El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha enviado a prisión, acusados de delitos de terrorismo, a los dos disidentes de la izquierda abertzale detenidos por la Ertzaintza el sábado después de que se presentaran en la comisaría de Irún acompañados de su abogado. Se trata de Aratz Bilbao Gómez, de 34 años, y Malen Grünig Ibáñez, de 23 años, a los que el magistrado considera integrantes de Jardun Koordinadora, una organización integrada por disidentes de la izquierda abertzale supuestamente contrarios a la decisión que tomó ETA en octubre de 2011 de abandonar la violencia. Bilbao es señalado como “el motor principal” de este colectivo e “impulsor y dinamizador” del mismo. A su compañera, el magistrado la describe como “militante activa”. El magistrado esgrime para ordenar su encarcelamiento tanto riesgo de fuga como de reiteración delictiva de ambos, que tenían antecedentes policiales por “actos violentos” en otros países europeos.
A los arrestados, a los que se intervino información sobre zulos y miembros de las fuerzas de seguridad, se les vincula con Jardun, organización contraria a la disolución de ETA
A los arrestados, a los que se intervino información sobre zulos y miembros de las fuerzas de seguridad, se les vincula con Jardun, organización contraria a la disolución de ETA
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El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha enviado a prisión, acusados de delitos de terrorismo, a los dos disidentes de la izquierda abertzale detenidos por la Ertzaintza el sábado después de que se presentaran en la comisaría de Irún acompañados de su abogado. Se trata de Aratz Bilbao Gómez, de 34 años, y Malen Grünig Ibáñez, de 23 años, a los que el magistrado considera integrantes de Jardun Koordinadora, una organización integrada por disidentes de la izquierda abertzale supuestamente contrarios a la decisión que tomó ETA en octubre de 2011 de abandonar la violencia. Bilbao es señalado como “el motor principal” de este colectivo e “impulsor y dinamizador” del mismo. A su compañera, el magistrado la describe como “militante activa”. El magistrado esgrime para ordenar su encarcelamiento tanto riesgo de fuga como de reiteración delictiva de ambos, que tenían antecedentes policiales por “actos violentos” en otros países europeos.
La investigación que ha desembocado en el encarcelamiento de ambos se inició poco después de las cuatro de la madrugada del pasado 26 de septiembre, cuando agentes uniformados de la Ertzaintza dieron el alto al vehículo en el que ambos viajaban con una tercera persona, que resultó ser un ciudadano irlandés en un control de alcoholemia y drogas en la localidad de Eskoriatza (Gipuzkoa, 4.200 habitantes). Al identificar a la persona que iba al volante, Grünig, los policías vascos comprobaron que sobre ella existía una petición de Italia para realizar un “control discreto por razones de seguridad nacional”. También comprobaron que sobre los otros dos ocupantes, Bilbao y el irlandés Naoise O’Conarain, también había alertas policiales emitidas por las autoridades de otros países, en ambos casos de Francia. O’Conarain es señalado por las fuerzas de seguridad como integrante de Saoradh, un partido republicano irlandés de extrema izquierda sin representación parlamentaria al que algunos expertos sitúan en el entorno de New IRA, el grupo terrorista surgido en 2012 como respuesta a la disolución del IRA y al que se responsabiliza de varios atentados en los últimos años.
El registro de sus pertenencias de los tres permitió localizar a los agentes lo que la resolución judicial denomina “evidencias sospechosas”. En concreto, en una mochila que llevaba Bilbao entre sus piernas se localizaron “informaciones sobre un posible zulo con material, información sobre personas pertenecientes a otros cuerpos policiales, decenas de anotaciones manuscritas de matrículas de vehículos y documentación en formato papel y pendrives, la mayoría de ellos encriptados”. Los ertzainas también encontraron en una bolsa de tela que iba en el asiento trasero y que supuestamente pertenecía a Grünig dos “teléfonos satelitales (walky talkies) que permiten enviar mensajes de textos encriptados sin cobertura de móvil ni internet”. Tras requisar todo ello, los agentes dejaron marchar a los tres ocupantes del vehículo, que habían asegurado que venían de la sierra de Urbasa, en Navarra, a unos 70 kilómetros de distancia.
El análisis de la documentación reveló que los ahora encarcelados y su acompañante tenían planos de situación de antiguos zulos que fueron de ETA ―aunque la organización terrorista anunció la entrega de las armas en 2017 y reveló dónde estaban muchos de esos escondrijos, parte de su arsenal quedó fuera de control―, entre ellos uno situado precisamente de la zona de Navarra de donde decían venir. En uno de los dispositivos que pudo ser desencriptado se hallaron “fotografías de entrenamiento para la perpetración de actos violentos o contra la paz pública”, además de imágenes con la bandera de ETA “y el contenido íntegro del teléfono de un agente de la Policía Nacional”. También se encontraron listados de guardias civiles, fotografías de vehículos y matrículas “que pudieran corresponderse con vehículos policiales” y documentos que recogían kantadas, manuscritos que supuestos miembros de Jardun detenidos anteriormente habían enviado a la cúpula de la organización para detallar cómo se produjo su arresto.
Este colectivo disidente de la izquierda abertzale intentó el lunes marcar distancias con los arrestados con una nota en la que aseguraba que no tenían “relación con la coordinadora”, a la vez que pedían su libertad. Pese a ello, el auto del juez Piña es muy contundente sobre los vínculos de ambos con Jardun, de la que destaca que surgió de “militantes del entorno del denominado Movimiento de Liberación Nacional Vasco [en el que estaba encuadrado ETA] disconformes” con la decisión de la banda de 2011 de “cese definitivo de la actividad armada”. Estos disidentes se fueron agrupando en organizaciones como Ibil ―que posteriormente dio paso a ATA― y Jarki, descrita esta última por fuentes policiales como el brazo de Jartun encargado de la dirección política. El otro es Aske, responsable de las movilizaciones en favor de los presos. El juez destaca que Jarki nació a mediados de 2013, pero que no fue hasta el 11 de julio de 2015 cuando se supo de su existencia por culpa de “la discreción, medidas de seguridad y pautas de clandestinidad con las que operaban sus integrantes”. Fuentes policiales cifran el número de miembros activos de Jardun en unas 300 personas repartidos por todo el País Vasco, Navarra y el sur de Francia.
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