El tardeo y la noche de El Puerto de Santa María estaban en un momento dulce después de aquel verano pospandemia de laxos controles. Los números sonreían a Mario García y Pascual Llopis así que, allá por julio de 2023, se lanzaron a ampliar el capital de una de las sociedades con las que gestionaban dos restaurantes y un pub de copas de la ciudad. El nuevo socio, Miguel Ángel C., tiene dudas de con quién se está asociando, pregunta por WhatsApp a Mario y él le responde tajante: “Pascual solo para firmar”. Porque para ese entonces, García tenía claro que, con sus múltiples antecedentes policiales por narcotráfico, era mucho mejor que la cara, la rúbrica y el nombre los pusiese su supuesto testaferro, Pascual Llopis, un reputado y bregado empresario del ocio nocturno portuense.
Los traficantes gaditanos utilizan empresas de hostelería, testaferros y criptoactivos para eludir la justicia
El tardeo y la noche de El Puerto de Santa María estaban en un momento dulce después de aquel verano pospandemia de laxos controles. Los números sonreían a Mario García y Pascual Llopis así que, allá por julio de 2023, se lanzaron a ampliar el capital de una de las sociedades con las que gestionaban dos restaurantes y un pub de copas de la ciudad. El nuevo socio, Miguel Ángel C., tiene dudas de con quién se está asociando, pregunta por WhatsApp a Mario y él le responde tajante: “Pascual solo para firmar”. Porque para ese entonces, García tenía claro que, con sus múltiples antecedentes policiales por narcotráfico, era mucho mejor que la cara, la rúbrica y el nombre los pusiese su supuesto testaferro, Pascual Llopis, un reputado y bregado empresario del ocio nocturno portuense.
Esa conversación, tan breve como clarificadora —a la que tuvo acceso EL PAÍS, junto con el resto de la documentación del caso—, ha resultado clave para que tanto Llopis como García hayan acabado en prisión provisional, en el marco de la operación Sorela de la Guardia Civil, acusados por un rosario de delitos que van desde el blanqueo de capitales vinculados al narcotráfico, cohecho o malversación de caudales públicos. El caso, con su derivada de los contratos de patrocinio que sus empresas recibieron de la Diputación de Cádiz, es el enésimo ejemplo de cómo los narcos del Estrecho sofistican cada vez más el blanqueo de los pingües beneficios que consiguen del tráfico de hachís y cocaína. Los traficantes apuestan cada vez más por intrincados entramados societarios, testaferros reputados, inversiones en empresas de apariencia legal y exitosa como hostelería o festivales y hasta criptoactivos.
“Ellos saben que infiltrando el dinero en negocios se hace más difícil de detectar, también que esas investigaciones se hacen mucho más largas y complejas. Todo se complica”, razona una fuente de la Fiscalía. Y justo por eso las mafias locales que escalan hacia niveles más potentes hace tiempo que dejaron de recurrir a las clásicas vías del blanqueo: la compra directa de bienes inmuebles o vehículos. “Hay distintas capas de blanqueo. La más tradicional es la de hacerlo tú mismo o recurrir a loterías premiadas. Sorprendentemente, esta última se sigue dando. A la mujer de uno de los Castaña [los hermanos Tejón de La Línea, llamados “los reyes del hachís”] le tocaba mucho, debía ser una mujer con suerte”, bromea una investigadora de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría Central de la Policía Nacional.
Pero lo habitual ya es que todo narco que se precie de ser alguien en sus submundos es que tire de entramados societarios con personas interpuestas, llamados testaferros, que ya ni siquiera suelen ser personas escogidas solo para que su nombre figure. “Si ves el perfil del testaferro, sabes a qué organización te enfrentas. Si es un empresario, la comisión para él es mayor y su participación, también”, añade esta misma investigadora de la policía. Pascual Llopis, un gerente de empresas de hostelería y ocio nocturno desde los años noventa en El Puerto, encaja justo en ese perfil. En las más de 500 páginas de investigación elaborada por la Guardia Civil de Sevilla se desgrana el entramado societario de más de 18 personas jurídicas, casi todas dependientes de las matrices Tarifa Conceptual SL, en una primera etapa, y Pisgo de Inversiones SL, a posteriori.
La mayor parte de esas corporaciones aparecen ligadas a negocios de hostelería, como el chiringuito Margarita —cerrado este verano por problemas con la concesión— o Banana. La otra parte del entramado societario, como Puro Latino SL o Luna Bahía SL, está vinculada con negocios de festivales, ligados a su vez a la consecución de contratos de patrocinio con la Diputación hoy bajo la lupa. A los investigadores tampoco les sorprende esa predilección por los negocios del ocio y la restauración. “Son sencillos porque manejan mucho dinero en efectivo y tributan por tramos. Ante un tribunal pueden declarar que es dinero facturado en efectivo que ingresas en el banco. La clave está en detectar el chanchullo”, apuntan desde la Fiscalía.
