La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y las fiscales Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen, de Anticorrupción, siguen la pista del dinero en el bautizado como caso Leire Díez. Con el respaldo de la Audiencia Nacional, los investigadores han impulsado el rastreo de decenas de cuentas bancarias para averiguar quién o quiénes son los “financiadores últimos” de la supuesta trama liderada por la exmilitante socialista Leire Díez y Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, que buscaban presuntamente “desestabilizar” procesos judiciales que salpicasen al partido y al Gobierno de Pedro Sánchez. Los agentes y el ministerio público ya detectaron un flujo sospechoso de miles de euros entre varios implicados en el sumario —con abonos procedentes, incluso, de la formación—, pero creen que quedan “determinados pagos” por aclararse.
Anticorrupción busca determinar los “financiadores últimos” de la supuesta trama creada para “desestabilizar” causas que salpicasen al PSOE y al Gobierno
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y las fiscales Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen, de Anticorrupción, siguen la pista del dinero en el bautizado como caso Leire Díez. Con el respaldo de la Audiencia Nacional, los investigadores han impulsado el rastreo de decenas de cuentas bancarias para averiguar quién o quiénes son los “financiadores últimos” de la supuesta trama liderada por la exmilitante socialista Leire Díez y Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, que buscaban presuntamente “desestabilizar” procesos judiciales que salpicasen al partido y al Gobierno de Pedro Sánchez. Los agentes y el ministerio público ya detectaron un flujo sospechoso de miles de euros entre varios implicados en el sumario —con abonos procedentes, incluso, de la formación—, pero creen que quedan “determinados pagos” por aclararse.
En un informe fechado el 21 de julio y enviado al magistrado Santiago Pedraz, instructor del caso Leire Díez en la Audiencia Nacional, las fiscales exponen que el avance de las pesquisas ha permitido obtener “nuevos datos” que “dan cuenta” de que la “organización criminal” ha utilizado a personas y empresas como pantalla para “solapar” y “ocultar pagos”. Esta circunstancia, según añade el ministerio público, “obliga” ahora a analizar 81 cuentas bancarias. La mayoría están vinculadas a Gaspar Zarrías, exvicepresidente de la Junta de Andalucía, y a los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo —señalados como una supuesta vía para hacer llegar el dinero a Leire Díez—, pero también hay seis cuentas del PSOE. El objetivo es claro: “Determinar el/los último/s responsable/s, financiador/es, de la actividad llevada a cabo por Leire y la implicación, en su caso, del resto de los investigados”, escriben las representantes de Anticorrupción.
Este movimiento se produce cuando las partes miran ya a septiembre, a la espera de que la causa se reimpulse tras el parón de agosto. Pedraz ha previsto para el 9 de septiembre el interrogatorio de Ana María Fuentes, gerente del PSOE imputada por, según las fiscales, emitir “facturas mendaces” para justificar pagos de dinero a terceros que tenían realmente como “destino a Leire Díez”. Y está por ver si se trata de escalar más arriba. El PSOE no se encuentra de momento imputado en la causa como persona jurídica; pero el PP, que lidera la acusación popular, ya lo ha puesto en la diana. “Creo que técnicamente y con el Código Penal en la mano, es muy posible que el PSOE acabe imputado. Entre otras cosas, ¿cómo pagaba los gastos de las cloacas que estaban atentando contra la honorabilidad de fiscales, jueces, periodistas y la UCO? ¿Por qué financiaba eso?”, dijo Alberto Núñez Feijóo, presidente de los populares.
Un doble plan
El pasado 27 de mayo, la Audiencia Nacional sorprendió con la imputación en una nueva línea de investigación de Leire Díez; Santos Cerdán; Gaspar Zarrías; el empresario Javier Pérez Dolset; y los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo. Tras recibir varios informes de la Guardia Civil y de Anticorrupción, el juez Pedraz concluyó que existen indicios de que se creó una trama para “protegerse” y actuar “como paraguas” ante las causas judiciales “que pudieran afectar al Gobierno y al PSOE”. El sumario describe un doble plan para boicotear esas investigaciones: por un lado, el contacto con personas que pudieran facilitar información comprometedora sobre agentes, jueces y fiscales que participan en las pesquisas que se pretendía “desestabilizar”, para “erosionar” así su “credibilidad”; y, por otro, un intento de “propiciar” la apertura de “investigaciones internas” en el instituto armado para crear un “clima” de intimidación entre los funcionarios de la UCO.
