La financiación autonómica y el pecado original

El Gobierno ha conseguido que el nuevo sistema de financiación propuesto a las comunidades autónomas haya sido aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En realidad, no lo tenía difícil, porque le bastaba con la adhesión de una comunidad para que saliera adelante y tuvo los votos de Cataluña y Canarias. Pero la jornada reflejó fielmente el cúmulo de contradicciones en el que se mueve la política española. A todos los niveles. La primera paradoja es que, al término de la reunión, las comunidades que votaron en contra (todas las del PP más dos socialistas) esgrimieron un mismo argumento de rechazo: el pecado original.

En lugar de explicar qué tiene de negativo el modelo para sus intereses, consejeros y consejeras se limitaron a repetir el mantra de que el sistema no era bueno porque era fruto de un pacto entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa. Y que, por tanto, es un modelo pensado exclusivamente para beneficiar a Cataluña, cosa que es radicalmente falsa porque, con los 21.000 millones que aporta sobre el modelo actual, todas ganan y ninguna pierde. Y la que más gana tampoco es Cataluña, sino Andalucía, cuya consejera fue la más beligerante: habló incluso de la propuesta es “un nuevo castigo para Andalucía”. Es difícil rechazar de entrada algo que objetivamente es beneficioso, no solo para el conjunto, sino también para cada una de sus partes.

La segunda paradoja afecta al propio PP. Tras un intento por parte de Génova de orquestar un boicot de las comunidades que gobierna, se ha impuesto la lógica de no aprobar, pero tampoco marcharse. Salvo Madrid, cuya presidenta propuso a los otros presidentes del PP no asistir a la reunión. Nadie le hizo caso y Ayuso fue la única que estuvo representada por una silla vacía. Es una derrota política para la presidenta madrileña, que trata de marcarle el paso al PP en esta y otras cuestiones. El PP está atrapado entre dos lógicas antagónicas: la de una visión instrumental de los gobiernos autonómicos, utilizados como peones al servicio de los intereses centrales del partido (en este caso debilitar a Pedro Sánchez), o la visión constitucional, en la que los gobiernos de las comunidades deben ser fieles a los propósitos para los que han sido votados: gestionar los intereses concretos de cada región. Atrapados en esa contradicción, votan en contra pero no quieren quedar fuera.

El modelo instrumental implica la negación de facto del modelo autonómico fijado en la Constitución, que corresponde a un Estado compuesto cuyo buen funcionamiento depende de la lealtad institucional de todos sus componentes. Hace 17 años que no se renueva el sistema de financiación. El vigente está caducado desde 2014. Ha quedado desfasado y conforme ha pasado el tiempo se ha vuelto más disfuncional e injusto. Hasta el punto de que la diferencia de financiación por habitante entre la comunidad mejor y la peor financiada es ahora de 1.098 euros y en 2027 puede alcanzar los 1.509 euros si el nuevo sistema no se aprueba. La reforma que se propone tiene otras importantes mejoras. El único argumento que dan las comunidades del PP para oponerse es que el modelo se ha gestado en una negociación bilateral con Cataluña, pero cuando se ha invitado a cada una de ellas a una negociación también bilateral, la han rechazado. Ahora, la propuesta debe ser aprobada en Consejo de Ministros y tramitada en las Cortes. Veremos en qué queda.