Cuatro de cada diez inversores que fueron sometidos a examen por el Gobierno de España en el marco de la normativa de control sobre inversiones extranjeras eran residentes en Estados Unidos . Lo confirma el Ministerio de Economía en su último informe de balance sobre el funcionamiento de este dispositivo en el ejercicio de 2025, en el que asegura también que no es un hecho aislado sino que se trata de un patrón que se repite desde que esta herramienta se puso en marcha.De las 130 solicitudes de países no UE analizadas por la Junta de Inversiones Exteriores el año pasado, el 40%, alrededor de medio centenar, fueron de actores residentes en Estados Unidos, muy por encima de las 18 que se examinaron de inversores de Reino Unido y de Emiratos Árabes y de las apenas ocho que se fiscalizaron de inversores chinos . Economía aclara no obstante que una misma operación puede implicar a varios inversores.Noticia relacionada general No No La Cámara de Comercio de EE.UU. en España lanza un memorándum para aplacar el ruido de las fricciones entre Sánchez y Trump Bruno PérezEs importante subrayar que el Gobierno solo examina las solicitudes cuando entiende que la empresa española en la que se quiere tomar una participación dispone de tecnologías críticas para la seguridad o el suministro nacional, cuando suministra bienes o servicios fundamentales para el país, cuando maneja información sensible o cuando existe el riesgo de que se pierda el control público sobre una determinada empresa.Una nueva era de controlesDurante cerca de tres lustros, entre 2006 y 2020, los inversores extranjeros que querían invertir en España no tenían que pasar por la ventanilla del Gobierno. La derogación de la célebre acción de oro, que durante años permitió a los gobiernos mantener un cierto control sobre las grandes empresas privatizadas (Telefónica, Endesa, Repsol), abrió una fase de liberalización de inversiones sin precedentes en la que grandes actores extranjeros consiguieron hacerse un hueco, cuando no controlar, el capital de algunas de las principales empresas españolas.La pandemia puso fin de manera abrupta a esta etapa. El 17 de marzo de 2020 el Gobierno aprovechó el decreto del escudo social para instaurar el que se ha conocido después como el escudo antiopas , un dispositivo de control de inversiones foráneas que nació como una herramienta transitoria a para impedir la toma de control de empresas españolas en un momento de baja valoración bursátil y que con el paso del tiempo, y tras varios retoques legales, ha acabado convertido en un sistema de control en toda regla.Según el último balance del Ministerio de Economía, entre 2022 y 2025 el Gobierno ha aprovechado el escudo antiopas para frenar o poner condiciones a 41 operaciones de inversores extranjeros en España, que el Ejecutivo entendió que amenazaban la autonomía estratégica nacional. En realidad, solo se han bloqueado dos operaciones y en el resto de los casos lo que se ha hecho es imponer condiciones, ‘medidas de mitigación’ según la terminología utilizada por el Ministerio de Economía «cuando se perciben riesgos y pueden mitigarse».181 Récord de fiscalización de inversiones El año pasado las autoridades españolas examinaron 181 solicitudes de inversores extranjeros para formalizar operaciones en España, de las cuales más de medio centenar se archivaron por no afectar a empresas estratégicas, 116 se autorizaron sin condiciones por no suponer una amenaza para la seguridad nacional y 14 fueron autorizadas con alguna condición. Es la mayor cifra en los últimos cinco años.Nunca antes se habían recibido tantas solicitudes como el año pasado. A juicio del Ministerio de Economía, encargado de gestionar este dispositivo, es porque tras seis ejercicios en funcionamiento -España fue uno de los países pioneros de la UE en reimplantar este mecanismo-, el sistema de control de inversiones extranjeras se ha convertido en «una norma predecible para los inversores».De las 181 solicitudes examinadas el año pasado, 116 se autorizaron sin condiciones tras no detectarse riesgos que comprometieran los principios de autonomía y suministro estratégico que la norma trata de preservar; 51 fueron directamente archivadas porque ni siquiera tenían que haber sido objeto de análisis al no afectar a empresas estratégicas; y 14 se autorizaron sujetas a algún tipo de compromiso por parte del inversor . El informe precisa que, en estos casos, las medidas estuvieron dirigidas a a aspectos como garantizar el correcto suministro de insumos fundamentales, limitar el acceso a información sensible y a preservar la soberanía del dato, asegurar la independencia financiera de la empresa adquirida, garantizar la independencia de los órganos de gobierno de la empresa adquirida y garantizar la libertad editorial y creativa en medios de comunicación.Está previsto que el marco que regula el esquema venza el próximo 31 de diciembre, pero el Gobierno tiene claro que en el actual contexto global el esquema se mantendrá. «En un contexto marcado por tensiones geopolíticas y comerciales a nivel internacional, el mecanismo de control de inversiones se ha consolidado como un instrumento clave, así como necesario para el futuro, para la preservación de la seguridad nacional». Cuatro