Una vez pasada la conmoción inicial por el atentado perpetrado en el centro de Berlín en el que una mujer polaca perdió la vida y 29 personas resultaron heridas de diversa consideración, llegó el momento de debatir sobre cómo evitar que algo así vuelva a ocurrir y surgieron las primeras críticas por el hecho de que el presunto autor, Abdul Ballout, que fue abatido a tiros el domingo tras una intensa búsqueda y que era conocido como un islamista peligroso, estuviera en libertad.
El presunto autor del ataque, que fue abatido a tiros el domingo, se encontraba en libertad a pesar de haber sido condenado en mayo por preparar una acción grave de violencia contra la seguridad del Estado
Una vez pasada la conmoción inicial por el atentado perpetrado en el centro de Berlín en el que una mujer polaca perdió la vida y 29 personas resultaron heridas de diversa consideración, llegó el momento de debatir sobre cómo evitar que algo así vuelva a ocurrir y surgieron las primeras críticas por el hecho de que el presunto autor, Abdul Ballout, que fue abatido a tiros el domingo tras una intensa búsqueda y que era conocido como un islamista peligroso, estuviera en libertad.
El ataque, calificado por las autoridades de atentado terrorista islamista, fue perpetrado el sábado por la noche en el marco del Día del Orgullo LGTBIQ+. Una furgoneta blanca arrolló a gran velocidad a los transeúntes que se encontraban en uno de los caminos del Tiergarten, al lado del recinto habilitado para celebrar el Christopher Street Day (CSD), una de las mayores marchas del Orgullo de Europa. En las horas siguientes, las fuerzas de seguridad emprendieron una intensa búsqueda de Ballout hasta dar con él en una colonia de jardines y huertos urbanos en el oeste de la ciudad, donde murió por los disparos de la policía.
Los detalles sobre quién era Ballout se fueron filtrando poco a poco: era un ciudadano alemán, nacido en 2005 en Berlín, cuya madre, originaria de Líbano, obtuvo la nacionalidad alemana en 2002. Era conocido en la escena islamista y había sido condenado el pasado mes de mayo a un año y 10 meses de cárcel por, entre otros delitos, preparar una acción grave de violencia contra la seguridad del Estado. Este dato avivó aún más una pregunta: si era conocido por las autoridades y había sido condenado, ¿qué hacía en la calle?.
El aluvión de especulaciones llevó a la Fiscalía General de Berlín a dar más detalles sobre su historial delictivo y detallar que, tras la condena de mayo, se había acordado la denominada suspensión condicional previa, una figura del derecho penal juvenil alemán que permite al tribunal aplazar la decisión sobre si la persona obtendrá o no la libertad condicional y qué provoca que quede en la calle mientras tanto. En el caso de Ballout el tribunal tuvo en cuenta que ya había pasado seis meses en prisión preventiva tras su detención a finales de 2025 y fijó un plazo de seis meses antes de tomar una decisión al respecto. Además, en su caso se había decidido aplicar el derecho penal juvenil, algo posible hasta los 20 años en Alemania si se considera que no tenía la suficiente madurez cuando cometió el delito.
La Fiscalía había recurrido la sentencia para reclamar una condena que no pudiera ser suspendida ya que había quedado probada la voluntad de Ballout de incorporarse a la organización terrorista del Estado Islámico.
A pesar de las críticas, una portavoz del Tribunal Penal de Berlín calificó la actuación de la Justicia como “algo habitual”. Sin embargo, el canciller alemán, Friedrich Merz, ha afirmado este lunes que habrá que responder a esta pregunta: “¿Cómo es posible que un hombre con ese perfil, aquí en Berlín, pudiera acercarse el sábado por la noche sin ser molestado a las inmediaciones del CSD y perpetrar allí este atentado?”. Merz se pronunció a favor de un mayor margen de maniobra para la vigilancia de los denominados “individuos peligrosos”. Además, se preguntó si el atentado se habría podido evitar con un marco legal diferente.
“En cualquier caso, no puedo entender que pueda localizar mi móvil en cualquier lugar del mundo, ni que yo mismo pueda determinar a través de mi móvil dónde se encuentra, por ejemplo, mi iPad. Pero que, supuestamente, a las autoridades de seguridad de Alemania no les sea posible —o no sea técnicamente posible— determinar en todo momento dónde se encuentran las personas peligrosas”, según Merz, son cosas “que debemos aclarar”, afirmó en la rueda de prensa en Berlín. El Estado de derecho debe “hacer todo lo posible por restringir la libertad de movimiento de estos delincuentes y personas peligrosas, tanto potenciales como reales”.
La categoría de “persona peligrosa” es dada por las autoridades alemanas a personas concretas de las que las fuerzas de seguridad sospechan que van a cometer un delito grave de manera inminente.
