La guerra civil de Sudán, que este miércoles entra en su cuarto año, oscila como un péndulo que arrasa a su paso en cada cambio de dirección. No existen, hasta el momento, perspectivas de resolución, pero la violencia está cada vez más extendida y es más sofisticada, y el número de damnificados por la crisis humanitaria, el hambre, el desplazamiento forzado y los abusos sistemáticos es de récord. El conflicto, enquistado y en riesgo de cronificarse, se ha expandido hasta convertirse en un escenario de rivalidades regionales.
El conflicto entre el ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido se ha cronificado sin avances militares claros ni un alto el fuego a la vista, y ha causado la mayor crisis humanitaria del mundo
La guerra civil de Sudán, que este miércoles entra en su cuarto año, oscila como un péndulo que arrasa a su paso en cada cambio de dirección. No existen, hasta el momento, perspectivas de resolución, pero la violencia está cada vez más extendida y es más sofisticada, y el número de damnificados por la crisis humanitaria, el hambre, el desplazamiento forzado y los abusos sistemáticos es de récord. El conflicto, enquistado y en riesgo de cronificarse, se ha expandido hasta convertirse en un escenario de rivalidades regionales.
El conflicto estalló el 15 de abril de 2023 por el enfrentamiento del jefe del ejército y líder de facto en el país, Abdelfatá al Burhan, y su antiguo aliado y número dos, Mohamed Hamdan Dagalo, ahora jefe de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), formalizadas como una organización paramilitar surgida de las antiguas milicias Janjaweed, que cometieron las peores atrocidades durante el anterior conflicto en Darfur, dos décadas atrás.
Ambos se unieron tras haber derrocado al expresidente Omar Hassan al Bashir en 2019, pero se enemistaron y en 2023 su alianza saltó por los aires. Después de tres años de contienda, el ejército y RSF están empantanados en una guerra de desgaste sin avances decisivos que ha dejado un balance devastador: decenas de miles de muertos —con estimaciones que superan los 150.000—, más de 14 millones de desplazados dentro y fuera del país y 34 millones de personas necesitadas de ayuda humanitaria. Estas cifras han convertido a Sudán en el epicentro de la mayor crisis de desplazamiento forzado del mundo y una de las emergencias humanitarias más graves a escala global.
Al Burhan insiste en una solución militar y mantiene un discurso que combina llamadas inespecíficas a una transición a un gobierno civil con decisiones que apuntan en sentido contrario. “El ejército sigue comprometido con la entrega del poder al pueblo”, afirmó el 6 de abril, sin concretar plazos ni otros detalles, pero dejando claro que descarta cualquier negociación con su adversario. Por su parte, Dagalo nunca ha ordenado detener la violencia.
Burhan vertió sus últimas declaraciones en un discurso grabado con motivo del séptimo aniversario de la protesta masiva de 2019 frente al cuartel general del ejército que condujo al derrocamiento de Al Bashir gracias a las movilizaciones sociales y a la alianza de los dos socios ahora enemistados: en los últimos tres años, las RSF y las fuerzas gubernamentales se han lanzado a la ofensiva en distintos momentos, perdiendo y recuperando territorio, e incluso se han disputado la capital, Jartum, que actualmente controla el ejército.
Pero ninguna de las dos partes ha conseguido acercarse a una victoria militar. El precario equilibrio de fuerzas actual apunta, en cambio, a una larga guerra de desgaste que los actores internacionales tampoco logran desescalar.
El último intento por rebajar el conflicto y paliar la crisis humanitaria está, de hecho, en peligro de encallar: la próxima conferencia internacional sobre la guerra, que se celebrará el 15 de abril en Berlín, no empieza con buen pie, ya que el propio Gobierno sudanés ha expresado su desacuerdo con la iniciativa. La semana pasada, la embajadora de Sudán en Alemania, Ilham Ibrahim Mohamed Ahmed, entregó un memorando a la Oficina Federal de Asuntos Exteriores alemana en el que se recrimina no haber contado con la participación ni el consentimiento del Ejecutivo de Al Burhan. Sudán considera que cualquier decisión sobre el país sin su participación oficial “constituye una violación del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas”.
