Hay instituciones cuya función no es evitar los desacuerdos, sino permitir que puedan resolverse. Para eso existen. Durante más de 30 años en centros educativos aprendí una regla sencilla: una reunión puede terminar sin acuerdo, pero no debería dejar de celebrarse porque alguien decida no acudir. Un claustro difícil, un consejo escolar dividido o una sesión de evaluación tensa no pertenecen a quienes se sientan alrededor de la mesa. Se convocan para adoptar decisiones que afectan a otras personas.
El plantón de las 11 comunidades gobernadas por el PP impidió celebrar dos reuniones distintas y bloqueó fondos para las universidades públicas
Hay instituciones cuya función no es evitar los desacuerdos, sino permitir que puedan resolverse. Para eso existen. Durante más de 30 años en centros educativos aprendí una regla sencilla: una reunión puede terminar sin acuerdo, pero no debería dejar de celebrarse porque alguien decida no acudir. Un claustro difícil, un consejo escolar dividido o una sesión de evaluación tensa no pertenecen a quienes se sientan alrededor de la mesa. Se convocan para adoptar decisiones que afectan a otras personas.
Esta semana, las 11 comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular decidieron no participar en dos reuniones diferentes de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas: la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) y la Conferencia Sectorial de Educación. Su ausencia impidió alcanzar el quórum necesario y ninguna de las dos pudo celebrarse.
No perdieron una votación. Impidieron que se llegara a votar.
En la CGPU debía acordarse la distribución de 149,6 millones de euros del Programa María Goyri, destinados a financiar la incorporación de unos 3.400 profesores ayudantes doctores, renovar las plantillas de las universidades públicas y reducir su elevada temporalidad. En una segunda reunión, la de Educación debía aprobarse el reparto de más de 31 millones para el impulso y la mejora de la Formación Profesional. También quedaron pendientes otros asuntos relacionados con la cooperación educativa.
En conjunto, más de 180 millones de euros quedaron bloqueados. Pero reducir lo sucedido a una discusión sobre cantidades sería quedarse en la superficie. Lo más grave no es solo que unos fondos se retrasen, sino que los órganos creados para resolver las diferencias entre administraciones empiecen a utilizarse para agravarlas.
La política consiste en discrepar, negociar, presentar alternativas, ganar votaciones y también perderlas. Una comunidad autónoma puede rechazar una propuesta ministerial, exigir más financiación, reclamar otro reparto o votar en contra. Todo eso forma parte de la democracia. Impedir que el órgano competente pueda siquiera reunirse responde a una lógica distinta, porque ya no se discute el contenido de una decisión: se imposibilita el espacio institucional en el que esa discusión debe producirse.
Las comunidades ausentes justificaron su decisión por la emergencia provocada por los incendios forestales. Nadie debe restar importancia a su gravedad. Los incendios amenazan vidas, destruyen viviendas y explotaciones y exigen movilizar todos los medios disponibles. Pero las dos reuniones eran telemáticas. Cuesta aceptar que 11 administraciones autonómicas no pudieran designar a una sola persona para participar en ellas y defender los intereses de sus universidades, sus centros de FP, su profesorado y su alumnado. Gobernar consiste también en atender una emergencia sin abandonar las demás responsabilidades públicas.
Durante estos días se ha pedido moderación ante los incendios y se ha advertido, con razón, de los daños que provoca la polarización. Pero la polarización no se expresa únicamente mediante el insulto. También aparece cuando cada institución se convierte en una prolongación de la lucha entre partidos; cuando acudir a una reunión se interpreta como una concesión al adversario; cuando impedir una decisión parece más importante que defender a quienes dependen de ella.
Las conferencias sectoriales no pertenecen al Gobierno central ni al partido que ocupa temporalmente un ministerio. Son instrumentos del Estado autonómico para coordinar competencias, distribuir recursos y resolver diferencias entre administraciones de distinto signo. Existen precisamente porque la discrepancia es normal. Cuando su funcionamiento queda sometido a la conveniencia táctica de los partidos, no se perjudica únicamente al Gobierno de turno: se debilita la capacidad de las instituciones para prestar servicios públicos.
Quienes pagan esa estrategia no se sientan en un Consejo de Ministros
La pagan jóvenes investigadores que llevan años encadenando contratos; universidades que necesitan renovar sus plantillas y garantizar la continuidad de la docencia y la investigación; estudiantes de Formación Profesional que esperan mejores equipamientos y nuevas oportunidades; centros educativos y familias que dependen de decisiones que no llegaron a adoptarse. No son daños colaterales de una disputa política. Son las personas para las que esas instituciones fueron convocadas.
Madrid muestra con especial claridad esta contradicción. Sus seis universidades públicas arrastran graves problemas de financiación y elevados niveles de temporalidad. El Gobierno regional manifestó inicialmente sus reservas ante el Programa María Goyri, pero terminó firmando el acuerdo. Renunciar a centenares de plazas financiadas en buena medida por el Estado habría perjudicado seriamente a las universidades madrileñas. Sin embargo, Madrid contribuyó ahora a impedir la reunión que debía dar continuidad al programa.
El Gobierno madrileño puede cuestionar el modelo, exigir otro reparto y votar en contra de la propuesta ministerial. Lo que no resulta coherente es afirmar que las universidades de la región necesitan más recursos y participar, al mismo tiempo, en una estrategia que retrasa su llegada. Como portavoz de Educación en la Asamblea de Madrid, me preocupa especialmente la actuación del Gobierno de mi comunidad. Pero lo ocurrido va mucho más allá de Madrid y del conflicto concreto de esta semana. Nos obliga a preguntarnos qué lugar queremos reservar a las instituciones en una democracia cada vez más polarizada.
Una democracia no se deteriora únicamente cuando se incumple una ley, se restringe un derecho o se cuestiona la legitimidad del adversario. Existe también un deterioro más silencioso: el que comienza cuando las instituciones dejan de ser lugares donde resolver las diferencias y empiezan a utilizarse para agravarlas; cuando el diálogo se interpreta como debilidad y el bloqueo como una demostración de fuerza.
Una democracia no se deteriora solo cuando deja de votar. También cuando deja de reunirse.
Reunirse no significa que todas las partes deban alcanzar un acuerdo ni que quienes se sientan alrededor de una mesa tengan que renunciar a sus convicciones. Significa aceptar que existen reglas compartidas para expresar el desacuerdo y adoptar decisiones que afectan a millones de personas. El Partido Popular se equivoca no porque discrepe del Gobierno —tiene pleno derecho a hacerlo—, sino porque convierte unos órganos comunes en instrumentos de confrontación partidista. Las instituciones no pertenecen a quien las convoca ni a quien las gobierna en cada momento. Pertenecen a los ciudadanos a los que sirven.
Después de más de treinta años en la educación pública, sigo creyendo en una regla sencilla: se puede discutir todo, pero hay reuniones a las que estamos obligados a acudir, no por quien las convoca, sino por quienes esperan que hagamos nuestro trabajo.
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