Merz ha afirmado que había pedido al ministro del Interior, Alexander Dobrindt, que presentara propuestas en el Consejo de Ministros sobre cómo se podrían introducir cambios en la legislación federal. Sin embargo, ha indicado que en la aplicación de la ley, esto sigue siendo, “salvo contadas excepciones”, competencia de los Estados federados. Por su parte, un portavoz del Ministerio de Justicia ha recordado que se ha convocado un amplio estudio que analizará “de forma exhaustiva y sistemática la necesidad de cambios en el Derecho Penal aplicable a menores y jóvenes”.
El líder de las juventudes conservadoras, Johannes Winkel, ha reclamado asimismo que se revise todo el marco jurídico para extraer las consecuencias debidas. En declaraciones a la revista Stern, ha exigido una adaptación del Derecho penal. “Uno de los puntos debe ser la posibilidad de denegar la aplicación del Derecho penal juvenil en el caso de personas que supongan un peligro”, señalaba, añadiendo que “en el futuro, no se podrá volver a aceptar ‘el retraso en la madurez’ necesario para ello cuando los autores se hayan radicalizado”. Mientras, el presidente de Baviera y líder de la Unión Cristianosocial (CSU), Markus Söder, ha indicado que la prisión debería ser la norma y no la excepción, e incluso se ha mostrado a favor de estudiar si se puede retirar el permiso de conducir a las personas que supongan un peligro.
También desde el sindicato de la policía alemana exigen mayores competencias para poder prevenir mejor futuros atentados. Su presidente, Heiko Teggatz, ha declarado al diario Augsburger Allgemeine la necesidad de contar con una mayor videovigilancia en los espacios públicos. “En estos momentos, las autoridades carecen sencillamente de las herramientas necesarias para detectar este tipo de atentados de antemano”, ha explicado. “El problema es que, en Alemania, la protección de datos tiene prioridad sobre la protección de las víctimas. Aquí es donde debe actuar la política”, ha puntualizado.
Alemania lleva años luchando contra el terrorismo islamista. En el acuerdo de coalición entre conservadores y socialdemócratas del pasado año se acordó dar prioridad a la lucha contra el islamismo, como ha señalado este lunes un portavoz del Ministerio del Interior, al mismo tiempo que ha aludido al hecho de que “las autoridades de seguridad han frustrado con éxito casi 30 atentados islamistas en los últimos 10 años, es decir, que están muy activas en este ámbito”.
Según el Parlamento alemán, la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV) —los servicios secretos en el interior— tiene registrados en todo el país a unos 450 islamistas peligrosos (datos de septiembre de 2025). El servicio de inteligencia los considera capaces de cometer delitos graves de motivación política, incluyendo atentados terroristas. A esto se suman 9.110 islamistas con tendencia a la violencia o que la defienden. Pero, sobre todo, se vigila a los considerados como peligrosos, de los que el BfV recopila información de internet y de las redes sociales y analiza las redes islamistas. También pueden intervenir sus llamadas y mensajes.
En el informe anual de BfV de 2025, publicado el pasado junio, escribieron que “el islamismo y el terrorismo islamista siguen representando una amenaza considerable” e indicaron que “la amenaza proviene cada vez más de autores jóvenes que actúan por su cuenta y se han radicalizado a través de Internet, y que rechazan nuestros valores liberales”. Asimismo, enumeraron los cuatro atentados terroristas de motivación islamista del pasado año, donde destaca el perpetrado el 13 de febrero de 2025, cuando un hombre embistió con su coche a los presentes en un acto sindical en Múnich, donde fallecieron dos hombres y otras 44 personas resultaron heridas.
La situación de amenaza en Alemania es tal —no solo por parte del islamismo, sino también por el extremismo y la considerada guerra híbrida rusa— que llevó al ministro del Interior a “elevar el nivel de amenaza, que hasta ahora se había formulado de manera abstracta, a un nivel alto”. “Esto significa que en Alemania hay que contar en todo momento con el riesgo de que se produzcan atentados”, declaró a mediados de julio al dominical Welt am Sonntag.
En este marco de inseguridad, Alemania quiere, además, desarrollar sus servicios de inteligencia para que sean más competitivos. El 13 de agosto, el Consejo de Ministros abordará una reforma integral de la legislación sobre sus servicios de inteligencia. Con ello se pretende permitir expresamente a los servicios secretos, por primera vez, intervenir por sí mismos en determinadas situaciones de peligro y no limitarse ya únicamente a recopilar y evaluar información. No obstante, un Consejo de Control Independiente se encargará de supervisar las nuevas competencias y deberá autorizar previamente las medidas correspondientes.
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