de cada diez inversores que fueron sometidos a examen por el Gobierno de España en el marco de la normativa de control sobre inversiones extranjeras eran residentes en Estados Unidos . Lo confirma el Ministerio de Economía en su último informe de balance sobre el funcionamiento de este dispositivo en el ejercicio de 2025, en el que asegura también que no es un hecho aislado sino que se trata de un patrón que se repite desde que esta herramienta se puso en marcha.De las 130 solicitudes de países no UE analizadas por la Junta de Inversiones Exteriores el año pasado, el 40%, alrededor de medio centenar, fueron de actores residentes en Estados Unidos, muy por encima de las 18 que se examinaron de inversores de Reino Unido y de Emiratos Árabes y de las apenas ocho que se fiscalizaron de inversores chinos . Economía aclara no obstante que una misma operación puede implicar a varios inversores.Noticia relacionada general No No La Cámara de Comercio de EE.UU. en España lanza un memorándum para aplacar el ruido de las fricciones entre Sánchez y Trump Bruno PérezEs importante subrayar que el Gobierno solo examina las solicitudes cuando entiende que la empresa española en la que se quiere tomar una participación dispone de tecnologías críticas para la seguridad o el suministro nacional, cuando suministra bienes o servicios fundamentales para el país, cuando maneja información sensible o cuando existe el riesgo de que se pierda el control público sobre una determinada empresa.Una nueva era de controlesDurante cerca de tres lustros, entre 2006 y 2020, los inversores extranjeros que querían invertir en España no tenían que pasar por la ventanilla del Gobierno. La derogación de la célebre acción de oro, que durante años permitió a los gobiernos mantener un cierto control sobre las grandes empresas privatizadas (Telefónica, Endesa, Repsol), abrió una fase de liberalización de inversiones sin precedentes en la que grandes actores extranjeros consiguieron hacerse un hueco, cuando no controlar, el capital de algunas de las principales empresas españolas.La pandemia puso fin de manera abrupta a esta etapa. El 17 de marzo de 2020 el Gobierno aprovechó el decreto del escudo social para instaurar el que se ha conocido después como el escudo antiopas , un dispositivo de control de inversiones foráneas que nació como una herramienta transitoria a para impedir la toma de control de empresas españolas en un momento de baja valoración bursátil y que con el paso del tiempo, y tras varios retoques legales, ha acabado convertido en un sistema de control en toda regla.Según el último balance del Ministerio de Economía, entre 2022 y 2025 el Gobierno ha aprovechado el escudo antiopas para frenar o poner condiciones a 41 operaciones de inversores extranjeros en España, que el Ejecutivo entendió que amenazaban la autonomía estratégica nacional. En realidad, solo se han bloqueado dos operaciones y en el resto de los casos lo que se ha hecho es imponer condiciones, ‘medidas de mitigación’ según la terminología utilizada por el Ministerio de Economía «cuando se perciben riesgos y pueden mitigarse».181 Récord de fiscalización de inversiones El año pasado las autoridades españolas examinaron 181 solicitudes de inversores extranjeros para formalizar operaciones en España, de las cuales más de medio centenar se archivaron por no afectar a empresas estratégicas, 116 se autorizaron sin condiciones por no suponer una amenaza para la seguridad nacional y 14 fueron autorizadas con alguna condición. Es la mayor cifra en los últimos cinco años.Nunca antes se habían recibido tantas solicitudes como el año pasado. A juicio del Ministerio de Economía, encargado de gestionar este dispositivo, es porque tras seis ejercicios en funcionamiento -España fue uno de los países pioneros de la UE en reimplantar este mecanismo-, el sistema de control de inversiones extranjeras se ha convertido en «una norma predecible para los inversores».De las 181 solicitudes examinadas el año pasado, 116 se autorizaron sin condiciones tras no detectarse riesgos que comprometieran los principios de autonomía y suministro estratégico que la norma trata de preservar; 51 fueron directamente archivadas porque ni siquiera tenían que haber sido objeto de análisis al no afectar a empresas estratégicas; y 14 se autorizaron sujetas a algún tipo de compromiso por parte del inversor . El informe precisa que, en estos casos, las medidas estuvieron dirigidas a a aspectos como garantizar el correcto suministro de insumos fundamentales, limitar el acceso a información sensible y a preservar la soberanía del dato, asegurar la independencia financiera de la empresa adquirida, garantizar la independencia de los órganos de gobierno de la empresa adquirida y garantizar la libertad editorial y creativa en medios de comunicación.Está previsto que el marco que regula el esquema venza el próximo 31 de diciembre, pero el Gobierno tiene claro que en el actual contexto global el esquema se mantendrá. «En un contexto marcado por tensiones geopolíticas y comerciales a nivel internacional, el mecanismo de control de inversiones se ha consolidado como un instrumento clave, así como necesario para el futuro, para la preservación de la seguridad nacional».
