Finalmente el drama de la vivienda, y la movilización ciudadana ante el desahucio de la ya fallecida Maricarmen han dado al presidente Sánchez la excusa que estaba buscando para convocar las elecciones. El horizonte penal que se avecina para el entorno de Pedro Sánchez y para el PSOE puede explicar esta decisión.Con el caso de su hermano sentenciado nos enteramos ahora de las presiones a la jueza por parte del entorno del PSOE, al más puro estilo mafioso, y uno se pregunta que a qué vinieron esas presiones si ellos tenían tan claro como han repetido hasta la saciedad que no había caso, que todo era una invención de la fachosfera y de los jueces. Y qué decir de la relación del partido con la fontanera Leire Díez a la que al principio no conocía nadie en Ferraz y de la que ya sabemos que no solo andaba allí como Pedro por su casa (nunca mejor dicho), sino que además sus andanzas eran financiadas por el partido. De hecho, esta relación puede llevar a la imputación del PSOE como ha insinuado la Fiscalía Anticorrupción esta misma semana. Una Fiscalía que aprecia indicios de delitos de cohecho y tráfico de influencias aunque considere «prematuro» imputar formalmente al partido antes de que declare el que fue todo en el PSOE y del que ya todos reniegan, Santos Cerdán. Y qué decir de Rodríguez Zapatero, el faro moral del partido y del presidente Sánchez, cuya conducta, independientemente de la responsabilidad penal que pueda haber detrás es todo menos ética. ¿De verdad va a contar con él en la campaña? Y lo peor es que si finalmente se demuestra que cobró por influir en el rescate de Plus Ultra, el Gobierno es posible que no se vaya de rositas, porque en alguien tendría que influir. Con este escenario judicial en el horizonte y la crisis de Ceuta todavía sin resolver, Sánchez se ha agarrado a las protestas por la vivienda como a un clavo ardiendo y ha tomado decisiones como mínimo poco éticas y desde mi punto de vista son poco éticas y poco democráticas, sean legales o no.Estábamos acostumbrados a que cuando se convocaban elecciones se paralizaba la actividad ejecutiva y legislativa porque tiene poco sentido dejar al próximo gobierno compromisos que pueden no responder a la voluntad de los ciudadanos. Pero no, aquí al presidente Sánchez y al Gobierno le han entrado las prisas por aprobar normas. Después de que la Cámara Baja rechazara sus decretos de vivienda los aprueba otra vez, con textos prácticamente idénticos, para llevarlos a la diputación permanente, donde tiene mayoría para aprobarlos. ¿No es eso un fraude de ley o lo más antidemocrático que hemos visto en este país desde que se instauró la democracia? Si el parlamento que hemos elegido todos los españoles dice que no a una norma, ¿no sería lo lógico llevar tus propuestas a las elecciones y que los ciudadanos con su voto te den los apoyos necesarios para ponerlos en marcha? Pues no, el señor Sánchez debe pensar que no sabemos lo que nos conviene y que como él sí lo sabe lo va a aprobar en contra de la voluntad del parlamento. Y el temor es que no sea solo el decreto de vivienda lo que se lleve a esa diputación permanente o lo que apruebe el Consejo de Ministros estas semanas comprometiendo al próximo gobierno. Ya hemos visto que la vicepresidenta Díaz también quiere dejar cerrada la subida del salario mínimo, y total, como no la va a tener que aplicar ella, será lo más alta posible y así lo usa para la campaña electoral. Y algunos temen que haya alguna que otra sorpresa en forma de impuestos para las grandes empresas. Y si esto indigna, ¡qué decir del papelón de unos sindicatos que salen ahora a la calle contra la oposición cuando no han movido un dedo ante la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores! Finalmente el drama de la vivienda, y la movilización ciudadana ante el desahucio de la ya fallecida Maricarmen han dado al presidente Sánchez la excusa que estaba buscando para convocar las elecciones. El horizonte penal que se avecina para el entorno de Pedro Sánchez y para el PSOE puede explicar esta decisión.Con el caso de su hermano sentenciado nos enteramos ahora de las presiones a la jueza por parte del entorno del PSOE, al más puro estilo mafioso, y uno se pregunta que a qué vinieron esas presiones si ellos tenían tan claro como han repetido hasta la saciedad que no había caso, que todo era una invención de la fachosfera y de los jueces. Y qué decir de la relación del partido con la fontanera Leire Díez a la que al principio no conocía nadie en Ferraz y de la que ya sabemos que no solo andaba allí como Pedro por su casa (nunca mejor dicho), sino que además sus andanzas eran financiadas por el partido. De hecho, esta relación puede llevar a la imputación del PSOE como ha insinuado la Fiscalía Anticorrupción esta misma semana. Una Fiscalía que aprecia indicios de delitos de cohecho y tráfico de influencias aunque considere «prematuro» imputar formalmente al partido antes de que declare el que fue todo en el PSOE y del que ya todos reniegan, Santos Cerdán. Y qué decir de Rodríguez Zapatero, el faro moral del partido y del presidente Sánchez, cuya conducta, independientemente de la responsabilidad penal que pueda haber detrás es todo menos ética. ¿De verdad va a contar con él en la campaña? Y lo peor es que si finalmente se demuestra que cobró por influir en el rescate de Plus Ultra, el Gobierno es posible que no se vaya de rositas, porque en alguien tendría que influir. Con este escenario judicial en el horizonte y la crisis de Ceuta todavía sin resolver, Sánchez se ha agarrado a las protestas por la vivienda como a un clavo ardiendo y ha tomado decisiones como