Primer paso para imponer multas de casi un millón contra los grafiteros de trenes en Cataluña

El Govern de la Generalitat mueve ficha para acabar con los grafitis en los trenes que tanto castigan la movilidad ferroviaria en Cataluña. El Parlament ha debatido este miércoles una proposición de ley presentada por el PSC que pretende aumentar los castigos a los grafiteros con multas de hasta un millón de euros. Estas sanciones triplican los importes actuales (hasta ahora la sanción máxima era de 300.000) pero que esta por ver si frenará la proliferación de hechos vandálicos ferroviarios que se concentra principalmente en Cataluña. La Cámara ha aprobado tramitar por lectura única la proposición de ley con los votos a favor de todos los grupos parlamentarios excepto la CUP, que ha votado en contra, y Comuns, que se han abstenido.

En 2024 cuando Rodalies no funcionaba bien (aunque faltaban varios trimestres para el gran caos ferroviario) el 3% de los trenes disponibles en Cataluña (en total hay 272) no estuvieron operativos ya que los grafitis los habían dejado sin visibilidad. Trenes que debían salir y que tuvieron que anular sus recorridos -o los prestaron con retraso- debido a que era necesario limpiarlos. De hecho, Renfe ha contabilizado que cada año invierte más de 11 millones de euros (32.000 euros diarios) en retirar los grafitis de los trenes que circulan en Cataluña. Es la mitad del gasto que realiza la compañía en la limpieza de las pintadas de toda España. Cada año se detectan 2.300 intrusiones de grafiteros (más de seis al día) en las instalaciones de la compañía ferroviaria y se necesitan 7.500 horas de trabajo para eliminar las pintadas que cubren más de 70.000 metros cuadrados de superficie en los trenes catalanes.

Renfe ha incrementado la seguridad. Tienen más vigilantes, perros y drones, pero muy pocas detenciones de estos grafiteros que muchas veces actúan en grupo y a contrarreloj. De hecho, hay muy pocos arrestos y, en muchas ocasiones, los vigilantes se ven sobrepasados por la cantidad de vándalos actuando al mismo tiempo.

Ante esta situación, este miércoles, el Govern ha llevado al pleno una proposición para modificar el régimen sancionador de la ley ferroviaria 4/2006 e intentar que, antes de verano, entre en vigor y sirva para frenar esta lacra a base de multas.

“No es una ley solo de grafitis, sino de servicios que se malbaratan” ha sintetizada Ivana Martínez, diputada del PSC. “El vandalismo no es una expresión artística y tenemos que reaccionar. Quien lo hace, deben ser responsable de sus actos. Esta ley no es una propuesta ideológica, sino una propuesta para defender el derecho a la movilidad en condiciones dignas”, ha insistido la socialista. Según sus cálculos, el vandalismo en los trenes cuesta 6,2 millones de euros anuales y tiene consecuencias directas para la población. “Implica que los ciudadanos lleguen tarde y es un problema real del servicio público. El actual marco legal es insuficiente y no se tipifica de forma adecuada determinadas conductas”.

La normativa llevada a votación divide las infracciones en tres niveles (multiplicando por tres la cuantía de las sanciones actuales): las multas leves serán de hasta 18.000 euros, las graves serán sancionadas con entre 18.001 y 90.000 euros y las muy graves con cuantías de entre 90.001 y 900.000 euros.

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La propuesta destaca que una infracción grave es “destruir, deteriorar o alterar cualquier obra o instalación de la vía ferroviaria, de sus elementos funcionales o, en general, de cualquier elemento del servicio, incluido todo el material rodante, si estos comportamientos no constituyen una infracción muy grave”. Además, añade que también es grave “la realización de pintadas en la infraestructura ferroviaria o de material rodante que comporte su deslucimiento y que requiera de la parada total o parcial de forma que se altere el normal funcionamiento de la infraestructura ferroviaria”. Precisamente en este punto es donde la infracción puede considerarse muy grave y aumentar muchísimo las cuantías económicas.

El gobierno de la Generalitat asegura que así acabará con la impunidad, pero no hay estadísticas ni de grafiteros detenidos ni, mucho menos, si aquellos a los que se arrestan acaban abonando las multas que se les imponen o se declaran -directamente- insolventes.