La investigación abierta en la Audiencia Nacional en enero de 2022 para indagar en la presunta implicación de cuatro exjefes de ETA en el atentado cometido en diciembre de 2006 contra la Terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas se reactiva. La Policía Nacional ha entregado un amplio informe al juez Francisco de Jorge en el que detalla el papel que entonces jugó el comité ejecutivo de la organización terrorista, denominado Zuzendaritza Batzordea (Zuba), y quiénes lo integraban en aquel momento. Los expertos policiales concluyen que solo los integrantes de este órgano tenían la capacidad de dar la orden de colocar la furgoneta bomba que causó la muerte de Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate; dejó heridas a una veintena de personas; provocó graves daños materiales; y precipitó el fin de las negociaciones que la banda mantenía en aquel momento con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
El documento incide en que solo los miembros del comité ejecutivo de la banda podían ordenar colocar aquella bomba en plena negociación con el Gobierno
La investigación abierta en la Audiencia Nacional en enero de 2022 para indagar en la presunta implicación de cuatro exjefes de ETA en el atentado cometido en diciembre de 2006 contra la Terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas se reactiva. La Policía Nacional ha entregado un amplio informe al juez Francisco de Jorge en el que detalla el papel que entonces jugó el comité ejecutivo de la organización terrorista, denominado Zuzendaritza Batzordea (Zuba), y quiénes lo integraban en aquel momento. Los expertos policiales concluyen que solo los integrantes de este órgano tenían la capacidad de dar la orden de colocar la furgoneta bomba que causó la muerte de Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate; dejó heridas a una veintena de personas; provocó graves daños materiales; y precipitó el fin de las negociaciones que la banda mantenía en aquel momento con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Esta causa se reimpulsó hace cuatro años y medio después de que la asociación de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ) presentara una querella contra los exjefes de ETA Jose Antonio Urrutikoetxea, alias Josu Ternera y actualmente en libertad bajo control judicial en Francia; Mikel Carrera Sarobe, Ata; Ainhoa Ozaeta, Kuraia,y Airtzol Iriondo, Gurbitz, por su presunta responsabilidad en aquel atentado al encontrarse cuando se cometió supuestamente integrados en el comité ejecutivo de la banda armada. Esta asociación de víctimas lleva años intentando abrir una vía en los tribunales para condenar a los exdirigentes de la organización terrorista como “autores mediatos por dominio” de los atentados cometidos por sus subordinados —una especie de inductores intelectuales de los crímenes, al tener el control absoluto de la banda—. En el último lustro se han reactivado, al menos, media docena de causas para dirigirlas contra más de una veintena de exdirigentes de ETA.
Dentro de esta estrategia, en enero del año pasado, DyJ pidió la prórroga de la instrucción de la causa por el atentado de la T-4 e intentó reactivar las pesquisas, planteando la juez la necesidad de solicitar a la Policía Nacional y la Guardia Civil sendos informes en los que se detallase, a partir de la documentación intervenida a lo largo de los años en la lucha antiterrorista, la identidad “de toda la estructura de mando” de la banda armada en los meses previos al atentado de la T-4, así como “los mecanismos internos” en la toma de decisiones. El juez aceptó días después la realización de estos análisis al considerar que ayudarían a “determinar la participación de los querellados en la decisión de atentar contra la terminal del aeropuerto de Barajas”.
Ahora, más de un año después, el primero de esos informes se ha incorporado a la causa. Es el elaborado por la Policía, en el que, a lo largo de sus 176 páginas, identifica a ocho miembros de ETA como integrantes de su dirección en los tres meses previos al atentado de la T-4. Entre ellos están los cuatro contra los que DyJ presentó inicialmente la querella ―Urrutikoetxea, Iriondo, Carrera y Ozaeta― y añade otros cuatro más: Garikoitz Aspiazu, Txeroki, Francisco Javier López Peña, Thierry, Igor Suberbiola e Iratxe Sorzabal. De estos últimos, el documento policial advierte que uno de ellos, Thierry ―considerado el responsable de la ruptura de aquella tregua tras desplazar a Ternera en las negociaciones con el Ejecutivo―, falleció el 30 de marzo de 2013 y, por tanto, “su responsabilidad criminal está extinguida”.