mínimo poco éticas y desde mi punto de vista son poco éticas y poco democráticas, sean legales o no.Estábamos acostumbrados a que cuando se convocaban elecciones se paralizaba la actividad ejecutiva y legislativa porque tiene poco sentido dejar al próximo gobierno compromisos que pueden no responder a la voluntad de los ciudadanos. Pero no, aquí al presidente Sánchez y al Gobierno le han entrado las prisas por aprobar normas. Después de que la Cámara Baja rechazara sus decretos de vivienda los aprueba otra vez, con textos prácticamente idénticos, para llevarlos a la diputación permanente, donde tiene mayoría para aprobarlos. ¿No es eso un fraude de ley o lo más antidemocrático que hemos visto en este país desde que se instauró la democracia? Si el parlamento que hemos elegido todos los españoles dice que no a una norma, ¿no sería lo lógico llevar tus propuestas a las elecciones y que los ciudadanos con su voto te den los apoyos necesarios para ponerlos en marcha? Pues no, el señor Sánchez debe pensar que no sabemos lo que nos conviene y que como él sí lo sabe lo va a aprobar en contra de la voluntad del parlamento. Y el temor es que no sea solo el decreto de vivienda lo que se lleve a esa diputación permanente o lo que apruebe el Consejo de Ministros estas semanas comprometiendo al próximo gobierno. Ya hemos visto que la vicepresidenta Díaz también quiere dejar cerrada la subida del salario mínimo, y total, como no la va a tener que aplicar ella, será lo más alta posible y así lo usa para la campaña electoral. Y algunos temen que haya alguna que otra sorpresa en forma de impuestos para las grandes empresas. Y si esto indigna, ¡qué decir del papelón de unos sindicatos que salen ahora a la calle contra la oposición cuando no han movido un dedo ante la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores!
Finalmente el drama de la vivienda, y la movilización ciudadana ante el desahucio de la ya fallecida Maricarmen han dado al presidente Sánchez la excusa que estaba buscando para convocar las elecciones. El horizonte penal que se avecina para el entorno de Pedro Sánchez … y para el PSOE puede explicar esta decisión.
Con el caso de su hermano sentenciado nos enteramos ahora de las presiones a la jueza por parte del entorno del PSOE, al más puro estilo mafioso, y uno se pregunta que a qué vinieron esas presiones si ellos tenían tan claro como han repetido hasta la saciedad que no había caso, que todo era una invención de la fachosfera y de los jueces. Y qué decir de la relación del partido con la fontanera Leire Díez a la que al principio no conocía nadie en Ferraz y de la que ya sabemos que no solo andaba allí como Pedro por su casa (nunca mejor dicho), sino que además sus andanzas eran financiadas por el partido. De hecho, esta relación puede llevar a la imputación del PSOE como ha insinuado la Fiscalía Anticorrupción esta misma semana. Una Fiscalía que aprecia indicios de delitos de cohecho y tráfico de influencias aunque considere «prematuro» imputar formalmente al partido antes de que declare el que fue todo en el PSOE y del que ya todos reniegan, Santos Cerdán. Y qué decir de Rodríguez Zapatero, el faro moral del partido y del presidente Sánchez, cuya conducta, independientemente de la responsabilidad penal que pueda haber detrás es todo menos ética. ¿De verdad va a contar con él en la campaña? Y lo peor es que si finalmente se demuestra que cobró por influir en el rescate de Plus Ultra, el Gobierno es posible que no se vaya de rositas, porque en alguien tendría que influir. Con este escenario judicial en el horizonte y la crisis de Ceuta todavía sin resolver, Sánchez se ha agarrado a las protestas por la vivienda como a un clavo ardiendo y ha tomado decisiones como mínimo poco éticas y desde mi punto de vista son poco éticas y poco democráticas, sean legales o no.
Estábamos acostumbrados a que cuando se convocaban elecciones se paralizaba la actividad ejecutiva y legislativa porque tiene poco sentido dejar al próximo gobierno compromisos que pueden no responder a la voluntad de los ciudadanos. Pero no, aquí al presidente Sánchez y al Gobierno le han entrado las prisas por aprobar normas. Después de que la Cámara Baja rechazara sus decretos de vivienda los aprueba otra vez, con textos prácticamente idénticos, para llevarlos a la diputación permanente, donde tiene mayoría para aprobarlos. ¿No es eso un fraude de ley o lo más antidemocrático que hemos visto en este país desde que se instauró la democracia? Si el parlamento que hemos elegido todos los españoles dice que no a una norma, ¿no sería lo lógico llevar tus propuestas a las elecciones y que los ciudadanos con su voto te den los apoyos necesarios para ponerlos en marcha? Pues no, el señor Sánchez debe pensar que no sabemos lo que nos conviene y que como él sí lo sabe lo va a aprobar en contra de la voluntad del parlamento. Y el temor es que no sea solo el decreto de vivienda lo que se lleve a esa diputación permanente o lo que apruebe el Consejo de Ministros estas semanas comprometiendo al próximo gobierno. Ya hemos visto que la vicepresidenta Díaz también quiere dejar cerrada la subida del salario mínimo, y total, como no la va a tener que aplicar ella, será lo más alta posible y así lo usa para la campaña electoral. Y algunos temen que haya alguna que otra sorpresa en forma de impuestos para las grandes empresas. Y si esto indigna, ¡qué decir del papelón de unos sindicatos que salen ahora a la calle contra la oposición cuando no han movido un dedo ante la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores!
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