Las fiscales Lamelas y Scharfhausen, así como los agentes de la UCO, han situado hasta ahora en la cúspide al ex secretario de Organización del PSOE. “Se atribuye un papel superior a Santos Cerdán”, resumen las representantes del ministerio público en su informe del 21 de julio, donde remachan que el número tres de los socialistas “encargó” a Leire Díez, en abril de 2024, la “coordinación y ejecución de una serie de actuaciones penalmente relevantes” para “desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno”. “Y a través de Cerdán”, según ahonda el ministerio público, “el PSOE habría puesto a disposición del citado grupo su infraestructura logística y financiera”.
Los pagos
La actual cúpula del partido se ha desvinculado de la trama y, en todo caso, circunscribe toda posible responsabilidad a Santos Cerdán. Sin embargo, los investigadores no cierran ninguna puerta e insisten en profundizar en la pista del dinero: quieren comprobar su trazabilidad y buscar nuevos pagos sospechosos. Los informes de Anticorrupción y la UCO ya apuntan a que se “canalizaron” fondos desde el PSOE a Leire Díez. Entre otros, mencionan cuatro pagos mensuales de 4.000 euros a la militante socialista a través de una empresa de Gaspar Zarrías; y el abono de otros 27.225 euros a través de dos “sociedades interpuestas” del letrado Ismael Oliver.
Las fiscales señalan, además, que el abogado Teijelo emitió y cobró tres facturas al partido por valor de 125.000 euros, “por servicios que no prestó y para los que no había sido contratado”. Anticorrupción plantea la hipótesis de que parte de ese dinero podría ser para Leire Díez, ya que este letrado, según la teoría de la acusación, iba a servir como “vehículo” para seguir pagando 4.000 euros mensuales a la militante desde la Secretaría de Organización, una vez que Gaspar Zarrías “abandonó” esa función al aparecer en la prensa las primeras noticias sobre esta supuesta trama.
Fuentes cercanas a Leire Díez rechazan que haya cobrado del PSOE a través de intermediarios. Por su parte, al declarar ante el juez Pedraz en junio, Jacobo Teijelo negó irregularidades y cualquier pago a la socialista, y afirmó que el partido le contrató para estudiar la viabilidad de varios procesos judiciales. “Están persiguiendo a los abogados que desempeñan la defensa del PSOE”, arremetió el letrado.
Pero sus explicaciones no han disipado los recelos de las fiscales. “El PSOE, a requerimiento del juzgado, sostiene que no contrató a Teijelo y que nunca ha desempeñado labor de asesoramiento profesional alguna para el PSOE”, subrayan Lamelas y Scharfhausen. De hecho, en un burofax remitido al abogado en julio de 2025 por parte de la formación, con el que se rechazaba pagarle otras dos facturas por valor de 53.000 euros, Ferraz exponía lo siguiente: “No nos constan los servicios prestados a esta organización, su naturaleza, contenido ni beneficiario de los mismos”.
Anticorrupción sospecha que, igualmente, la trama pagó o intentó costear de forma soterrada las defensas del exministro José Luis Ábalos y de Koldo García. En esa línea, las fiscales resaltan que José Aníbal Álvarez, que ejerció como abogado de Ábalos durante cerca de un año, nunca cobró y renunció a su representación cuando Leire Díez “pretendió” abonarle la minuta a través de una “sociedad desconocida para él”. “Determinados mensajes de Leire con Santos Cerdán llevan a pensar que se iban a hacer pagos a través de otros profesionales; incluso se llega a sospechar que podía ser a través de Teijelo”, remacha el ministerio público.
“Existen otras presuntas operaciones económicas comprometidas por la trama”, apostillan las fiscales, que inciden en que también, según la documentación intervenida, el grupo barajó “un pago de hasta 300.000 euros” para intentar sobornar a un fiscal; y “se llegó a ofrecer presuntamente” a la empresaria Carmen Pano “la cantidad de 250.000 euros para que modificara su testimonio” en el caso Koldo, donde afirmó que había entregado bolsas en Ferraz con dinero en efectivo.
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