Uno de los puntos de fricción es lo que las autoridades describen como intentos de equiparar al Gobierno sudanés con una milicia armada (las RSF), pues consideran que tal enfoque socava la autoridad estatal. Esa idea ha sido repetida por distintos representantes del Gobierno. La embajadora sudanesa en España, Maya Ayoub, advirtió en una entrevista con EL PAÍS: “El Gobierno de Sudán ha explicado desde el inicio del conflicto que las RSF son una milicia terrorista y hay que condenarla, y la comunidad internacional no puede comportarse como si ambas partes fueran iguales. Si esto no sería aceptable en otro país, ¿por qué lo iba a ser en Sudán?”.
Internacionalización de la guerra
En el último año, la guerra también ha ahondado en su internacionalización y todos los países vecinos de Sudán están ahora en mayor o menor grado involucrados. Las RSF, cuyo principal patrón y aliado es Emiratos Árabes Unidos, cuentan con líneas de suministro de armas, combustible y hombres desde Etiopía, Chad, Libia, la República Centroafricana y Sudán del Sur, así como bases en Libia y Etiopía.
Por otro lado, desde la ofensiva de las RSF el pasado octubre sobre El Fasher, capital de Darfur del Norte, Egipto y Turquía han reforzado su coordinación y asistencia al ejército sudanés para evitar un nuevo desmoronamiento, atacando líneas de suministro de los paramilitares desde Libia en un intento de frenar el apoyo de Emiratos. Recientemente ha trascendido que Egipto alberga una base de drones del ejército. En los meses previos a esa ofensiva, Egipto y Estados Unidos habían redoblado esfuerzos diplomáticos para fraguar una tregua, pero aquel episodio los enterró.
Uno de los mayores obstáculos para la paz es la fractura interna de los bandos, que permanecen unidos en buena medida gracias a la guerra. El ejército lidera una heterogénea coalición que incluye sectores islamistas, aparatos de seguridad del Estado, grupos de autodefensa locales y movimientos armados, sobre todo de Darfur.
A principios de abril, Burhan realizó una reestructuración del alto mando y nombró como jefe del Estado Mayor al general Yasser Al-Atta, considerado una de las figuras más intransigentes con las RSF.
Las RSF carecen aún más de coherencia interna. En Darfur y Kordofán se movilizan principalmente de forma descentralizada mediante redes tribales en comunidades árabes que se extienden más allá de Sudán, lo que también dificulta frenar la violencia.
Ahora, uno de los principales frentes se sitúa en Kordofán Sur y Kordofán Norte, en el centro-sur de Sudán, una región clave que sirve de línea de defensa para ambos bandos. Allí, los paramilitares combaten además junto con el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-Norte (SPLM-N), con una notable presencia en el sur. El otro frente está en el estado de Nilo Azul, donde las RSF y el SPLM-N han logrado establecer posiciones tras una ofensiva desde territorio etíope.
Violencia generalizada
Los choques del último año han estado marcados por una nueva oleada de violencia contra civiles, incluidas campañas de limpieza étnica, violencia sexual, ejecuciones y saqueos. En febrero, una misión de la ONU acusó a los paramilitares de cometer actos genocidas durante la ofensiva sobre El Fasher.
En 2025, las RSF ganaron proyección aérea con drones, lo que ha llevado la guerra a una fase más devastadora. Los ataques a infraestructuras críticas como centrales eléctricas, refinerías, hospitales, escuelas y mercados se han vuelto recurrentes. En los primeros meses de 2026, el conflicto ha entrado en una nueva fase marcada por la intensificación de ataques aéreos y el uso de drones, que han ampliado el alcance de la violencia.
Más allá de la violencia directa, la guerra ha creado condiciones incompatibles con la vida: colapso sanitario, hambruna, destrucción de infraestructuras y bloqueo de la ayuda. Este año, la ONU estima que 34 millones de sudaneses, el 60% de la población, necesitan asistencia. En varias zonas, especialmente en Darfur, ya se han declarado condiciones de hambruna en un contexto en el que la falta de alimento no es solo consecuencia de la guerra, sino también un instrumento más de presión y control sobre los civiles atrapados en el fuego cruzado.
Sudán arrastraba una aguda inestabilidad desde el golpe de Estado que acabó con la transición democrática iniciada en 2019. Sin embargo, su incapacidad para cimentar el poder ante una amplia oposición popular, una grave crisis económica, elevados niveles de violencia interna y su aislamiento internacional hicieron su relación insostenible, condenando a millones de sudaneses a la violencia, el hambre, el desplazamiento y la muerte.
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