Los propietarios estallan tras conocer el detalle de los dos reales decretos-leyes que se votarán el próximo viernes en el Congreso de los Diputados y aseguran que ambos textos «suponen una ruptura del ordenamiento jurídico español y de los principios constitucionales». Lo ha transmitido así el ‘lobby’ de propietarios con vivienda en alquiler, Asval, quien apunta a que el primero de los publicados hoy en el BOE, trata de trasladar a los caseros «una responsabilidad que corresponde a las administraciones públicas» con medidas como el veto a los desahucios. «El escudo social no puede ser el propietario. Un fallo del Estado, que ha sido incapaz de dar un hogar a las familias más vulnerables que lo necesitan, no puede descansar sobre el pequeño propietario particular», señala la asociación.Asval advierte de consecuencias fatales si cualquiera de los dos textos acaba siendo convalidado en el Congreso. Desde la asociación aseguran que los decretos «van a destruir la oferta, asfixiar al pequeño ahorrador y dejar fuera del mercado precisamente a quienes dicen proteger». «Los 750.000 hogares que necesitan una vivienda en España ven hoy esfumadas las pocas posibilidades que ayer tenían de encontrar un hogar», avisan.Para el ‘lobby’ que representa los intereses de grandes y pequeños propietarios, los decretos suponen «una ruptura del ordenamiento jurídico español y de los principios constitucionales» como son la seguridad jurídica y la irretroactividad de las normas restrictivas de derechos, el derecho de propiedad, la libertad de empresa y los límites que la Constitución impone al decreto-ley. «Rompen también con el derecho europeo y con la regulación internacional de los derechos fundamentales, que protegen el derecho de propiedad», también aseguran. Asimismo, señalan que los decretos incumplen los principios de buena regulación, «ya que pretenden aplicar medidas de alto calado de manera retroactiva, afectando seriamente al principio de confianza legítima y generando, con ello, una gran inseguridad jurídica».Para la asociación que preside Helena Beunza, se trata de una norma redactada «a la carrera, en el último minuto», y por ello «solo podía salir como ha salido: inaplicable y con la técnica legislativa más deficiente que se ha visto en democracia». «Tanta indeterminación solo elevará la conflictividad y obligará a los operadores jurídicos (jueces, notarios, abogados) a emitir valoraciones subjetivas muy difíciles de resolver».En definitiva, para Asval se trata de unos decretos «que restan seguridad a quienes alquilan y frenan la inversión en nueva vivienda no amplían la oferta: la reducen, justo cuando más falta hace». Y por ello pide que se retiren los textos y que la reforma se aborde con las comunidades autónomas -que son las que tienen la competencia en vivienda-; con un trabajo técnico que evalúe el efecto real de cada medida; y buscando «amplios consensos políticos y sociales que den estabilidad a la regulación del alquiler».El propietario paga los platos rotosTambién crítico con los decretos se ha mostrado Alquiler Seguro, uno de los mayores gestores de alquiler en territorio español. Coincidiendo con la posición de Asval, para el responsable del área jurídica de Alquiler Seguro, Carlos Sánchez, las medidas «vuelven a centrar buena parte de la respuesta a la emergencia habitacional sobre el propietario, mientras el problema estructural de fondo –la falta de oferta de vivienda en alquiler – sigue sin una respuesta suficiente».«La sucesión de modificaciones sobre las reglas esenciales del alquiler dificulta que un propietario pueda anticipar las condiciones económicas y jurídicas de poner una vivienda en alquiler. El resultado es automático: estrangulación de la oferta en un contexto de elevada demanda residencial», advierte. Los propietarios estallan tras conocer el detalle de los dos reales decretos-leyes que se votarán el próximo viernes en el Congreso de los Diputados y aseguran que ambos textos «suponen una ruptura del ordenamiento jurídico español y de los principios constitucionales». Lo ha transmitido así el ‘lobby’ de propietarios con vivienda en alquiler, Asval, quien apunta a que el primero de los publicados hoy en el BOE, trata de trasladar a los caseros «una responsabilidad que corresponde a las administraciones públicas» con medidas como el veto a los desahucios. «El escudo social no puede ser el propietario. Un fallo del Estado, que ha sido incapaz de dar un hogar a las familias más vulnerables que lo necesitan, no puede descansar sobre el pequeño propietario particular», señala la asociación.Asval advierte de consecuencias fatales si cualquiera de los dos textos acaba siendo convalidado en el Congreso. Desde la asociación aseguran que los decretos «van a destruir la oferta, asfixiar al pequeño ahorrador y dejar fuera del mercado precisamente a quienes dicen proteger». «Los 750.000 hogares que necesitan una vivienda en España ven hoy esfumadas las pocas posibilidades que ayer tenían de encontrar un hogar», avisan.Para el ‘lobby’ que representa los intereses de grandes y pequeños propietarios, los decretos suponen «una ruptura del ordenamiento jurídico español y de los principios constitucionales» como son la seguridad jurídica y la irretroactividad de las normas restrictivas de derechos, el derecho de propiedad, la libertad de empresa y los límites que la Constitución impone al decreto-ley. «Rompen también con el derecho europeo y con la regulación internacional de los derechos fundamentales, que protegen el derecho de propiedad», también aseguran. Asimismo, señalan que los decretos incumplen los principios de buena regulación, «ya que pretenden aplicar medidas de alto calado de manera retroactiva, afectando