Dos millones de contratos de alquiler, 1,6 millones de hogares que podrían beneficiarse de nuevas deducciones y quienes intentan comprar su primera vivienda están entre los principales destinatarios de los dos decretos aprobados este martes por el Gobierno. Las medidas afectan directamente a cuánto puede subir un alquiler, cuánto tiempo puede mantenerse un contrato y qué ayuda puede recibir una familia para comprar una casa.
Los decretos todavía deberán ser convalidados por el Congreso, para lo que el Gobierno ha solicitado la celebración de un pleno extraordinario este viernes.
Una de las medidas de mayor alcance para quienes viven de alquiler es la prórroga durante dos años de los contratos que terminen antes del 31 de diciembre de 2028. Según las estimaciones trasladadas por el Ejecutivo, podría afectar a alrededor de dos millones de contratos.
Además, uno de los decretos establece la renovación automática de los alquileres de vivienda habitual. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha explicado que esta continuidad estará pensada principalmente para proteger al inquilino, aunque se contemplarán excepciones cuando el propietario necesite recuperar la casa para sí mismo o para determinados familiares.
El alquiler no podrá subir más de un 2% hasta finales de 2027
Otra de las medidas que tendrá un efecto directo en el bolsillo es la limitación de las actualizaciones anuales de los alquileres.
Los contratos que se encuentren por encima del índice máximo de precios tendrán congelada la actualización anual al 0%. Para el resto, la subida estará limitada al 2% hasta el 31 de diciembre de 2027.
El Gobierno ya había aprobado anteriormente límites extraordinarios a las actualizaciones del alquiler ante el incremento de los precios.
Además, en las zonas declaradas tensionadas, los propietarios no podrán sortear los límites de precios añadiendo al recibo nuevos gastos, cuotas, tasas, impuestos o servicios que terminen pagando los inquilinos.
Bonificaciones para quienes ganen hasta 30.000 o 33.000 euros
Los decretos incluyen también nuevas bonificaciones fiscales para personas que viven de alquiler y tienen ingresos de hasta 30.000 o 33.000 euros, dependiendo de las circunstancias que establezca finalmente la norma.
Las deducciones serán mayores para las rentas más bajas. Según las estimaciones de la Agencia Tributaria trasladadas por Rodríguez, podrían alcanzar a alrededor de 1,6 millones de hogares y, en determinados casos, suponer un ahorro similar al importe de un mes de alquiler.
Hasta 50.000 euros al 0% para comprar la primera vivienda
Para quienes quieran comprar su primera casa, el Gobierno anuncia un nuevo mecanismo denominado ‘Tu Casa’.
El Estado, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), podrá financiar hasta el 20% del valor de la vivienda mediante un préstamo hipotecario con un tipo de interés del 0%.
La cantidad tendrá un límite máximo de 50.000 euros.
En la práctica, la medida pretende resolver uno de los principales obstáculos para quienes cuentan con ingresos suficientes para pagar una hipoteca pero no disponen del ahorro previo que suelen exigir las entidades bancarias para cubrir la parte del precio que no financian.
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 ya contempla otras ayudas para facilitar la adquisición de vivienda, especialmente para jóvenes y en municipios pequeños.
Más protección frente a los desahucios
El paquete amplía hasta 2030 la protección frente a determinados desahucios de hogares vulnerables.
No se trata de una paralización general de todos los desahucios, sino de una protección para determinados hogares que cumplan las condiciones económicas y sociales recogidas en la normativa.
El Gobierno había extendido previamente este mecanismo hasta finales de 2026 para personas vulnerables sin alternativa habitacional.
Los alquileres de temporada tendrán que justificar que realmente lo son
El Ejecutivo quiere también cerrar una de las vías utilizadas en los últimos años para evitar las reglas del alquiler habitual: los contratos de temporada y por habitaciones.
A partir de la nueva regulación será necesario acreditar por qué un contrato es temporal. Además, cuando se encadenen varios contratos de temporada, podrán pasar a considerarse legalmente alquileres de vivienda habitual.
El Gobierno pretende así evitar que viviendas utilizadas realmente como residencia permanente se alquilen sucesivamente mediante contratos temporales para eludir las obligaciones aplicables al alquiler convencional.
La regulación de este tipo de contratos ya figuraba entre las medidas que el Ejecutivo venía negociando durante los últimos meses.