Una vez identificados los presuntos integrantes de la Zuba en aquellos meses, el informe policial hace hincapié en que ETA tenía una manera de funcionar “sumamente estructurada y jerarquizada”, “casi de naturaleza ‘militar” y con “una férrea disciplina”, en la que la dirección “ejercía un control total sobre los actos de sus militantes”, por lo que los comandos no decidían los atentados que realizaban, sino que se limitaban a ser una “mera herramienta operativa” al servicio de una estrategia fijada por la Zuba. Era en el seno de esta última, que “funcionaba de forma colegiada”, en la que “se adoptaban las decisiones estratégicas y en muchas ocasiones incluso tácticas” y que incluían “el diseño, la planificación, la coordinación, dirección y, en ocasiones, además la orden o autorización de realizar los atentados terroristas que eran ejecutados por los comandos operativos”, señala el informe policial. Para ello, la Zuba se encargaba de “proporcionar los medios personales y materiales necesarios a los comandos armados operativos para la comisión de los atentados”, sobre todo en aquellas operaciones, como la de la T-4, que eran catalogadas como “especiales” por los propios dirigentes etarras.
En este sentido, los autores del informe recuerdan que la sentencia que condenó a Mattin Sarasola, Igor Portu y Mikel San Sebastián como autores materiales del atentado de Barajas recogía que, a finales de septiembre de 2006, “dos dirigentes de la cúpula” citaron a los tres en el monte Auza, en Navarra, y les propusieron colocar “una furgoneta cargada de explosivos” en la T4. El documento policial señala que este atentado fue la respuesta de ETA a lo que consideraba un “estancamiento” de su diálogo con el Gobierno por los supuestos “incumplimientos” de este. Por ello, el informe concluye que “la decisión [de perpetrar este atentado] fue tomada por la dirección que lo asumió así en un comunicado y lo justificó y explicó en un amplio informe en su Zutabe 112 [revista interna para militantes de la organización terrorista] en el que daba cuenta del proceso de negociación ETA”.
Tras el fin de la actividad terrorista de ETA y su disolución, las causas abiertas en la Audiencia Nacional sobre la banda han caído drásticamente. Aun así, con el impulso de algunas asociaciones de víctimas y el trabajo de equipos especializados de las fuerzas de seguridad que escarban en sus archivos para que los crímenes no prescriban, la Audiencia Nacional mantiene viva actualmente la vía para tratar de encausar a los exjefes de la organización por los atentados cometidos por sus subordinados durante sus mandatos. Durante el último lustro, los juzgados de instrucción han reimpulsado, al menos, media docena de investigaciones y han señalado a más de una veintena de sus antiguos máximos responsables. La tesis que se pone sobre la mesa es que, debido a la férrea jerarquía impuesta en la organización terrorista, “nada se movía” en ella sin que la cúpula lo supusiese o lo autorizase.
“Todos sus integrantes tenían una labor encomendada y un responsable al que rendían cuentas de ese desempeño; este responsable les transmitía las órdenes emanadas de otro responsable superior o directamente del órgano directivo”, ahonda este último informe de la Policía Nacional aportado a la causa sobre el atentado de la T-4, que remacha: “Las órdenes de cada responsable se acataban en la convicción de que no se trataba de una orden personal, sino que respondía a un plan elaborado por la cabeza de la organización”.
El juez Francisco de Jorge ya procesó en enero de 2025 a cinco jefes de ETA por el asesinato de Gregorio Ordóñez, el teniente de alcalde de San Sebastián por el PP asesinado el 23 de enero de 1995. Al dar ese paso, el magistrado atribuyó a todos ellos la “responsabilidad por todos y cada uno de los atentados cometidos por ETA durante el tiempo de su integración” en el comité de dirección de la banda. Según añadió el instructor, la cúpula de la organización controlaba la actuación de sus comandos y su funcionamiento, además de reservarse “la decisión de elegir los objetivos especiales, de singular trascendencia y relevancia política”. “Solo este hecho ya implica una potente intervención de los integrantes del comité en la cadena causal de los atentados”, añadía.
“La dirección de ETA marcaba asesinatos ‘selectivos’ tanto del mundo político como empresarial”, escribió también la magistrada instructora María Tardón al procesar en 2024 a cuatro jefes por el asesinato del empresario Francisco Arratibel perpetrado en 1997. El juez Manuel García-Castellón expuso una idea similar al dictar el procesamiento ese mismo año de cuatro jefes (aunque el de tres fue anulado después) por la muerte a tiros del concejal popular Miguel Ángel Blanco en 1997: “Ostentaban suficiente capacidad de mando y de decisión sobre la actividad terrorista de la organización tanto como para haber podido tomar la decisión de que no se secuestrase a la víctima, como para evitar el desenlace último del secuestro al haber podido dar al comando Donosti de ETA la orden expresa y concreta de poner en libertad a Blanco Garrido y, a pesar de ello, no lo hicieron”.
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