Cinco años y medio después de que el ejército birmano, el Tatmadaw, tomara el poder por la fuerza y sumiera a Myanmar en una guerra que continúa desgarrando el país, el régimen militar empieza a salir del aislamiento. Min Aung Hlaing, el general que encabezó la asonada en 2021 y que este año cambió el uniforme castrense por el traje de presidente, está cosechando los primeros resultados del barniz civil que le proporcionaron las elecciones celebradas entre diciembre y enero, sin apenas oposición y diseñadas para garantizar el dominio de las fuerzas promilitares.
Min Aung Hlaing recupera la interlocución regional tras autoproclamarse presidente civil, mientras el conflicto y la represión continúan
Cinco años y medio después de que el ejército birmano, el Tatmadaw, tomara el poder por la fuerza y sumiera a Myanmar en una guerra que continúa desgarrando el país, el régimen militar empieza a salir del aislamiento. Min Aung Hlaing, el general que encabezó la asonada en 2021 y que este año cambió el uniforme castrense por el traje de presidente, está cosechando los primeros resultados del barniz civil que le proporcionaron las elecciones celebradas entre diciembre y enero, sin apenas oposición y diseñadas para garantizar el dominio de las fuerzas promilitares.
A pesar de que el proceso fue ampliamente cuestionado por la comunidad internacional, desde su investidura hace cuatro meses Min Aung Hlaing ha sido recibido en la India, Laos y Tailandia, y ha reforzado sus vínculos con China y Rusia con nuevas visitas a Pekín y Moscú. Todos esos desplazamientos han contribuido a consolidar ese cambio de fachada. El líder ruso, Vladímir Putin, lo ha calificado recientemente como “nuestro querido amigo” —ha estado siete veces en Rusia desde 2021—, mientras que el chino Xi Jinping ha destacado su apoyo al nuevo Gobierno.
Su Mon, experta de la organización de análisis de conflictos Acled para Asia-Pacífico, opina en una videollamada que desde que la junta ha empezado a proyectarse como un gobierno civil, “países como la India o Tailandia se sienten más cómodos a la hora de relacionarse con Min Aung Hlaing”. Pero la transformación, afirma, es solo en forma: “Las órdenes siguen procediendo de los mismos líderes golpistas”.
De hecho, dentro del país, la nueva envoltura institucional no ha acercado una salida a la crisis. “El Gobierno militar disfrazado está tratando de obtener legitimidad con viajes al extranjero, pero no ha hecho nada para garantizar la seguridad del pueblo”, asevera la reportera birmana Wai Wai a través de un intercambio de mensajes en una aplicación cifrada. “La población civil no se ha librado de esta guerra”, enfatiza.
Wai Wai no es el nombre real de esta periodista, que pide mantenerse en el anonimato por motivos de seguridad. Vive a caballo entre Myanmar y Tailandia, cubriendo la información fronteriza. Explica que el caos político, económico y social que sucedió al golpe ha obligado a muchos de sus conocidos a huir.
La agencia de la ONU para los refugiados (Acnur) contabiliza más de cuatro millones de desplazados internos y alrededor de 302.100 refugiados y solicitantes de asilo en otras naciones de Asia-Pacífico desde la asonada. “Los precios y los impuestos en Myanmar son altos, pero no hay trabajo, es muy difícil conseguir una fuente de ingresos. La gente sobrevive con la ayuda de parientes en el extranjero”, asegura Wai Wai.
Joe Freeman, analista de Amnistía Internacional especializado en Myanmar, expone por correo electrónico la gravedad de esa situación para los más jóvenes: sumando la pandemia y la guerra, muchos birmanos llevan seis años sin acceso normal a la educación. “Hay niños sin ir a la escuela debido al conflicto y otros que mueren en ataques aéreos mientras están en clase”, denuncia. Para más inri, muchos en edad universitaria han abandonado los estudios o han emigrado. “Es una generación perdida sobre otra generación perdida”, alerta Freeman.
Myanmar, una nación de 55 millones de habitantes en la que conviven más de un centenar de grupos étnicos, permanece atrapada en un complejo conflicto de múltiples frentes. Contra la junta combate una resistencia fragmentada en la que confluyen las milicias prodemocráticas surgidas tras el golpe y numerosas organizaciones armadas étnicas que llevan décadas enfrentándose al poder central desde regiones periféricas, en demanda de mayor autonomía y control territorial. Aunque algunas coordinan sus operaciones, no forman un bloque homogéneo ni comparten los mismos objetivos. “La división es real”, insiste Su Mon de Acled. “No han conseguido ponerse de acuerdo sobre cómo sería Myanmar después de los militares ni sobre qué sistema de gobierno tendrían”.
