Los centros de datos cargan contra la intención del Gobierno, desvelada por ABC, de arrogarse capacidad de veto sobre las inversiones extranjeras en estas infraestructuras. Fuentes oficiales de la patronal SpainDC, que lleva semanas chocando con el Ejecutivo por otra regulación en la materia, explica su profunda preocupación por «el señalamiento a un sector que ya está sometido a una enorme incertidumbre regulatoria».«España no puede decir que quiere atraer inversión digital y, al mismo tiempo, enviar la señal de que esa inversión estará bajo sospecha por el mero hecho de ser un centro de datos», indican desde la organización. Unas palabras en respuesta a la consulta pública del Ministerio de Economía en la que el departamento de Carlos Cuerpo revela que quiere ampliar aún más el llamado escudo antiopas, implantado por primera vez en 2020 y por el cual el Gobierno tiene capacidad de intervención en inversiones extranjeras en España en determinados sectores calificados como estratégicos. La patronal muestra, además, su enorme sorpresa por ser el único sector mencionado en la consulta pública.El cambio, en este caso, vendría al considerar a los centros de datos como estratégicos para que queden bajo el paraguas del escudo antiopas . Y la consulta pública, según ha desvelado ABC, no solo abarca a la intervención del Ejecutivo en casos en los que una tecnológica extranjera vaya a comprar una infraestructura ya existente sino que también aplicaría en inversiones que parten de cero, es decir, por ejemplo cuando Amazon desde inicio compra un terreno y levanta su propio centro desde los cimientos.Esta forma de articular la nueva normativa supondrá afectar a prácticamente todos los centros de datos, ya sean existentes de antes o nuevos proyectos. Además, en este caso concurre el hecho de que la amplísima mayoría de estas infraestructuras son propiedad y las explotan las grandes tecnológicas americanas como Amazon, Google, Meta, Microsoft , etc. Así, el Gobierno tendría capacidad de veto en toda operación que se moviera en este sector.«Plantear ahora una nueva capacidad de veto supone otra vuelta de tuerca y contribuye a aumentar la sensación de cerco regulatorio que preocupa especialmente después de la incertidumbre generada durante este último mes. Esperamos que cualquier desarrollo normativo respete los derechos adquiridos y las situaciones ya consolidadas de quienes han comprometido inversiones bajo el marco vigente porque la seguridad jurídica es esencial para ser competitivos en cualquier ámbito», añaden desde la patronal SpainDC, que no oculta su preocupación por estas intenciones del Gobierno, que se unen a las tensiones de las últimas semanas por otro real decreto que está sobre la mesa.Polémica tras polémicaLa marejada del sector tecnológico contra el Gobierno comenzó hace unas semanas con otro proyecto de real decreto que regula los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital aplicables al sector.Una normativa ampliamente contestada por la patronal y también en privado por las grandes tecnológicas a título individual hasta el punto de advertir de que están en riesgo inversiones milmillonarias por las exigencias que les impone el nuevo real decreto para levantar centros de datos, especialmente en materia energética. «No estamos ante una obligación aislada; la suma de requisitos puede convertir esta regulación en un veto al sector . El diseño es inviable», dijo Emilio Díaz, presidente SpainDC, hace escasos días. «Hay elementos que creemos contrarios al ordenamiento jurídico y sobrepasa lo que puede hacerse por esta vía. Cuando una norma impone obligaciones de esta intensidad, la cobertura legal tiene que ser especialmente sólida», añadió Begoña Villacís, directora ejecutiva de la patronal.Uno de los principales motivos de rechazo es que el proyecto normativo no afecta únicamente a futuras inversiones, sino también a proyectos que llevan años desarrollándose e invirtiendo bajo el marco regulatorio actual, denunció la organización SpainDC. «Determinados proyectos que ya cuentan con permisos de acceso y conexión concedidos tendrían seis meses para adaptarse; esto significa que compañías que ya tiene comprometidos suelo, licencias, obra, financiación, equipamiento, contratos energéticos o acuerdos con clientes deben empezar a planificar de nuevo desde cero», insistieron. Los centros de datos cargan contra la intención del Gobierno, desvelada por ABC, de arrogarse capacidad de veto sobre las inversiones extranjeras en estas infraestructuras. Fuentes oficiales de la patronal SpainDC, que lleva semanas chocando con el Ejecutivo por otra regulación en la materia, explica su profunda preocupación por «el señalamiento a un sector que ya está sometido a una enorme incertidumbre regulatoria».