Durante la ofensiva terrorista de ETA de los años 2000-2001, que se saldó con 38 muertos y que tuvo una enorme repercusión mediática porque buena parte de las víctimas eran personas con un marcado reconocimiento social, nadie pensaba en círculos policiales y políticos que 10 años después, el 20 de octubre de 2011, finalizaría el terrorismo. Y todavía menos en las condiciones en que llegó este final: una decisión unilateral de ETA, que dejaba las armas sin haber logrado ninguna de sus exigencias políticas, como la incorporación de Navarra al País Vasco y la autodeterminación. Tampoco obtuvo la amnistía que reclamaba para sus presos, ni siquiera logró indultos. Fue un final ordenado, reconocido por ETA, sin escisiones, y que tuvo su epílogo con la disolución de la organización en mayo de 2018. Terminó así porque el acoso policial, social y la presión, en su último tramo, de Batasuna, su antiguo brazo político, la dejó extenuada. Ese final del mal endémico que marcó casi medio siglo de la vida española, con una estela de 853 asesinatos, fue un triunfo de la persistencia de la sociedad española y de sus gobiernos democráticos. 15 años después, increíblemente, esa victoria ciudadana sigue sin reconocimiento oficial al carecer de unanimidad política.
No hay consenso político sobre el fin de la actividad criminal de la organización, en 2011, principalmente porque el PP identifica a EH Bildu con ETA, disuelta desde 2018.
Durante la ofensiva terrorista de ETA de los años 2000-2001, que se saldó con 38 muertos y que tuvo una enorme repercusión mediática porque buena parte de las víctimas eran personas con un marcado reconocimiento social, nadie pensaba en círculos policiales y políticos que 10 años después, el 20 de octubre de 2011, finalizaría el terrorismo. Y todavía menos en las condiciones en que llegó este final: una decisión unilateral de ETA, que dejaba las armas sin haber logrado ninguna de sus exigencias políticas, como la incorporación de Navarra al País Vasco y la autodeterminación. Tampoco obtuvo la amnistía que reclamaba para sus presos, ni siquiera logró indultos. Fue un final ordenado, reconocido por ETA, sin escisiones, y que tuvo su epílogo con la disolución de la organización en mayo de 2018. Terminó así porque el acoso policial, social y la presión, en su último tramo, de Batasuna, su antiguo brazo político, la dejó extenuada. Ese final del mal endémico que marcó casi medio siglo de la vida española, con una estela de 853 asesinatos, fue un triunfo de la persistencia de la sociedad española y de sus gobiernos democráticos. 15 años después, increíblemente, esa victoria ciudadana sigue sin reconocimiento oficial al carecer de unanimidad política.
No hay reconocimiento del final, primordialmente, porque el PP identifica a EH Bildu con ETA. La historia viene de lejos. Cuando en mayo de 2011, el Tribunal Constitucional legalizó EH Bildu, el PP se opuso alegando que era la sucesora de Batasuna. Pero el PP obvió que Batasuna, tres meses antes, había rechazado la violencia en sus nuevos estatutos, presentados bajo la marca de Sortu. La izquierda abertzale cumplía la Ley de Partidos. Cinco meses después, ETA anunciaba el fin del terrorismo. El Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero propició y respaldó la decisión del Constitucional al asegurarse de que ETA, muy débil pero no acabada, terminaba definitivamente.
La legalización de EH Bildu no fue una concesión de última hora. Estaba inspirada en el pacto de Ajuria Enea, de 1988, promovido por el entonces lehendakari José Antonio Ardanza y en el que todas las fuerzas democráticas se unían para erradicar el terrorismo. Este pacto recordaba “la legitimidad de todas las ideas políticas expresadas democráticamente”, esto es, sin violencia. La incorporación de la izquierda abertzale ilegalizada al normal tráfico político también estaba recogida en una resolución parlamentaria mayoritaria de 2005 que condicionaba su legalización a la desaparición del terrorismo etarra, como sucedió. José María Aznar, siendo presidente, en 1999 conversó con Batasuna y ETA, y estuvo dispuesto a ir más lejos: un acuerdo de paz a cambio de presos. Sin embargo, el popular no reconoció al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el hecho del final de la organización terrorista.
Mariano Rajoy, presidente del PP, informado por el entonces presidente Zapatero, terminó asumiendo el mismo 20 de octubre de 2011 la declaración final del terrorismo de ETA y la ausencia de concesiones políticas del Gobierno socialista. Elegido presidente del Gobierno, dos meses después, asumió la legalidad de EH Bildu. La posición conciliadora de Rajoy entonces tuvo enfrente a Aznar, que consideraba la legalización de EH Bildu una derrota de la democracia y la victoria de ETA. El sector más radical del PP, hoy en Vox, proponía su ilegalización.