Los pisos turísticos pagarán un 10% de IVA
También habrá cambios para las viviendas destinadas al alquiler turístico.
El decreto establece un IVA del 10% para estos alojamientos, que actualmente están exentos en determinados supuestos. La propuesta inicial del Gobierno planteaba elevarlo al 21%, pero la cifra finalmente acordada se ha rebajado durante la negociación.
También se fija una duración máxima de 31 días para este tipo de alquiler, se contempla la posibilidad de aumentar el IBI en zonas tensionadas y se refuerzan las sanciones relacionadas con las plataformas digitales.
Más presión fiscal sobre las viviendas vacías
Los propietarios que mantengan viviendas desocupadas también pueden verse afectados.
Los ayuntamientos podrán aplicar mayores recargos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas vacías y el Gobierno plantea incrementar su tributación en el IRPF.
Al mismo tiempo, se refuerza el derecho de tanteo y retracto de los inquilinos, que permitirá al arrendatario tener preferencia en determinadas operaciones de venta. Este derecho se ampliará además a operaciones sobre edificios completos y carteras de viviendas.
Límites a las compras de fondos inmobiliarios
Hasta 2028 se pretende restringir la compra de viviendas y edificios residenciales por determinadas empresas y fondos cuya actividad esté centrada en adquirir inmuebles o carteras de deuda con fines especulativos y no para destinarlos a alquiler asequible.
El Gobierno también modificará la fiscalidad de las Socimi, imponiendo un gravamen de hasta el 25% sobre determinados beneficios no distribuidos, mientras favorecerá fiscalmente a las que destinen sus viviendas a alquiler asequible.
El Ejecutivo viene defendiendo desde hace meses que parte de la vivienda actualmente destinada a inversión o turismo vuelva al mercado residencial.
Lo aprobado todavía no es definitivo
Aunque el Consejo de Ministros ha aprobado los dos reales decretos, su continuidad depende ahora del Congreso.
El Gobierno quiere que sean convalidados este viernes y reconoce que algunas de las medidas, especialmente la renovación automática de los contratos, cuentan todavía con una negociación parlamentaria menos avanzada.
Por tanto, para inquilinos y propietarios, lo relevante ahora es que muchas de estas medidas no quedarán definitivamente consolidadas hasta conocer el resultado de esa votación.
El Gobierno plantea prorrogar contratos durante dos años, limitar las revisiones del alquiler, ofrecer préstamos al 0% para la primera vivienda y ampliar la protección frente a desahucios
Dos millones de contratos de alquiler, 1,6 millones de hogares que podrían beneficiarse de nuevas deducciones y quienes intentan comprar su primera vivienda están entre los principales destinatarios de los dos decretos aprobados este martes por el Gobierno. Las medidas afectan directamente a cuánto puede subir un alquiler, cuánto tiempo puede mantenerse un contrato y qué ayuda puede recibir una familia para comprar una casa.
Los decretos todavía deberán ser convalidados por el Congreso, para lo que el Gobierno ha solicitado la celebración de un pleno extraordinario este viernes.
Una de las medidas de mayor alcance para quienes viven de alquiler es la prórroga durante dos años de los contratos que terminen antes del 31 de diciembre de 2028. Según las estimaciones trasladadas por el Ejecutivo, podría afectar a alrededor de dos millones de contratos.
Además, uno de los decretos establece la renovación automática de los alquileres de vivienda habitual. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha explicado que esta continuidad estará pensada principalmente para proteger al inquilino, aunque se contemplarán excepciones cuando el propietario necesite recuperar la casa para sí mismo o para determinados familiares.
Otra de las medidas que tendrá un efecto directo en el bolsillo es la limitación de las actualizaciones anuales de los alquileres.
Los contratos que se encuentren por encima del índice máximo de precios tendrán congelada la actualización anual al 0%. Para el resto, la subida estará limitada al 2% hasta el 31 de diciembre de 2027.
El Gobierno ya había aprobado anteriormente límites extraordinarios a las actualizaciones del alquiler ante el incremento de los precios.
Además, en las zonas declaradas tensionadas, los propietarios no podrán sortear los límites de precios añadiendo al recibo nuevos gastos, cuotas, tasas, impuestos o servicios que terminen pagando los inquilinos.
