El Ministerio de Educación recuerda que los profesores son autoridad pública y que las comunidades autónomas también disponen de competencias.
Más información: Los profesores, contra los datos de la OCDE: los que perciben aumento de violencia en el aula son el 83% y no el 3% El Ministerio de Educación recuerda que los profesores son autoridad pública y que las comunidades autónomas también disponen de competencias.
Más información: Los profesores, contra los datos de la OCDE: los que perciben aumento de violencia en el aula son el 83% y no el 3%
El Ministerio de Educación confía en el escudo que brindan los «protocolos de protección» vigentes para hacer frente a la sensación de inseguridad y las agresiones documentadas que ha denunciado una parte del profesorado no universitario en los últimos meses, unos incidentes que también se han lamentado en varias localidades de Castilla-La Mancha.
Desde el departamento que encabeza Milagros Tolón se asegura que cuando estos procedimientos se encuentran «adecuadamente activados» se conjuran los riesgos o, en el peor de los casos, se alivian los efectos que arrojan los escenarios que se tornan violentos.
«Deben proporcionar seguridad y amparo a las víctimas de tales agresiones», aseguran fuentes del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.
El axioma que se esgrime desde la madrileña calle de Alcalá es que «la violencia, en cualquiera de sus formas o manifestaciones, no tiene cabida en las comunidades educativas y ninguno de sus miembros debe poder ejercerla ni sufrirla«.
En la región, sin embargo, se han contabilizado algunos ejemplos que trastocan la anhelada tranquilidad: en febrero, tres menores acorralaron y agredieron al jefe de estudios del instituto de Bargas; en abril de 2025, un antiguo alumno golpeó en la cabeza a un profesor de Talavera de la Reina.
La reiteración de adversidades llevó a los maestros y profesores de los colegios e institutos de Illescas a secundar una concentración de repulsa a la violencia el pasado mes de marzo.
El acto proyectó un mensaje de «rechazo ante los episodios de agresiones y faltas de respeto hacia el profesorado, una situación que nos preocupa profundamente», según contó el IES Condestable Álvaro de Luna en una publicación en la red social Facebook. La propia Tolón había visitado este centro semanas antes.
El Gobierno que preside Pedro Sánchez también reitera «el rotundo rechazo a cualquier agresión y a cualquier clase de conducta contraria a la convivencia en los centros docentes», al tiempo que desgrana las herramientas disponibles contra una realidad que ha movilizado a profesionales y sindicatos.
Por una parte, se apunta al proyecto educativo de centro, el documento que define la identidad y los valores de cada escuela y que ahonda en la «prevención de los actos de violencia en cualquiera de sus formas», también del acoso y del ciberacoso escolar.
Además, el Ministerio recuerda la condición de autoridad pública de la que gozan los profesores. Este estatus permite que los hechos constatados por los docentes tengan valor de prueba y disfruten de presunción de veracidad, sin menoscabo de otras evidencias contrarias que puedan presentar los propios alumnos.
Otro elemento que contribuye a la defensa del profesional de la enseñanza se encuentra el artículo 124 de la Ley Orgánica de Educación (2006), una normativa que traslada a los centros de enseñanza la potestad para elaborar los protocolos de actuación «frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género y cualquier otra manifestación de violencia», según reza el texto.
Los directores de cada centro serán los responsables de que la comunidad educativa «esté informada de los protocolos de actuación existentes así como de la ejecución y el seguimiento de las actuaciones previstas en los mismos», añade la legislación.
Educación recuerda que su jurisdicción se ciñe a «establecer la normativa básica que debe respetarse para garantizar la convivencia en los centros docentes» y que la competencia de la gestión educativa también corresponde a las comunidades autónomas.
Las diferentes regiones se encargan de «la intervención directa ante los casos de agresiones o actos violentos contra el profesorado, así como la consiguiente actuación para su corrección y reparación«, matizan.
El gabinete de Tolón subraya que son «los órganos directivos y la inspección educativa de las comunidades autónomas» donde se producen estos hechos las instituciones encargadas de «velar por la aplicación de la normativa que debe garantizar la adecuada convivencia en los centros».
Aunque se trata de un problema que «preocupa y mucho», como enfatizan en el Ministerio, no se ha detallado ningún planteamiento novedoso al respecto, más allá de los instrumentos ya existentes y la continua comunicación entre el departamento ministerial y los sindicatos educativos.
De la indisciplina al ataque
Diferentes informes alertan del deterioro de la convivencia en las aulas. La conflictiva situación que, entre otros, han denunciado CSIF, ANPE o STE se reproduce, con diferente intensidad y más en secundaria que en primaria, en el conjunto del país.
Las faltas de respeto y las agresiones que ha propinado el alumnado también han sido protagonizadas, en los casos más extremos, por sus progenitores. Frente a un escenario amenazante, los profesores han organizado diferentes actos de protesta y en favor de un clima escolar agradable.
El Español – Cultura