La situación ha empeorado en la presente legislatura al haberse convertido EH Bildu en un firme aliado del Gobierno de Pedro Sánchez. A la beligerancia de Aznar y Vox se han sumado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y muchos medios de las derechas en su campaña contra Sánchez, utilizando como ariete a EH Bildu. Otros, como el exministro del Interior Jaime Mayor Oreja, puente entre PP y Vox, han maximizado sus delirios: “España está en caída libre por culpa de un proyecto suicida que sumó a la izquierda, socialistas, comunistas y nacionalistas, cuyo capitán general es la organización terrorista ETA”.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no es inmune a esa radicalización. Identifica a EH Bildu con ETA. “Tienen 800 muertos. Usted respalda a una organización terrorista”, le dijo recientemente a Oskar Matute, portavoz de esa formación en el Congreso, y al presidente, Pedro Sánchez: “Ustedes pactan con quienes mataron a sus compañeros”. Feijóo ha elegido como un eje de oposición a Sánchez sus pactos parlamentarios con EH Bildu, obviando que el PP vasco también los hizo cuando gobernó ayuntamientos en Álava.
Feijóo ignora deliberadamente la evolución de EH Bildu hacia la moderación desde su legalización. Además de rechazar la violencia, participa en las instituciones sin estridencias; sus pactos están marcados por compromisos sociales, reconoce el daño causado a las víctimas de ETA, y ha pedido perdón a sus familias. Paralelamente, una mayoría de exetarras asume las políticas de reinserción previstas en la Constitución.
Que la evolución de EH Bildu no sea completa porque evita reconocer lo injustificado de los asesinatos de ETA no es óbice para que participe en las instituciones porque ha cumplido lo que le pidieron los partidos democráticos, el rechazo al terrorismo. El PP vasco ha pactado con EH Bildu cuando lo ha necesitado.
El hecho es que EH Bildu no es ETA y la identificación que hace Feijóo es por razones electorales. Le resta credibilidad, sobre todo en Euskadi, donde se percibe mejor su evolución ―la mayoría de los medios vascos la han narrado sin manipulaciones― desde que en 2009 se desmarcó públicamente del terrorismo. Eso explica en parte la debilidad del PP en esa comunidad.
Precisamente la caricatura que el PP ofrece de EH Bildu, unido al griterío mediático que le acompaña, ha contribuido a engordar a la coalición abertzale. Este elemento reactivo acompaña a la capacidad que EH-Bildu ha tenido de adaptarse al cambio de la sociedad vasca al finalizar el terrorismo, coincidente con la recesión económica, que primó las cuestiones sociales sobre las identitarias. EH Bildu conectó con las generaciones jóvenes y absorbió a Podemos, que llegó a ganar en 2015 las elecciones vascas.
EH Bildu se ha beneficiado también de la falta de conocimiento entre los jóvenes acerca del pasado terrorista de parte de su núcleo duro, que rehúye afrontar el pasado, del mismo modo que el PP de Feijóo, condicionado por Vox, rehúye reconocer a las víctimas del franquismo. Si el PP abandonara el uso electoral del terrorismo, reconociera la evolución de EH Bildu y, desde ahí, presionara con otros partidos para que la izquierda abertzale afrontara su pasado, esto sería posible. De hecho, PSE y PNV se lo hacen pagar: no le permiten gobernar en Euskadi hasta que asuma su pasado.
El PSOE también ha cometido errores. Apenas ha hecho pedagogía de la limpieza del proceso final de ETA. Durante años la ha rehuido por miedo a las emociones que suscitan los debates sobre el terrorismo. Le ha dejado mucho terreno a una potente maquinaria mediática, vinculada a las derechas, que ha impuesto un relato emocional, plagado de falsedades, de ruido y exento de racionalidad.
El fin de ETA debía haberse abordado como cuestión de Estado. No se hizo, como tampoco con el terrorismo desde que Aznar lo sacó del consenso nacional en los años noventa. Las consecuencias son nocivas por la división territorial y social que genera, incluidas las víctimas, agravada por su emocionalidad. Con la polarización existente no es posible vislumbrar un consenso sobre el fin de ETA, más aún cuando fue en el terrorismo donde se empezaron a quebrar los pactos de Estado hace décadas.
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