A las puertas del nuevo curso, denuncian privatización, precariedad y desigualdad entre escuelas.Más información: Unas 3.000 trabajadoras de las 600 escuelas infantiles de Castilla-La Mancha, a la huelga: «Luchamos por los niños» A las puertas del nuevo curso, denuncian privatización, precariedad y desigualdad entre escuelas.Más información: Unas 3.000 trabajadoras de las 600 escuelas infantiles de Castilla-La Mancha, a la huelga: «Luchamos por los niños»
La Asociación de Educadoras Infantiles de Castilla-La Mancha ha difundido este martes un comunicado en el que denuncia el «abandono» del primer ciclo de educación desde los 0 hasta los 3 años y reclama a las administraciones que blinden la «dignidad» de esta etapa educativa.
El objetivo, añade, es garantizar «el derecho a una educación infantil de calidad y con condiciones dignas» para sus trabajadoras.
Su principal denuncia apunta a la externalización de las escuelas infantiles municipales, una práctica que, a juicio de la asociación, convierte un servicio educativo esencial en un negocio condicionado por la rentabilidad.
«La educación de 0 a 3 años no es un negocio», proclaman las educadoras, que reclaman a los ayuntamientos que prioricen esta etapa en sus presupuestos y asuman directamente la gestión de las escuelas infantiles.
Según el colectivo, cuando la gestión queda en manos de empresas privadas, la continuidad del servicio puede quedar condicionada a que las cuentas sean rentables.
«En el momento en que los números no les salen o el servicio deja de ser lucrativo, abandonan las licitaciones o cierran las instalaciones«, denuncian.
Tres ejemplos
La asociación pone el foco en tres municipios de Castilla-La Mancha para ilustrar la situación que denuncia: Toledo, Quer y El Carpio del Tajo.
En Toledo capital, las educadoras recuerdan el reciente conflicto generado en torno a las tres escuelas infantiles municipales. Critican que el Ayuntamiento haya tenido que recurrir «in extremis» y mediante un procedimiento de urgencia a una solución temporal de tres meses después del colapso del concurso público y la salida de la anterior concesionaria.
Según la asociación, esta situación afecta a 54 trabajadoras y más de 300 familias, que afrontan el inicio de curso con una «inestabilidad absoluta a pocos días de abrir las aulas».
En Quer (Guadalajara), denuncian la amenaza de cierre de la escuela infantil Las Setitas después de varias licitaciones desiertas. El colectivo asegura que la falta de inversión municipal puede dejar sin servicio a los menores admitidos y provocar el despido de las profesionales.
También mencionan El Carpio del Tajo (Toledo), donde, según su comunicado, la escuela infantil ha pasado a manos de una empresa privada después de finalizar el periodo de una subvención europea.
Para las educadoras, estos casos evidencian las consecuencias de «someter las aulas al libre mercado».
Críticas a la Junta
La asociación también dirige sus críticas hacia la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha. El colectivo considera que la Administración regional ha sustituido el anterior modelo de convenios de colaboración estables por un sistema basado en la canalización de fondos europeos.
«Tras la supresión de aquellas ayudas directas globales, el modelo se ha fiado a la mera canalización de fondos europeos coyunturales», afirman.
Las profesionales consideran que no basta con transferir recursos a los ayuntamientos. Reclaman que la Junta establezca condiciones que garanticen el mantenimiento de los centros y eviten que las escuelas terminen cerrando cuando una licitación privada queda desierta.
«Consideramos inadmisible que los recursos públicos destinados a consolidar la educación de la primera infancia se entreguen a los ayuntamientos sin exigir que se vinculen de forma obligatoria a la gestión pública directa«, sostienen.
Salarios bajos
El comunicado también pone el foco en las condiciones laborales de las educadoras. La asociación denuncia contrataciones que, según asegura, rebajan la categoría profesional de las Técnicas Superiores en Educación Infantil.
«Para abaratar costes, las gestoras privadas recurren sistemáticamente al fraude de subclasificar al personal«, afirma el colectivo, que denuncia contrataciones bajo categorías como «cuidadoras», «auxiliares» o «personal de apoyo».
Las profesionales aseguran que esta práctica supone no reconocer su titulación oficial y «recortar drásticamente» sus salarios. También denuncian situaciones de temporalidad, sueldos ajustados al salario mínimo y la posibilidad de perder el puesto de trabajo cuando cambia la empresa adjudicataria.
A su juicio, esta precariedad termina afectando también a los niños. «Sin estabilidad laboral ni el reconocimiento profesional adecuado es imposible asegurar la continuidad pedagógica y afectiva que la etapa de 0 a 3 años exige«, defienden.
Financiación autonómica estable
Ante el comienzo del curso, las educadoras plantean varias exigencias a las administraciones.
A los ayuntamientos les piden que asuman directamente la gestión de las escuelas infantiles y garanticen su financiación como servicios esenciales.
A la Junta de Comunidades le reclaman recuperar un modelo de financiación autonómica directo y estable para gastos de personal y mantenimiento, además de ejercer una mayor tutela sobre la red de escuelas infantiles y actuar cuando un consistorio ponga en riesgo un centro.
También exigen que las profesionales sean contratadas con la categoría correspondiente a su titulación de Técnico Superior en Educación Infantil.
Pero la asociación quiere ir más allá y reclama una normativa regional única para todas las escuelas infantiles de 0 a 3 años, con independencia de que sean públicas, municipales o privadas.
Unificar la norma
Las educadoras consideran que existe actualmente una «enorme desigualdad» entre centros y reclaman una regulación autonómica que establezca unas condiciones mínimas comunes.
Entre ellas citan la implantación de la pareja educativa en el aula, los apoyos necesarios para atender a niños con necesidades educativas especiales y mecanismos para cubrir de forma inmediata las bajas laborales.
«La educación de 0 a 3 años es un derecho fundamental de la infancia y un pilar social básico, no una carga prescindible para los ayuntamientos ni un nicho de mercado para el sector privado», concluye la asociación.
Las profesionales cierran su comunicado haciendo un llamamiento a los medios de comunicación para que den visibilidad a sus reivindicaciones y animan a sumarse a la denominada «marea amarilla» en defensa de la educación infantil.
El Español – Cultura
