CC.OO. y UGT convocarán los primeros días de noviembre una huelga general para reclamar viviendas dignas y un pacto de salarial, una movilización insólita , la primera en doce años, que se producirá a pocos días de las elecciones generales y después de años de silencio y de consentimiento con las políticas del Gobierno. No han protestado ni por la asfixia de los sueldos, ni por los salarios y el empleo precario, ni han abierto la boca por el alud de cambios laborales en la norma laboral realizados por la puerta de atrás, que en muchos casos les ha restado poder en las empresas. Pedro Sánchez les ha tenido al lado durante las dos legislaturas.Ahora las centrales se suman al movimiento que recorre España por la dificultad de acceso a la vivienda organizado por el Sindicato de Inquilinas, al que no se unen todos los sindicatos. CSIF, más representativa entre los funcionarios, USO y la patronal de grandes almacenes Fetico, mayoritario en centros como El Corte Inglés, Alcampo o Leroy Merlín, no irán en la misma dirección. Sí se han sumado, por el contrario, otras sindicatos autonómicos como el gallego CIG y los vascos LAB, vinculado a la izquierda abertzale , y ELA.«CSIF es un sindicato cuya actividad se ciñe única y exclusivamente a las cuestiones laborales y la convocatoria de huelga semanas previas a la celebración de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, tiene unas connotaciones políticas que no casan con nuestra independencia y el carácter estrictamente profesional de nuestra organización», asegura la central que dirige Miguel Borra. Recuerda que se trata de la primera huelga general en los últimos 12 años y que en este tiempo el sindicato ha seguido su propia hoja de ruta «ante las graves dificultades laborales y económicas que ha vivido la sociedad española». Añade que «así quedó patente en movilizaciones como la gran manifestación del 24 de septiembre de 2022 por una subida salarial justa, por una jubilación digna y por la calidad de los servicios públicos; la manifestación del 14 de diciembre de 2024 en defensa de la asistencia sanitaria en el mutualismo administrativo o las movilizaciones que culminaron con la firma del Acuerdo Marco para la mejora del Empleo Público y el Servicio para la Ciudadanía. Con la firma de este acuerdo, se evitó -explican- la huelga general que teníamos convocada en las administraciones públicas, y conseguimos, entre otros puntos, una subida salarial del 11,4 por ciento entre 2025 y 2028».Tampoco USO acompañará a las dos centrales de clase. «Con un Gobierno en funciones y un Parlamento disuelto no existe receptor real de esas reclamaciones», asegura el sindicato. «Una huelga general -dicen-es el instrumento de presión más serio que tiene la clase trabajadora. Aparte del coste para quien la secunda, exige saber con claridad a quién se dirige y qué se le reclama«. Añaden que »no se puede hacer un popurrí de motivos o que convoquen distintas organizaciones con argumentos distintos. Con un Gobierno en funciones y un Parlamento disuelto, esa pregunta queda sin respuesta, y la huelga corre el riesgo de leerse como un acto más de campaña o un acto de descontento social sin objeto ni receptor real».En la misma dirección se ha pronunciado Fetico, la patronal de grandes almacenes, que ha subrayado su carácter independiente y apolítico y expresado su preocupación por la participación de las organizaciones sindicales en procesos electorales o en iniciativas que, a su juicio, puedan implicar un posicionamiento político. Considera que el encarecimiento de los alquileres y de la compra de vivienda afecta directamente a su capacidad económica, pero defiende que la respuesta sindical debe pasar principalmente por la negociación colectiva, la mejora de los salarios y la defensa del poder adquisitivo.Del otro lado, el rechazo de los empresarios a la huelga ha sido contundente, un nuevo enfrentamiento que se suma a la multitud de choques que han tenido con los sindicatos esta legislatura. La organización que dirige Antonio Garamendi ha avisado de que es una iniciativa «inadmisible», cuestionan su encaje legal al no tener «naturaleza laboral» y también han advertido de que sus servicios jurídicos esperarán a la fecha de la convocatoria para llevar a cabo las acciones legales que consideren oportunas.