En la última década, son ya varias las investigaciones de blanqueo que han dado golpes a supuestos narcos locales que apostaron por estos sectores. En julio de 2017, I.F.C. fue detenido por este mismo delito, después de haber sido capaz de crear una imagen de empresario reputado y de hacerse incluso con la concesión municipal de un local en el poblado almadrabero de Sancti Petri, en Chiclana. En noviembre de 2021, el sanluqueño Isidoro M., alias El Doro, acabó entre rejas después de comprar un equipo de fútbol local y organizar para su localidad una de las cuatro fechas que la estrella internacional del reguetón Nicky Jam confirmó en España en 2019. En febrero de 2022, otro narco de El Puerto tuvo problemas con la Justicia tras haber participado en la construcción y puesta a punto de un ostentoso beach club en la costa de La Janda.
En la UDEF apuntan otro imprescindible del narcoblanqueo: la compraventa de vehículos o su arrendamiento: “Compran el vehículo en sitios de Europa, como Alemania, que tienen más permisividad con el efectivo. Vienen y lo venden aquí. Muchos ni titulan los bienes, lo hacen en leasing”, relata una fuente. También hay negocios que tienen más moda o predicamento en función de la zona o la idiosincrasia local. Durante los años más potentes del narcotráfico en el Campo de Gibraltar, de 2016 a 2020, raro era el narco local que no tuviese a su nombre o al de un familiar un gimnasio o un lavadero de vehículos. Y como la carrera delincuencial no tiene descanso, “del más pequeño al más grande, ahora a todos parece haberles dado por las criptomonedas o las inversiones cripto”, añade.
Todas estas formas de lavado de dinero empequeñecen al lado del entramado que montó José Carlos Sánchez Castro y su hermano Antonio. Ambos recurrieron al grado más elevado del blanqueo, el de recurrir a expertos para blanquear, en su caso para poder pagar a renglón seguido las fianzas de las prisiones provisionales de los suyos. Son las llamadas empresas “as a service” —por money laundering as a service— o de blanqueo de capitales como servicio. “Se valen de despachos de abogados o asesores fiscales, a veces en terceros países. Cuando te enfrentas a esta forma de blanqueo, existen tres niveles de investigación: tráfico de drogas, el blanqueo que ellos hacen y la organización que les ha hecho el trabajo”, apuntan desde la UDEF.
Por cada escalón de complejidad delictiva, la investigación sobrevenida sube proporcionalmente en laboriosidad. En el caso de los hermanos Castro, desvelado a principios de este mes, la Policía Judicial de la Guardia Civil de Algeciras ha tenido que analizar 478 cuentas bancarias y más de 228.000 movimientos, solo entre 2022 y 2024. En total, las operaciones analizadas superan los 532 millones de euros. “Son investigaciones muy largas. La droga va más rápido que el blanqueo. Es necesario hacer análisis de cuentas o comisiones rogatorias. En los registros tienes que tomar toda la documentación y soportes informáticos y analizarlos. La investigación más rápida dura dos años”, detalla una fuente policial.
El problema no acaba ahí. En no pocas ocasiones, esas pesquisas se topan con problemas técnicos o procesales en “unos juzgados que están hasta arriba”, como añade esta agente. Y un factor más suma complejidad a que el caso llegue a juicio de forma rápida. “Parte del trabajo de sus abogados es invalidar pruebas, no demostrar su inocencia”, agrega. En todo ese devenir, a base de recursos varios y falta de medios en los juzgados, las causas tardan aún más en llegar a un tribunal y, cuando lo hacen, arrastran tantos retrasos que no pocas acaban en beneficios para el reo debido a dilaciones indebidas. Fue lo que ocurrió en el último caso de blanqueo que llegó a juicio de la localidad de Barbate, que pretendía juzgar unos hechos ocurridos en 2010 y que acabó en una conformidad para las partes que evitó penas de cárcel a los investigados.
“Es desesperante. Por parte de la policía se ponen todos los medios posibles, pero siempre vamos un pasito por detrás”, se lamenta la policía de la UDEF. Está por ver qué pasará en la causa que complica el horizonte penal de Mario García y de Pascual Llopis, ambos aún en prisión provisional. Mientras la vida nocturna, veraniega y despreocupada sigue adelante en sus locales y festivales en El Puerto, ellos tendrán que demostrar que lo suyo era una alianza empresarial como cualquier otra en la que Pascual no estaba “solo para firmar”.
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