
Durante los últimos meses se ha producido un debate interesante sobre la evolución de la economía catalana. Lo ha motivado el recientemente publicado Informe Fénix, una reflexión planteada por un grupo de expertos sobre la evolución de la economía catalana, que como principal conclusión destaca la existencia de lo que denomina “actividades altamente subvencionadas”. Se refiere a aquellos sectores económicos, en clara expansión, cuya media salarial está por debajo de un nivel de renta que no permite que sus trabajadores puedan contribuir a asumir los costos (vía impuestos y contribuciones sociales) ni siquiera de aquellos servicios públicos que va a recibir a lo largo de su vida.
El actual sistema promueve un colectivo laboral injustamente retribuido, a la vez que contribuye a empobrecer la economía catalana
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos
El actual sistema promueve un colectivo laboral injustamente retribuido, a la vez que contribuye a empobrecer la economía catalana
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Durante los últimos meses se ha producido un debate interesante sobre la evolución de la economía catalana. Lo ha motivado el recientemente publicado Informe Fénix, una reflexión planteada por un grupo de expertos sobre la evolución de la economía catalana, que como principal conclusión destaca la existencia de lo que denomina “actividades altamente subvencionadas”. Se refiere a aquellos sectores económicos, en clara expansión, cuya media salarial está por debajo de un nivel de renta que no permite que sus trabajadores puedan contribuir a asumir los costos (vía impuestos y contribuciones sociales) ni siquiera de aquellos servicios públicos que va a recibir a lo largo de su vida.
El informe analiza en profundidad los sectores del turismo y la transformación agroalimentaria. Nosotros quisiéramos añadir, como sector que también remunera “salarios subvencionados”, el ámbito de servicios a las personas o de servicios sociales.
El circuito habitual es el siguiente: la administración capta las necesidades sociales, el político promete servicios en las campañas electorales y cuando se concreta la prestación de este servicio no hay capacidad económica para prestarlo con dignidad. Entonces, ayuntamientos, Generalitat de Catalunya y otras administraciones inician proyectos externalizándolos en una competencia por precio. Precio que repercute en unos niveles salariales insuficientes que el propio sector se ve obligado a defender porque no puede repercutirlos a la administración que le ha contratado el servicio. Se trata, pues, de un círculo perverso en el que se traslada al profesional la falta de recursos del servicio que la administración pública quiere prestar.
Este círculo vicioso genera un sector, inmerso en el precariado, que además de tratar indignamente a las personas, ocasionará consecuencias futuras en la economía global, ya que como denuncia el Informe Fénix, el sistema acaba subvencionando de forma encubierta los servicios sociales que precisarán estos trabajadores. En algún caso, además (como por ejemplo en el subsector de los cuidados personales) buena parte de estos empleados son emigrantes. Es un sector que ha creado muchos puestos de trabajo pues es un ámbito intensivo en ocupación que difícilmente puede incrementar significativamente su productividad. Pero este colectivo humano va a ir requiriendo de servicios a las personas: escolarización de los hijos, sanidad, pensiones, prestaciones sociales, dependencia… ¿Cómo el sector público va a poder asumir los costos, si la repercusión fiscal del nivel salarial de estos trabajadores no permite costearlos? ¿Cómo va a recaudar los costos de los servicios a las personas si estos cada vez son más y con bajas aportaciones fiscales?
Estamos convencidos que, en un contexto de aumento de la dependencia, el crecimiento de los servicios a las personas es imprescindible, pero el actual sistema promueve un colectivo laboral injustamente retribuido, a la vez que contribuye a empobrecer la economía catalana. Las bajas retribuciones de las personas que se dedican a atender las crecientes necesidades derivadas del aumento de la esperanza de vida en nuestro país y la vulnerabilidad social no solo van a conllevar precariedad laboral, falta de profesionales y conflictividad en el sector, sino que además generarán una pérdida de contribución fiscal para atender los servicios a los que como personas tienen derecho.
Josep Oriol Pujol i Humet es director general de la Fundació Pere Tarrés
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