En una maniobra inesperada, los máximos dirigentes de tres países suníes —Turquía, Arabia Saudí y Pakistán— han suscrito el Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca, cuyo comunicado oficial establece el principio de que “cualquier ataque armado contra cualquiera de los tres Estados se considerará un ataque contra todos ellos”.
La UE debería tomar nota de los planteamientos del seguridad del acuerdo militar entre Turquía, Arabia Saudí y Pakistán
En una maniobra inesperada, los máximos dirigentes de tres países suníes —Turquía, Arabia Saudí y Pakistán— han suscrito el Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca, cuyo comunicado oficial establece el principio de que “cualquier ataque armado contra cualquiera de los tres Estados se considerará un ataque contra todos ellos”.
El acuerdo pone de manifiesto una voluntad que el tiempo pondrá a prueba y señala la irrupción de aspiraciones disuasorias que apuntan a Teherán. Cada uno de los Estados firmantes aporta un valor complementario: Arabia Saudí, recursos financieros y peso energético; Turquía —el segundo ejército más numeroso de la OTAN—, industria armamentística y de drones; Pakistán —el único país musulmán con arsenal nuclear—, experiencia de campo y un estamento militar consolidado a fondo. Aunque bajo la superficie de esta matriz de alianzas cruzadas chirrían las contradicciones: ¿movilizaría Pakistán su arsenal contra Irán si un misil cayera sobre suelo saudí? ¿Arriesgarían Riad o Ankara su relación con Nueva Delhi por una escaramuza fronteriza entre paquistaníes e indios?
Disquisiciones aparte, el pacto formaliza un marco trilateral que favorecerá la cooperación en I+D, el intercambio de inteligencia y la vigilancia marítima. Por el momento, su relevancia reside en la suma de capacidades defensivas que altera el balance de fuerzas de cuantos países pudieran verse, directa o indirectamente, afectados.
Donald Trump ha bendecido a la criatura —“un primer paso importante, grande y valiente”, proclamó—. Desde una óptica apaciguadora, no supone un rechazo ni un distanciamiento de Estados Unidos, sino que encajaría con el propósito de la Casa Blanca de que socios y aliados aumenten la carga de su defensa, de modo que Washington pueda, en palabras del Atlantic Council, “recalibrar su papel militar en la región y pasar de garante de seguridad a integrador”. Un deseo extensible a Europa y Asia, como ya se ha visto con Corea del Sur.
Esta integración, si llega a materializarse, no será necesariamente la que se vislumbraba antes del 7 de octubre de 2023 —un Oriente Próximo articulado en torno al IMEC (el proyecto de corredor económico de India a Europa pasando Oriente Medio, del que forman parte ocho países y la UE) y a los Acuerdos de Abraham, orientados a la normalización de relaciones con Israel—, sino algo más incierto. El ataque de Hamás desató fuerzas de cambio que nadie había anticipado y que, tres años después, siguen sin agotarse. El nuevo alineamiento podría perfilar una región bifurcada en dos bloques, cada uno con sus propias ramificaciones. La lógica es sencilla y antigua: si los firmantes de La Meca ganan influencia, será en detrimento de sus rivales, y no es de extrañar que estos busquen a su vez formas de contrarrestarlo estrechando lazos entre ellos.
De un lado se sitúan Arabia Saudí, Turquía y Pakistán; del otro, un eje aún informal formado por Israel, India y, en menor medida, Grecia, Chipre y los Emiratos Árabes Unidos. Empecemos por Israel, al que Erdogan señala cada vez con más frecuencia como país “enemigo” y que teje redes de cooperación en defensa en dos direcciones: por un lado, con Grecia y Chipre —rivales históricos de Turquía, poco dispuestos a ver con buenos ojos su creciente presencia militar en el Mediterráneo Oriental—; por otro, con la India, antagonista de Pakistán, que observa con recelo cómo La Meca podría fortalecer a Islamabad, estrechamente vinculado a su vez con Turquía, que le presta apoyo político en la cuestión de Cachemira y suministra armamento. Con los Emiratos, Israel ha reforzado los lazos de seguridad, y ha normalizado relaciones por la vía de los Acuerdos de Abraham.
Arabia Saudí ocupa, además, el centro geográfico del propio IMEC. Pese a su dependencia de Estados Unidos —sellada por el acuerdo nuclear entre ambos países—, Riad no parece dispuesta a sumarse a los Acuerdos de Abraham mientras no exista un Estado palestino, condición que ha puesto en disputa el propio trazado del corredor: una nueva ruta propuesta llevaría el ferrocarril desde Arabia Saudí hasta Europa atravesando Jordania, Siria y Turquía, esquivando Israel por completo.
La inestabilidad provocada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha llevado a las potencias medias de la región a tomar la iniciativa y añadir un estrato adicional de seguridad. Los firmantes de La Meca comparten el interés de proteger el estrecho de Ormuz, pero también el de Bab el-Mandeb, en el mar Rojo, lo que subraya la importancia estratégica de los estrechos y corredores marítimos que dan acceso a las principales líneas de comunicación marítima.
La Unión Europea, que forma parte del IMEC, debería tomar nota. El continente cuenta con su propio estrecho, el de Gibraltar, frontera liminal entre dos continentes y embudo que conecta el Atlántico con el Mediterráneo. Su importancia no es menor que la de Ormuz o Bab el-Mandeb: su control determina, en última instancia, la capacidad europea de proyectar —o de sufrir— influencia en su propio flanco sur. De ahí que la crisis de Ceuta, y lo que concierne a Marruecos en términos más amplios, vaya más allá de una cuestión migratoria y de fronteras, y se adentre en el terreno de la seguridad estratégica: quien controla los accesos a Gibraltar condiciona, también, el margen de maniobra de la propia Unión Europea.
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