El Tribunal Supremo de Estados Unidos llevó este lunes la contraria al presidente Donald Trump en su cruzada por cambiar las reglas electorales. Lo hizo con una sentencia inesperada, que permite el recuento de los votos recibidos por correo siempre que estos lleguen en los cinco días siguientes a la cita con las urnas y con un matasellos de ese día o de días anteriores. El republicano definió poco después el fallo en un mensaje en Truth Social como una “tremenda pérdida”.
El alto tribunal respalda una ley de Misisipi que permite el recuento de papeletas recibidas por correo hasta cinco días después de la jornada de la votación
El Tribunal Supremo de Estados Unidos llevó este lunes la contraria al presidente Donald Trump en su cruzada por cambiar las reglas electorales. Lo hizo con una sentencia inesperada, que permite el recuento de los votos recibidos por correo siempre que estos lleguen en los cinco días siguientes a la cita con las urnas y con un matasellos de ese día o de días anteriores. El republicano definió poco después el fallo en un mensaje en Truth Social como una “tremenda pérdida”.
El caso se refiere a una ley de Misisipi, pero tiene efectos en todo el país, un territorio cuya vasta geografía hace que en algunas de sus partes el voto por correo sea la única manera de participar en el proceso democrático. La sentencia respalda la legalidad de leyes similares a la de Misisipi en al menos otros 18 Estados, incluidos algunos que serán clave para las elecciones del próximo mes de noviembre, como Nevada y California, donde la espera para contar todas las papeletas suele batir récords en un sistema poco comprensible desde una óptica europea. El resto de los Estados admite el voto por correo, pero solo si este llega a tiempo para la jornada electoral.
El fallo se resolvió con los cinco votos a favor de las tres jueces liberales, además del presidente del tribunal, John Roberts, y la magistrada Amy Coney Barrett, una de los tres nombrados por Trump durante su primer mandato. Los otros cuatro miembros de la supermayoría conservadora que rige los destinos de Estados Unidos votaron en contra. Era el segundo caso importante sobre derecho electoral del curso. En el primero, el tribunal impidió a los Estados rediseñar distritos de voto con criterios raciales, lo que trajo un recorte de representación para las minorías y abrió la puerta a que los republicanos recuperen circunscripciones de mayoría negra del sur del país.
La obsesión de Trump con el voto por correo como uno de los grandes males de la democracia viene de lejos; en 2020, su insistencia en poner en duda su legalidad fue uno de los pilares sobre los que construyó la “gran mentira” de que en ese noviembre los demócratas le robaron unas elecciones que se han demostrado una y otra vez justas. Aquel bulo desembocó en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, y el presidente sigue defendiendo que ganó entonces.
Barrett firma la opinión mayoritaria. Samuel Alito, uno de los magistrados más a la derecha del tribunal, escribe la discordante. En ella, argumenta que el fallo “supone un serio riesgo de merma de la confianza de la opinión pública en las elecciones y en el sistema de Gobierno” de Estados Unidos.
El fallo llega en plena campaña del presidente de Estados Unidos por sacar adelante en el Congreso una ley llamada SAVE America (salvemos Estados Unidos) que cambiaría las reglas a tiempo para las elecciones legislativas de este año, en las que los republicanos llevan las de perder.
Tal es el empeño de Trump que la semana pasada paró la firma de una ley sobre vivienda, sacada adelante con un insólito consenso y que iba a ser positiva para los suyos en una campaña electoral que se les presenta cuesta arriba. Al presidente le dio lo mismo; no sancionaría esa norma, dijo, hasta que su partido no lograra aprobar en el Senado, donde hace falta una mayoría cualificada, una reforma electoral que supondría la potencial merma de derechos de millones de personas, según denuncian los activistas en defensa de los derechos civiles.
En su mensaje en Truth tras conocer la sentencia, Trump resumió este lunes lo que esta pretende: reforzar la prueba de identificación de los votantes, que estos demuestren que son ciudadanos y la prohibición del voto por correo, “salvo en los casos de enfermedad, minusvalía, alistamiento en el Ejército o viaje”. El republicano también escribió que solo los políticos que quieran “¡hacer trampas!» pueden oponerse a esa norma en un momento que resulta tan trascendental como este, argumentó, agitando el fantasma de que el comunismo amenaza con apoderarse del país tras los triunfos de candidatos socialistas como el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.
La ley que está en el origen del caso que se dirimió este lunes en el Supremo fue aprobada durante la pandemia por el parlamento estatal de Misisipi, de mayoría republicana. El coronavirus trajo la promulgación de normas similares por todo el país, pensadas para evitar el contacto entre votantes y los posibles contagios. Pasada la emergencia sanitaria, el Comité Nacional Republicano y el Partido Republicano de ese Estado del profundo Sur impugnaron la ley con el argumento de que el ordenamiento federal fija el día de las elecciones el límite para la recepción de las papeletas.
El Supremo no ha entrado a valorar el permiso para contar los votos hasta cinco días después, sino que se ha limitado a recordar que la potestad para fijar las reglas electorales es de los Estados, y no del Gobierno federal.
En marzo, Trump dictó un decreto que obliga al servicio de correos a enviar papeletas solo a los votantes cuyo nombre está en las listas controladas por el Gobierno federal. La decisión ejecutiva está parada en los tribunales. A pesar de sus críticas al voto por correo, el presidente participó por ese medio en una elección especial celebrada en Florida, Estado en el que reside, a principios de este año.
Por lo demás, fue un día intenso en la sede del Supremo en Washington. Era la anteúltima jornada del curso judicial y quedaban asuntos importantes por decidir, como si el Gobierno tiene derecho a despedir a la gobernadora de la Reserva FederalLisa Cook y si puede hacer lo mismo con una empleada de una agencia independiente. El alto tribunal le llevó la contraria en el primer caso, pero le dio la razón en el segundo, lo que cambia las reglas de funcionamiento de la Administración al tumbar un precedente de no injerencia que se remonta a décadas atrás.
Los nueve magistrados también rechazaron la petición de Trump de anular la indemnización a E. Jean Carroll, la periodista que lo acusó de una agresión sexual en los años noventa en Nueva York. El presidente sigue estando, pues, obligado a darle los cinco millones que le debe por orden de un juez.
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