«España no puede decir que quiere atraer inversión digital y, al mismo tiempo, enviar la señal de que esa inversión estará bajo sospecha por el mero hecho de ser un centro de datos», indican desde la organización. Unas palabras en respuesta a la consulta pública del Ministerio de Economía en la que el departamento de Carlos Cuerpo revela que quiere ampliar aún más el llamado escudo antiopas, implantado por primera vez en 2020 y por el cual el Gobierno tiene capacidad de intervención en inversiones extranjeras en España en determinados sectores calificados como estratégicos. La patronal muestra, además, su enorme sorpresa por ser el único sector mencionado en la consulta pública.El cambio, en este caso, vendría al considerar a los centros de datos como estratégicos para que queden bajo el paraguas del escudo antiopas . Y la consulta pública, según ha desvelado ABC, no solo abarca a la intervención del Ejecutivo en casos en los que una tecnológica extranjera vaya a comprar una infraestructura ya existente sino que también aplicaría en inversiones que parten de cero, es decir, por ejemplo cuando Amazon desde inicio compra un terreno y levanta su propio centro desde los cimientos.Esta forma de articular la nueva normativa supondrá afectar a prácticamente todos los centros de datos, ya sean existentes de antes o nuevos proyectos. Además, en este caso concurre el hecho de que la amplísima mayoría de estas infraestructuras son propiedad y las explotan las grandes tecnológicas americanas como Amazon, Google, Meta, Microsoft , etc. Así, el Gobierno tendría capacidad de veto en toda operación que se moviera en este sector.«Plantear ahora una nueva capacidad de veto supone otra vuelta de tuerca y contribuye a aumentar la sensación de cerco regulatorio que preocupa especialmente después de la incertidumbre generada durante este último mes. Esperamos que cualquier desarrollo normativo respete los derechos adquiridos y las situaciones ya consolidadas de quienes han comprometido inversiones bajo el marco vigente porque la seguridad jurídica es esencial para ser competitivos en cualquier ámbito», añaden desde la patronal SpainDC, que no oculta su preocupación por estas intenciones del Gobierno, que se unen a las tensiones de las últimas semanas por otro real decreto que está sobre la mesa.Polémica tras polémicaLa marejada del sector tecnológico contra el Gobierno comenzó hace unas semanas con otro proyecto de real decreto que regula los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital aplicables al sector.Una normativa ampliamente contestada por la patronal y también en privado por las grandes tecnológicas a título individual hasta el punto de advertir de que están en riesgo inversiones milmillonarias por las exigencias que les impone el nuevo real decreto para levantar centros de datos, especialmente en materia energética. «No estamos ante una obligación aislada; la suma de requisitos puede convertir esta regulación en un veto al sector . El diseño es inviable», dijo Emilio Díaz, presidente SpainDC, hace escasos días. «Hay elementos que creemos contrarios al ordenamiento jurídico y sobrepasa lo que puede hacerse por esta vía. Cuando una norma impone obligaciones de esta intensidad, la cobertura legal tiene que ser especialmente sólida», añadió Begoña Villacís, directora ejecutiva de la patronal.Uno de los principales motivos de rechazo es que el proyecto normativo no afecta únicamente a futuras inversiones, sino también a proyectos que llevan años desarrollándose e invirtiendo bajo el marco regulatorio actual, denunció la organización SpainDC. «Determinados proyectos que ya cuentan con permisos de acceso y conexión concedidos tendrían seis meses para adaptarse; esto significa que compañías que ya tiene comprometidos suelo, licencias, obra, financiación, equipamiento, contratos energéticos o acuerdos con clientes deben empezar a planificar de nuevo desde cero», insistieron.
