La Comisión Europea ha dado un varapalo a la Audiencia Provincial de Sevilla, que reclama que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie sobre el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía, desafiando al Tribunal Constitucional español. Los técnicos del Ejecutivo comunitario, que han intervenido con una respuesta prejudicial, consideran que el TJUE, con sede en Luxemburgo, es “manifiestamente incompetente” para pronunciarse sobre la anulación por parte del alto tribunal español de la pena a los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves, entre otros, al estimar sus recursos de amparo. Bruselas cree que no hay vínculo directo del caso con el presupuesto comunitario y que por tanto el asunto escapa a la aplicación de los tratados europeos. El caso, sin embargo, no termina aquí ya que el TJUE se pronunciará —aún no se sabe cuándo, no hay fecha para la audiencia— sobre si es competente o no, tras la respuesta del Ejecutivo comunitario.
Los técnicos de la Comisión Europea niegan la petición de la Audiencia Provincial de Sevilla y señalan que no hay vínculo con el derecho ni el presupuesto europeos
Los técnicos de la Comisión Europea niegan la petición de la Audiencia Provincial de Sevilla y señalan que no hay vínculo con el derecho ni el presupuesto europeos
La Comisión Europea ha dado un varapalo a la Audiencia Provincial de Sevilla, que reclama que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie sobre el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía, desafiando al Tribunal Constitucional español. Los técnicos del Ejecutivo comunitario, que han intervenido con una respuesta prejudicial, consideran que el TJUE, con sede en Luxemburgo, es “manifiestamente incompetente” para pronunciarse sobre la anulación por parte del alto tribunal español de la pena a los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves, entre otros, al estimar sus recursos de amparo. Bruselas cree que no hay vínculo directo del caso con el presupuesto comunitario y que por tanto el asunto escapa a la aplicación de los tratados europeos. El caso, sin embargo, no termina aquí ya que el TJUE se pronunciará —aún no se sabe cuándo, no hay fecha para la audiencia— sobre si es competente o no, tras la respuesta del Ejecutivo comunitario.
“El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es manifiestamente incompetente para responder a las cuestiones planteadas por la Audiencia de Sevilla mediante auto de 17 de julio de 2025”, consideran los técnicos comunitarios, según el escrito adelantado por Diario de Sevilla y al que ha tenido acceso EL PAÍS. Además, los cuatro técnicos señalan que no presentarán observaciones al caso al que achacan la falta de un “vínculo suficientemente directo con el presupuesto de la Unión” y por tanto con los intereses financieros europeos.
Eso asesta un golpe al argumento de la Audiencia Provincial de Sevilla, que ha elevado el caso a la justicia europea para que aclare cómo se adecuan las sentencias del Constitucional, dictadas en 2024, al derecho europeo y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE. Los jueces sevillanos aseguran que buscan evitar “un riesgo sistémico de impunidad futura en escenarios similares (…) y salvaguardar los intereses financieros de la UE”, según el auto.
Bruselas cree que el TJUE no es competente en el caso. “Como la fuente de financiación parece ser el presupuesto de la comunidad autónoma y no existe financiación con cargo al presupuesto de la Unión, el asunto principal no entra en el ámbito de aplicación material del artículo 325 TFUE [Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea] ni en el de las disposiciones de Derecho derivado relativas a la protección de los intereses financieros de la Unión mencionadas en las cuestiones prejudiciales”, dicen los técnicos de la Comisión Europea que, como en la inmensa mayoría de casos que pasan por el Tribunal de Luxemburgo emiten un dictamen prejudicial .
De hecho, los técnicos de Bruselas remarcan que ni siquiera la Audiencia Provincial de Sevilla, que interpuso su reclamo prejudicial alegando intereses europeos y del prepuesto comunitario, ha señalado la existencia de ese vínculo. “En las sentencias de la Audiencia Provincial, del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional no existe ninguna referencia a la financiación de la Unión en relación con el programa controvertido”, dice la Comisión.
Tras una larga instrucción de siete años y un juicio que se prolongó otro año, en 2019 la Audiencia sevillana enjuició el caso ERE y condenó a Chaves y Griñán y 17 ex altos cargos socialistas por prevaricación y malversación. En 2022 el Tribunal Supremo ratificó su tesis con otra sentencia condenatoria; y en 2024, el Tribunal Constitucional (TC) rebajó las condenas de manera notoria y ordenó a la Audiencia de Sevilla que reformulara sus sentencias anuladas, para adecuarlas a su criterio. No obstante, los jueces de la Audiencia desfilaron al Constitucional y, tras pedirlo el PP como acusación particular, rechazaron la orden del órgano de garantías y optaron por abrir el cauce para que la justicia europea decida. Algo que, pese al dictamen de los técnicos comunitarios, aún está pendiente, según su procedimiento, explican fuentes del TJUE.
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