«Con la información disponible en estos momentos, CEOE y Cepyme quieren advertir de que la huelga general anunciada por los sindicatos mayoritarios horas después de la convocatoria anticipada de elecciones en el país, supone una medida de presión que persigue fundamentalmente provocar cambios legislativos y de índole presupuestario en materia de vivienda», ha asegurado la patronal. CC.OO. y UGT convocarán los primeros días de noviembre una huelga general para reclamar viviendas dignas y un pacto de salarial, una movilización insólita , la primera en doce años, que se producirá a pocos días de las elecciones generales y después de años de silencio y de consentimiento con las políticas del Gobierno. No han protestado ni por la asfixia de los sueldos, ni por los salarios y el empleo precario, ni han abierto la boca por el alud de cambios laborales en la norma laboral realizados por la puerta de atrás, que en muchos casos les ha restado poder en las empresas. Pedro Sánchez les ha tenido al lado durante las dos legislaturas.Ahora las centrales se suman al movimiento que recorre España por la dificultad de acceso a la vivienda organizado por el Sindicato de Inquilinas, al que no se unen todos los sindicatos. CSIF, más representativa entre los funcionarios, USO y la patronal de grandes almacenes Fetico, mayoritario en centros como El Corte Inglés, Alcampo o Leroy Merlín, no irán en la misma dirección. Sí se han sumado, por el contrario, otras sindicatos autonómicos como el gallego CIG y los vascos LAB, vinculado a la izquierda abertzale , y ELA.«CSIF es un sindicato cuya actividad se ciñe única y exclusivamente a las cuestiones laborales y la convocatoria de huelga semanas previas a la celebración de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, tiene unas connotaciones políticas que no casan con nuestra independencia y el carácter estrictamente profesional de nuestra organización», asegura la central que dirige Miguel Borra. Recuerda que se trata de la primera huelga general en los últimos 12 años y que en este tiempo el sindicato ha seguido su propia hoja de ruta «ante las graves dificultades laborales y económicas que ha vivido la sociedad española». Añade que «así quedó patente en movilizaciones como la gran manifestación del 24 de septiembre de 2022 por una subida salarial justa, por una jubilación digna y por la calidad de los servicios públicos; la manifestación del 14 de diciembre de 2024 en defensa de la asistencia sanitaria en el mutualismo administrativo o las movilizaciones que culminaron con la firma del Acuerdo Marco para la mejora del Empleo Público y el Servicio para la Ciudadanía. Con la firma de este acuerdo, se evitó -explican- la huelga general que teníamos convocada en las administraciones públicas, y conseguimos, entre otros puntos, una subida salarial del 11,4 por ciento entre 2025 y 2028».Tampoco USO acompañará a las dos centrales de clase. «Con un Gobierno en funciones y un Parlamento disuelto no existe receptor real de esas reclamaciones», asegura el sindicato. «Una huelga general -dicen-es el instrumento de presión más serio que tiene la clase trabajadora. Aparte del coste para quien la secunda, exige saber con claridad a quién se dirige y qué se le reclama«. Añaden que »no se puede hacer un popurrí de motivos o que convoquen distintas organizaciones con argumentos distintos. Con un Gobierno en funciones y un Parlamento disuelto, esa pregunta queda sin respuesta, y la huelga corre el riesgo de leerse como un acto más de campaña o un acto de descontento social sin objeto ni receptor real».En la misma dirección se ha pronunciado Fetico, la patronal de grandes almacenes, que ha subrayado su carácter independiente y apolítico y expresado su preocupación por la participación de las organizaciones sindicales en procesos electorales o en iniciativas que, a su juicio, puedan implicar un posicionamiento político. Considera que el encarecimiento de los alquileres y de la compra de vivienda afecta directamente a su capacidad económica, pero defiende que la respuesta sindical debe pasar principalmente por la negociación colectiva, la mejora de los salarios y la defensa del poder adquisitivo.Del otro lado, el rechazo de los empresarios a la huelga ha sido contundente, un nuevo enfrentamiento que se suma a la multitud de choques que han tenido con los sindicatos esta legislatura. La organización que dirige Antonio Garamendi ha avisado de que es una iniciativa «inadmisible», cuestionan su encaje legal al no tener «naturaleza laboral» y también han advertido de que sus servicios jurídicos esperarán a la fecha de la convocatoria para llevar a cabo las acciones legales que consideren oportunas.«Con la información disponible en estos momentos, CEOE y Cepyme quieren advertir de que la huelga general anunciada por los sindicatos mayoritarios horas después de la convocatoria anticipada de elecciones en el país, supone una medida de presión que persigue fundamentalmente provocar cambios legislativos y de índole presupuestario en materia de vivienda», ha asegurado la patronal.
