Un albur, uno de los peces más característicos del Guadalquivir y su estuario, hecho con retales de tela de unos 10 metros de largo ha encabezado la multitudinaria manifestación para alertar sobre la contaminación en el principal río de Andalucía provocada por los vertidos que se derivarán con la reapertura de las minas de Aznalcóllar y la de Cobre Las Cruces, que se suman a la presencia actual de metales en las escombreras, causada por las explotaciones anteriores. Los impulsores de la marcha, la Plataforma Salvemos el Guadalquivir, Greenpeace y Ecologistas en Acción, llevan años advirtiendo de los problemas que estos vertidos mineros ocasionarán para la salud pública, el ecosistema, la agricultura, la pesca y la economía tradicional de la ribera y la desembocadura, esgrimiendo distintos estudios científicos de las universidades de Sevilla, Granada y Cádiz y han conseguido que se adhieran organizaciones agrarias como COAG, cofradías de pescadores, como la de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), y hasta una decena de alcaldes, que también se han sumado a la convocatoria, junto a otras 70 organizaciones civiles. Pero necesitan que la ciudadanía tome conciencia para presionar a la Junta de Andalucía, la administración que ha otorgado las licencias, para que adopte sus dos principales reclamaciones: una moratoria de los vertidos y la creación de una comisión de expertos independientes que estudie la situación de las aguas del Guadalquivir y las consecuencias de los dos nuevos proyectos de minería.
Los ciudadanos se suman a la advertencia de científicos, ecologistas, alcaldes y organizaciones agrícolas y pesqueras sobre el peligro de los vertidos mineros autorizados por la Junta
Un albur, uno de los peces más característicos del Guadalquivir y su estuario, hecho con retales de tela de unos 10 metros de largo ha encabezado la multitudinaria manifestación para alertar sobre la contaminación en el principal río de Andalucía provocada por los vertidos que se derivarán con la reapertura de las minas de Aznalcóllar y la de Cobre Las Cruces, que se suman a la presencia actual de metales en las escombreras, causada por las explotaciones anteriores. Los impulsores de la marcha, la Plataforma Salvemos el Guadalquivir, Greenpeace y Ecologistas en Acción, llevan años advirtiendo de los problemas que estos vertidos mineros ocasionarán para la salud pública, el ecosistema, la agricultura, la pesca y la economía tradicional de la ribera y la desembocadura, esgrimiendo distintos estudios científicos de las universidades de Sevilla, Granada y Cádiz y han conseguido que se adhieran organizaciones agrarias como COAG, cofradías de pescadores, como la de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), y hasta una decena de alcaldes, que también se han sumado a la convocatoria, junto a otras 70 organizaciones civiles. Pero necesitan que la ciudadanía tome conciencia para presionar a la Junta de Andalucía, la administración que ha otorgado las licencias, para que adopte sus dos principales reclamaciones: una moratoria de los vertidos y la creación de una comisión de expertos independientes que estudie la situación de las aguas del Guadalquivir y las consecuencias de los dos nuevos proyectos de minería.
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