La Fiscalía Anticorrupción ha reducido su petición de penas para los acusados en el primer juicio del caso Lezo, que afronta su recta final en la Audiencia Nacional. El ministerio público ha anunciado este lunes que aprecia la atenuante de dilaciones indebidas —el sumario se abrió hace una década— y que rebaja el castigo que plantea, por tanto, a cuatro años y medio de prisión para la veintena de personas que se sientan en el banquillo por las supuestas irregularidades en la compra en 2001 de la sociedad colombiana Inassa por parte del ente público Canal de Isabel II (con un sobreprecio millonario). Entre los procesados están Pedro Calvo Poch y Juan Bravo, que fueron consejeros del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón en la Comunidad Madrid, para quienes se reclamaba inicialmente siete años de cárcel.
El ministerio público aprecia dilaciones indebidas y abre la puerta a extender esa medida a otras vistas de la macrocausa, que sentarán en el banquillo al expresidente Ignacio González
La Fiscalía Anticorrupción ha reducido su petición de penas para los acusados en el primer juicio del caso Lezo, que afronta su recta final en la Audiencia Nacional. El ministerio público ha anunciado este lunes que aprecia la atenuante de dilaciones indebidas —el sumario se abrió hace una década— y que rebaja el castigo que plantea, por tanto, a cuatro años y medio de prisión para la veintena de personas que se sientan en el banquillo por las supuestas irregularidades en la compra en 2001 de la sociedad colombiana Inassa por parte del ente público Canal de Isabel II (con un sobreprecio millonario). Entre los procesados están Pedro Calvo Poch y Juan Bravo, que fueron consejeros del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón en la Comunidad Madrid, para quienes se reclamaba inicialmente siete años de cárcel.
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