seriamente al principio de confianza legítima y generando, con ello, una gran inseguridad jurídica».Para la asociación que preside Helena Beunza, se trata de una norma redactada «a la carrera, en el último minuto», y por ello «solo podía salir como ha salido: inaplicable y con la técnica legislativa más deficiente que se ha visto en democracia». «Tanta indeterminación solo elevará la conflictividad y obligará a los operadores jurídicos (jueces, notarios, abogados) a emitir valoraciones subjetivas muy difíciles de resolver».En definitiva, para Asval se trata de unos decretos «que restan seguridad a quienes alquilan y frenan la inversión en nueva vivienda no amplían la oferta: la reducen, justo cuando más falta hace». Y por ello pide que se retiren los textos y que la reforma se aborde con las comunidades autónomas -que son las que tienen la competencia en vivienda-; con un trabajo técnico que evalúe el efecto real de cada medida; y buscando «amplios consensos políticos y sociales que den estabilidad a la regulación del alquiler».El propietario paga los platos rotosTambién crítico con los decretos se ha mostrado Alquiler Seguro, uno de los mayores gestores de alquiler en territorio español. Coincidiendo con la posición de Asval, para el responsable del área jurídica de Alquiler Seguro, Carlos Sánchez, las medidas «vuelven a centrar buena parte de la respuesta a la emergencia habitacional sobre el propietario, mientras el problema estructural de fondo –la falta de oferta de vivienda en alquiler – sigue sin una respuesta suficiente».«La sucesión de modificaciones sobre las reglas esenciales del alquiler dificulta que un propietario pueda anticipar las condiciones económicas y jurídicas de poner una vivienda en alquiler. El resultado es automático: estrangulación de la oferta en un contexto de elevada demanda residencial», advierte.
Los propietarios estallan tras conocer el detalle de los dos reales decretos-leyes que se votarán el próximo viernes en el Congreso de los Diputados y aseguran que ambos textos «suponen una ruptura del ordenamiento jurídico español y de los principios constitucionales». Lo ha … transmitido así el ‘lobby’ de propietarios con vivienda en alquiler, Asval, quien apunta a que el primero de los publicados hoy en el BOE, trata de trasladar a los caseros «una responsabilidad que corresponde a las administraciones públicas» con medidas como el veto a los desahucios. «El escudo social no puede ser el propietario. Un fallo del Estado, que ha sido incapaz de dar un hogar a las familias más vulnerables que lo necesitan, no puede descansar sobre el pequeño propietario particular», señala la asociación.
Asval advierte de consecuencias fatales si cualquiera de los dos textos acaba siendo convalidado en el Congreso. Desde la asociación aseguran que los decretos «van a destruir la oferta, asfixiar al pequeño ahorrador y dejar fuera del mercado precisamente a quienes dicen proteger». «Los 750.000 hogares que necesitan una vivienda en España ven hoy esfumadas las pocas posibilidades que ayer tenían de encontrar un hogar», avisan.
Para el ‘lobby’ que representa los intereses de grandes y pequeños propietarios, los decretos suponen «una ruptura del ordenamiento jurídico español y de los principios constitucionales» como son la seguridad jurídica y la irretroactividad de las normas restrictivas de derechos, el derecho de propiedad, la libertad de empresa y los límites que la Constitución impone al decreto-ley. «Rompen también con el derecho europeo y con la regulación internacional de los derechos fundamentales, que protegen el derecho de propiedad», también aseguran. Asimismo, señalan que los decretos incumplen los principios de buena regulación, «ya que pretenden aplicar medidas de alto calado de manera retroactiva, afectando seriamente al principio de confianza legítima y generando, con ello, una gran inseguridad jurídica».
Para la asociación que preside Helena Beunza, se trata de una norma redactada «a la carrera, en el último minuto», y por ello «solo podía salir como ha salido: inaplicable y con la técnica legislativa más deficiente que se ha visto en democracia». «Tanta indeterminación solo elevará la conflictividad y obligará a los operadores jurídicos (jueces, notarios, abogados) a emitir valoraciones subjetivas muy difíciles de resolver».
En definitiva, para Asval se trata de unos decretos «que restan seguridad a quienes alquilan y frenan la inversión en nueva vivienda no amplían la oferta: la reducen, justo cuando más falta hace». Y por ello pide que se retiren los textos y que la reforma se aborde con las comunidades autónomas -que son las que tienen la competencia en vivienda-; con un trabajo técnico que evalúe el efecto real de cada medida; y buscando «amplios consensos políticos y sociales que den estabilidad a la regulación del alquiler».
El propietario paga los platos rotos
También crítico con los decretos se ha mostrado Alquiler Seguro, uno de los mayores gestores de alquiler en territorio español. Coincidiendo con la posición de Asval, para el responsable del área jurídica de Alquiler Seguro, Carlos Sánchez, las medidas «vuelven a centrar buena parte de la respuesta a la emergencia habitacional sobre el propietario, mientras el problema estructural de fondo –la falta de oferta de vivienda en alquiler – sigue sin una respuesta suficiente».
«La sucesión de modificaciones sobre las reglas esenciales del alquiler dificulta que un propietario pueda anticipar las condiciones económicas y jurídicas de poner una vivienda en alquiler. El resultado es automático: estrangulación de la oferta en un contexto de elevada demanda residencial», advierte.
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