicia en la inauguración del Foro La Toja, reclamó “altura de miras” a los partidos para abordar “una cuestión de pura humanidad” y que “dejen de lado las ideologías y la confrontación partidista”, informa Javier Casqueiro. Los diputados recibieron hasta 248.000 correos pidiéndoles el apoyo a los decretos, según la agencia Servimedia. Al mismo tiempo, los lobbies inmobiliarios y asociaciones de propietarios se lanzaron a criticar las medidas. La influencia de estos últimos sobre Junts era uno de los grandes temores del Gobierno.
Más allá de las consecuencias sociales de los decretos, desde el punto de vista estrictamente político está en juego el futuro de la legislatura. Si el Gobierno es incapaz de dar respuesta a la movilización social y conciliarla con las demandas de los grupos en el Congreso, quedará en evidencia su incapacidad para sacar adelante medidas de cierto alcance y prefigurará como un esfuerzo inútil su anuncio de que esta vez sí llevará unos Presupuestos al Congreso. En los corrillos políticos de la Cámara ya se especulaba estos días con una hipotética convocatoria electoral si el Ejecutivo sale trasquilado del envite.
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