El 1 de febrero de 2021, cuando el Tatmadaw derrocó al Gobierno dirigido de facto por la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, se abrió una nueva fractura en la antigua Birmania, que apenas llevaba una década avanzando —con enormes dificultades— por una senda de transición democrática. La Liga Nacional para la Democracia había revalidado tres meses antes una victoria abrumadora en las urnas, pero el ejército alegó fraude sin aportar pruebas creíbles y detuvo a sus líderes.
Suu Kyi, de 81 años, continúa privada de libertad. La reciente visita de un representante del Comité Internacional de la Cruz Roja ha sido su primer contacto confirmado con un responsable internacional desde el golpe y, según su hijo, Kim Aris, la primera prueba independiente de vida en años. “Siento alivio, pero también rabia porque continúa detenida injustamente y lleva más de cinco años en régimen de aislamiento, con el consiguiente daño para su salud física y mental”, expresó Aris a este diario tras conocerse la noticia. “La presión para lograr su liberación no debe disminuir”.
Su Mon considera que la histórica activista birmana “tendrá incluso más influencia” porque “el conflicto se está saliendo de control”. “Nadie será capaz de unificar estas fuerzas salvo Aung San Suu Kyi”, remarca. En su opinión, el Gobierno la está utilizando “como una carta para conseguir reconocimiento internacional”.
Min Aung Hlaing y buena parte de la cúpula militar siguen sancionados por Occidente, mientras la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) mantiene apartados de sus cumbres a los representantes políticos del régimen por incumplir su plan de paz. Pero el cerco no ha sido firme: Rusia y China le han ofrecido respaldo diplomático y militar —Naciones Unidas los señala como los principales proveedores de sistemas de armamento avanzado— y la India ha preservado abiertos sus canales políticos y económicos.
El cambio de etiqueta tras las elecciones ha alentado un incipiente deshielo regional. Tailandia, miembro fundador de la Asean y uno de los países con mayor peso económico y diplomático del bloque, dio el paso más significativo a principios de agosto: el primer ministro, Anutin Charnvirakul, defendió una “reaproximación calibrada” hacia Myanmar y se comprometió a promover la “participación plena e igualitaria” del país en los mecanismos de la organización. Naipyidó agradeció a Bangkok su ayuda para “normalizar” las relaciones con la Asean.
Con ese telón de fondo, Freeman de Amnistía Internacional teme que los Estados vecinos “puedan pasar por alto los abusos contra los derechos humanos que siguen produciéndose y relajar la presión”. La Asociación de Asistencia a Presos Políticos, que monitoriza la represión, ha documentado más de 8.200 muertes a manos de la junta. Más de 14.700 personas siguen detenidas.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU recopiló información sobre más de 3.220 civiles muertos a manos del régimen en 2025, incluidos 294 menores. El Mecanismo Independiente de Investigación para Myanmar señaló además que, entre julio de 2025 y junio de 2026, siguieron aumentando la frecuencia e intensidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por las Fuerzas Armadas y por diversos grupos armados. En el caso del ejército, identificó un patrón de bombardeos deliberados contra bienes civiles (aldeas, escuelas, edificios religiosos, centros sanitarios y campamentos de desplazados) y reunió pruebas de detenciones arbitrarias y tortura física y sexual en centros de detención de las fuerzas de seguridad.
Por su parte, Acled registró el año pasado el mayor número de ataques aéreos y muertes asociadas a ellos desde 2021. Esa tendencia continúa este año, aunque con un cambio de patrón: “Se registran menos ataques, pero su letalidad ha aumentado”, avisa Su Mon.
Al mismo tiempo, el frente vuelve a mutar. La junta prioriza corredores estratégicos próximos a China, la India y Tailandia, mientras parte de la resistencia ha perdido acceso a armas y suministros. Para esta experta, se está regresando “al escenario de conflicto que vimos en 2022″, con menos grandes enfrentamientos y más guerra de guerrillas, y anticipa que la guerra “podría desplazarse hacia el centro de Myanmar”.
Freeman subraya que el país “necesita desesperadamente justicia y rendición de cuentas; de lo contrario, continuarán los mismos ciclos de violencia e impunidad”. Para los birmanos, esa impunidad se traduce en una vida suspendida. “A todos nos gustaría vivir en nuestras casas y trabajar en nuestro país natal. Pero los principales culpables de esta situación son los militares que han invadido la política birmana”, manifiesta Wai Wai.
“Mucha gente no entiende a qué se enfrenta la población de Myanmar, especialmente los jóvenes”, apunta Su Mon. “Esto no es solo una guerra civil ni una lucha por el control del territorio. Es una lucha contra un dictador apoyado por otros dictadores. El pueblo de Myanmar se enfrenta a una dictadura militar con todas las armas y el poder, un poder profundamente arraigado”.
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