Los centros de datos cargan contra la intención del Gobierno, desvelada por ABC, de arrogarse capacidad de veto sobre las inversiones extranjeras en estas infraestructuras. Fuentes oficiales de la patronal SpainDC, que lleva semanas chocando con el Ejecutivo por otra regulación en la materia, … explica su profunda preocupación por «el señalamiento a un sector que ya está sometido a una enorme incertidumbre regulatoria».
«España no puede decir que quiere atraer inversión digital y, al mismo tiempo, enviar la señal de que esa inversión estará bajo sospecha por el mero hecho de ser un centro de datos», indican desde la organización. Unas palabras en respuesta a la consulta pública del Ministerio de Economía en la que el departamento de Carlos Cuerpo revela que quiere ampliar aún más el llamado escudo antiopas, implantado por primera vez en 2020 y por el cual el Gobierno tiene capacidad de intervención en inversiones extranjeras en España en determinados sectores calificados como estratégicos. La patronal muestra, además, su enorme sorpresa por ser el único sector mencionado en la consulta pública.
El cambio, en este caso, vendría al considerar a los centros de datos como estratégicos para que queden bajo el paraguas del escudo antiopas. Y la consulta pública, según ha desvelado ABC, no solo abarca a la intervención del Ejecutivo en casos en los que una tecnológica extranjera vaya a comprar una infraestructura ya existente sino que también aplicaría en inversiones que parten de cero, es decir, por ejemplo cuando Amazon desde inicio compra un terreno y levanta su propio centro desde los cimientos.
Esta forma de articular la nueva normativa supondrá afectar a prácticamente todos los centros de datos, ya sean existentes de antes o nuevos proyectos. Además, en este caso concurre el hecho de que la amplísima mayoría de estas infraestructuras son propiedad y las explotan las grandes tecnológicas americanas como Amazon, Google, Meta, Microsoft, etc. Así, el Gobierno tendría capacidad de veto en toda operación que se moviera en este sector.
«Plantear ahora una nueva capacidad de veto supone otra vuelta de tuerca y contribuye a aumentar la sensación de cerco regulatorio que preocupa especialmente después de la incertidumbre generada durante este último mes. Esperamos que cualquier desarrollo normativo respete los derechos adquiridos y las situaciones ya consolidadas de quienes han comprometido inversiones bajo el marco vigente porque la seguridad jurídica es esencial para ser competitivos en cualquier ámbito», añaden desde la patronal SpainDC, que no oculta su preocupación por estas intenciones del Gobierno, que se unen a las tensiones de las últimas semanas por otro real decreto que está sobre la mesa.
Polémica tras polémica
La marejada del sector tecnológico contra el Gobierno comenzó hace unas semanas con otro proyecto de real decreto que regula los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital aplicables al sector.
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Una normativa ampliamente contestada por la patronal y también en privado por las grandes tecnológicas a título individual hasta el punto de advertir de que están en riesgo inversiones milmillonarias por las exigencias que les impone el nuevo real decreto para levantar centros de datos, especialmente en materia energética. «No estamos ante una obligación aislada; la suma de requisitos puede convertir esta regulación en un veto al sector. El diseño es inviable», dijo Emilio Díaz, presidente SpainDC, hace escasos días. «Hay elementos que creemos contrarios al ordenamiento jurídico y sobrepasa lo que puede hacerse por esta vía. Cuando una norma impone obligaciones de esta intensidad, la cobertura legal tiene que ser especialmente sólida», añadió Begoña Villacís, directora ejecutiva de la patronal.
Uno de los principales motivos de rechazo es que el proyecto normativo no afecta únicamente a futuras inversiones, sino también a proyectos que llevan años desarrollándose e invirtiendo bajo el marco regulatorio actual, denunció la organización SpainDC. «Determinados proyectos que ya cuentan con permisos de acceso y conexión concedidos tendrían seis meses para adaptarse; esto significa que compañías que ya tiene comprometidos suelo, licencias, obra, financiación, equipamiento, contratos energéticos o acuerdos con clientes deben empezar a planificar de nuevo desde cero», insistieron.
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