El Constitucional notifica al Supremo la sentencia que avala amnistiar la malversación del ‘procés’

El Tribunal Constitucional ha notificado este miércoles a primera hora al Tribunal Supremo la sentencia por la que avala amnistiar la malversación del procés. La corte de garantías ha remitido también el voto particular que firmaron los cinco magistrados del bloque conservador, según han confirmado fuentes jurídicas a EL PAÍS. Este paso permite que el magistrado instructor Pablo Llarena y la Sala de lo Penal se preparen para aplicar la amnistía a los cuatro exdirigentes independentistas condenados por malversación (el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Dolors Bassa, Raül Romeva y Jordi Turull) y a los tres procesados en rebeldía por ese delito (el expresidente catalán Carles Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig).

La amnistía a la malversación supondrá el carpetazo a una causa abierta hace nueve años que ha vivido desde fugas a euroórdenes rechazadas, un juicio retransmitido en directo que acabó con condenas de hasta 13 años de cárcel, reformas penales para derogar el principal delito que se les atribuía (sedición), indultos y, finalmente, una ley de amnistía que el Supremo ha esquivado hasta este martes.

El Constitucional ha avalado amnistiar la malversación del procés tras estudiar la queja de Bassa contra la decisión del Supremo de no aplicarle la ley a este delito. Aunque el resto de líderes independentistas también acudieron al tribunal de garantías, el de la exconsejera es el primer caso sobre el que se pronuncia el pleno presidido por Cándido Conde-Pumpido.

La sentencia declara que, al denegar la aplicación de la amnistía a la malversación de Bassa, la Sala de lo Penal del Supremo vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva con una “interpretación extensiva”, “contradictoria” y “contraria al espíritu y finalidad” de la ley de amnistía. Con siete votos a favor ―los del bloque progresista― y cinco en contra ―los del sector conservador―, el Constitucional considera que el Supremo debe dictar ahora “una nueva resolución en la que se declare amnistiado el delito de malversación”. Esta doctrina, que se aplicará también al caso de Puigdemont, da vía libre para el regreso del expresident después de que el Supremo haya levantado la orden de detención activada contra él al conocerse el fallo del tribunal de garantías. Y permitirá, a su vez, que los líderes del procés condenados a penas de inhabilitación puedan volver a presentarse a unas elecciones.

Los cinco magistrados conservadores emitieron un voto particular para dejar constancia por escrito de su discrepancia con el sentir de la mayoría progresista. A su juicio, el Constitucional se ha extralimitado en sus funciones, “asumiendo un indebido rol de intérprete de la legalidad ordinaria”, y, además, con un estilo en el que “prolifera el uso de epítetos, calificativos, verbos y adverbios que […] no solo son innecesarios para la fundamentación de la decisión adoptada, sino inaceptables desde un entendimiento elemental del debido respeto institucional” al Supremo.