Cuatro de cada diez inversores que fueron sometidos a examen por el Gobierno de España en el marco de la normativa de control sobre inversiones extranjeras eran residentes en Estados Unidos. Lo confirma el Ministerio de Economía en su último informe de balance sobre … el funcionamiento de este dispositivo en el ejercicio de 2025, en el que asegura también que no es un hecho aislado sino que se trata de un patrón que se repite desde que esta herramienta se puso en marcha.
De las 130 solicitudes de países no UE analizadas por la Junta de Inversiones Exteriores el año pasado, el 40%, alrededor de medio centenar, fueron de actores residentes en Estados Unidos, muy por encima de las 18 que se examinaron de inversores de Reino Unido y de Emiratos Árabes y de las apenas ocho que se fiscalizaron de inversores chinos. Economía aclara no obstante que una misma operación puede implicar a varios inversores.
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Es importante subrayar que el Gobierno solo examina las solicitudes cuando entiende que la empresa española en la que se quiere tomar una participación dispone de tecnologías críticas para la seguridad o el suministro nacional, cuando suministra bienes o servicios fundamentales para el país, cuando maneja información sensible o cuando existe el riesgo de que se pierda el control público sobre una determinada empresa.
Una nueva era de controles
Durante cerca de tres lustros, entre 2006 y 2020, los inversores extranjeros que querían invertir en España no tenían que pasar por la ventanilla del Gobierno. La derogación de la célebre acción de oro, que durante años permitió a los gobiernos mantener un cierto control sobre las grandes empresas privatizadas (Telefónica, Endesa, Repsol), abrió una fase de liberalización de inversiones sin precedentes en la que grandes actores extranjeros consiguieron hacerse un hueco, cuando no controlar, el capital de algunas de las principales empresas españolas.
La pandemia puso fin de manera abrupta a esta etapa. El 17 de marzo de 2020 el Gobierno aprovechó el decreto del escudo social para instaurar el que se ha conocido después como el escudo antiopas, un dispositivo de control de inversiones foráneas que nació como una herramienta transitoria a para impedir la toma de control de empresas españolas en un momento de baja valoración bursátil y que con el paso del tiempo, y tras varios retoques legales, ha acabado convertido en un sistema de control en toda regla.
Según el último balance del Ministerio de Economía, entre 2022 y 2025 el Gobierno ha aprovechado el escudo antiopas para frenar o poner condiciones a 41 operaciones de inversores extranjeros en España, que el Ejecutivo entendió que amenazaban la autonomía estratégica nacional. En realidad, solo se han bloqueado dos operaciones y en el resto de los casos lo que se ha hecho es imponer condiciones, ‘medidas de mitigación’ según la terminología utilizada por el Ministerio de Economía «cuando se perciben riesgos y pueden mitigarse».
181
Récord de fiscalización de inversiones
El año pasado las autoridades españolas examinaron 181 solicitudes de inversores extranjeros para formalizar operaciones en España, de las cuales más de medio centenar se archivaron por no afectar a empresas estratégicas, 116 se autorizaron sin condiciones por no suponer una amenaza para la seguridad nacional y 14 fueron autorizadas con alguna condición. Es la mayor cifra en los últimos cinco años.
Nunca antes se habían recibido tantas solicitudes como el año pasado. A juicio del Ministerio de Economía, encargado de gestionar este dispositivo, es porque tras seis ejercicios en funcionamiento -España fue uno de los países pioneros de la UE en reimplantar este mecanismo-, el sistema de control de inversiones extranjeras se ha convertido en «una norma predecible para los inversores».
De las 181 solicitudes examinadas el año pasado, 116 se autorizaron sin condiciones tras no detectarse riesgos que comprometieran los principios de autonomía y suministro estratégico que la norma trata de preservar; 51 fueron directamente archivadas porque ni siquiera tenían que haber sido objeto de análisis al no afectar a empresas estratégicas; y 14 se autorizaron sujetas a algún tipo de compromiso por parte del inversor.
El informe precisa que, en estos casos, las medidas estuvieron dirigidas a a aspectos como garantizar el correcto suministro de insumos fundamentales, limitar el acceso a información sensible y a preservar la soberanía del dato, asegurar la independencia financiera de la empresa adquirida, garantizar la independencia de los órganos de gobierno de la empresa adquirida y garantizar la libertad editorial y creativa en medios de comunicación.
Está previsto que el marco que regula el esquema venza el próximo 31 de diciembre, pero el Gobierno tiene claro que en el actual contexto global el esquema se mantendrá. «En un contexto marcado por tensiones geopolíticas y comerciales a nivel internacional, el mecanismo de control de inversiones se ha consolidado como un instrumento clave, así como necesario para el futuro, para la preservación de la seguridad nacional».
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