Los decretos incluyen también nuevas bonificaciones fiscales para personas que viven de alquiler y tienen ingresos de hasta 30.000 o 33.000 euros, dependiendo de las circunstancias que establezca finalmente la norma.
Las deducciones serán mayores para las rentas más bajas. Según las estimaciones de la Agencia Tributaria trasladadas por Rodríguez, podrían alcanzar a alrededor de 1,6 millones de hogares y, en determinados casos, suponer un ahorro similar al importe de un mes de alquiler.
Para quienes quieran comprar su primera casa, el Gobierno anuncia un nuevo mecanismo denominado ‘Tu Casa’.
El Estado, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), podrá financiar hasta el 20% del valor de la vivienda mediante un préstamo hipotecario con un tipo de interés del 0%.
La cantidad tendrá un límite máximo de 50.000 euros.
En la práctica, la medida pretende resolver uno de los principales obstáculos para quienes cuentan con ingresos suficientes para pagar una hipoteca pero no disponen del ahorro previo que suelen exigir las entidades bancarias para cubrir la parte del precio que no financian.
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 ya contempla otras ayudas para facilitar la adquisición de vivienda, especialmente para jóvenes y en municipios pequeños.
El paquete amplía hasta 2030 la protección frente a determinados desahucios de hogares vulnerables.
No se trata de una paralización general de todos los desahucios, sino de una protección para determinados hogares que cumplan las condiciones económicas y sociales recogidas en la normativa.
El Gobierno había extendido previamente este mecanismo hasta finales de 2026 para personas vulnerables sin alternativa habitacional.
El Ejecutivo quiere también cerrar una de las vías utilizadas en los últimos años para evitar las reglas del alquiler habitual: los contratos de temporada y por habitaciones.
A partir de la nueva regulación será necesario acreditar por qué un contrato es temporal. Además, cuando se encadenen varios contratos de temporada, podrán pasar a considerarse legalmente alquileres de vivienda habitual.
El Gobierno pretende así evitar que viviendas utilizadas realmente como residencia permanente se alquilen sucesivamente mediante contratos temporales para eludir las obligaciones aplicables al alquiler convencional.
La regulación de este tipo de contratos ya figuraba entre las medidas que el Ejecutivo venía negociando durante los últimos meses.
También habrá cambios para las viviendas destinadas al alquiler turístico.
El decreto establece un IVA del 10% para estos alojamientos, que actualmente están exentos en determinados supuestos. La propuesta inicial del Gobierno planteaba elevarlo al 21%, pero la cifra finalmente acordada se ha rebajado durante la negociación.
También se fija una duración máxima de 31 días para este tipo de alquiler, se contempla la posibilidad de aumentar el IBI en zonas tensionadas y se refuerzan las sanciones relacionadas con las plataformas digitales.
Los propietarios que mantengan viviendas desocupadas también pueden verse afectados.
Los ayuntamientos podrán aplicar mayores recargos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas vacías y el Gobierno plantea incrementar su tributación en el IRPF.
Al mismo tiempo, se refuerza el derecho de tanteo y retracto de los inquilinos, que permitirá al arrendatario tener preferencia en determinadas operaciones de venta. Este derecho se ampliará además a operaciones sobre edificios completos y carteras de viviendas.
Hasta 2028 se pretende restringir la compra de viviendas y edificios residenciales por determinadas empresas y fondos cuya actividad esté centrada en adquirir inmuebles o carteras de deuda con fines especulativos y no para destinarlos a alquiler asequible.
El Gobierno también modificará la fiscalidad de las Socimi, imponiendo un gravamen de hasta el 25% sobre determinados beneficios no distribuidos, mientras favorecerá fiscalmente a las que destinen sus viviendas a alquiler asequible.
El Ejecutivo viene defendiendo desde hace meses que parte de la vivienda actualmente destinada a inversión o turismo vuelva al mercado residencial.
Aunque el Consejo de Ministros ha aprobado los dos reales decretos, su continuidad depende ahora del Congreso.
El Gobierno quiere que sean convalidados este viernes y reconoce que algunas de las medidas, especialmente la renovación automática de los contratos, cuentan todavía con una negociación parlamentaria menos avanzada.
Por tanto, para inquilinos y propietarios, lo relevante ahora es que muchas de estas medidas no quedarán definitivamente consolidadas hasta conocer el resultado de esa votación.
Castilla-La Mancha – enTomelloso.com