CC.OO. y UGT convocarán los primeros días de noviembre una huelga general para reclamar viviendas dignas y un pacto de salarial, una movilización insólita, la primera en doce años, que se producirá a pocos días de las elecciones generales y después de … años de silencio y de consentimiento con las políticas del Gobierno. No han protestado ni por la asfixia de los sueldos, ni por los salarios y el empleo precario, ni han abierto la boca por el alud de cambios laborales en la norma laboral realizados por la puerta de atrás, que en muchos casos les ha restado poder en las empresas. Pedro Sánchez les ha tenido al lado durante las dos legislaturas.
Ahora las centrales se suman al movimiento que recorre España por la dificultad de acceso a la vivienda organizado por el Sindicato de Inquilinas, al que no se unen todos los sindicatos. CSIF, más representativa entre los funcionarios, USO y la patronal de grandes almacenes Fetico, mayoritario en centros como El Corte Inglés, Alcampo o Leroy Merlín, no irán en la misma dirección. Sí se han sumado, por el contrario, otras sindicatos autonómicos como el gallego CIG y los vascos LAB, vinculado a la izquierda abertzale, y ELA.
«CSIF es un sindicato cuya actividad se ciñe única y exclusivamente a las cuestiones laborales y la convocatoria de huelga semanas previas a la celebración de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, tiene unas connotaciones políticas que no casan con nuestra independencia y el carácter estrictamente profesional de nuestra organización», asegura la central que dirige Miguel Borra. Recuerda que se trata de la primera huelga general en los últimos 12 años y que en este tiempo el sindicato ha seguido su propia hoja de ruta «ante las graves dificultades laborales y económicas que ha vivido la sociedad española». Añade que «así quedó patente en movilizaciones como la gran manifestación del 24 de septiembre de 2022 por una subida salarial justa, por una jubilación digna y por la calidad de los servicios públicos; la manifestación del 14 de diciembre de 2024 en defensa de la asistencia sanitaria en el mutualismo administrativo o las movilizaciones que culminaron con la firma del Acuerdo Marco para la mejora del Empleo Público y el Servicio para la Ciudadanía. Con la firma de este acuerdo, se evitó -explican- la huelga general que teníamos convocada en las administraciones públicas, y conseguimos, entre otros puntos, una subida salarial del 11,4 por ciento entre 2025 y 2028».
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Tampoco USO acompañará a las dos centrales de clase. «Con un Gobierno en funciones y un Parlamento disuelto no existe receptor real de esas reclamaciones», asegura el sindicato. «Una huelga general -dicen-es el instrumento de presión más serio que tiene la clase trabajadora. Aparte del coste para quien la secunda, exige saber con claridad a quién se dirige y qué se le reclama«. Añaden que »no se puede hacer un popurrí de motivos o que convoquen distintas organizaciones con argumentos distintos. Con un Gobierno en funciones y un Parlamento disuelto, esa pregunta queda sin respuesta, y la huelga corre el riesgo de leerse como un acto más de campaña o un acto de descontento social sin objeto ni receptor real».
En la misma dirección se ha pronunciado Fetico, la patronal de grandes almacenes, que ha subrayado su carácter independiente y apolítico y expresado su preocupación por la participación de las organizaciones sindicales en procesos electorales o en iniciativas que, a su juicio, puedan implicar un posicionamiento político. Considera que el encarecimiento de los alquileres y de la compra de vivienda afecta directamente a su capacidad económica, pero defiende que la respuesta sindical debe pasar principalmente por la negociación colectiva, la mejora de los salarios y la defensa del poder adquisitivo.
Del otro lado, el rechazo de los empresarios a la huelga ha sido contundente, un nuevo enfrentamiento que se suma a la multitud de choques que han tenido con los sindicatos esta legislatura. La organización que dirige Antonio Garamendi ha avisado de que es una iniciativa «inadmisible», cuestionan su encaje legal al no tener «naturaleza laboral» y también han advertido de que sus servicios jurídicos esperarán a la fecha de la convocatoria para llevar a cabo las acciones legales que consideren oportunas.
«Con la información disponible en estos momentos, CEOE y Cepyme quieren advertir de que la huelga general anunciada por los sindicatos mayoritarios horas después de la convocatoria anticipada de elecciones en el país, supone una medida de presión que persigue fundamentalmente provocar cambios legislativos y de índole presupuestario en materia de vivienda», ha asegurado la patronal.
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