Despejada la última duda sobre el futuro papel del recién ascendido coronel Antonio Balas en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La dirección general del instituto armado ha publicado este martes en su boletín oficial una relación de 71 vacantes de teniente coronel para ser ocupadas por el procedimiento de libre designación en la que no figura la de jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de esta unidad, la plaza que ocupaba el ahora coronel Balas hasta su ascenso. La decisión del Ministerio del Interior supone que el oficial ―que al ascender debía cambiar de destino a un puesto de su nuevo rango y, por tanto, dejar las pesquisas― no solo se encargue de la investigación para la que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno pidió expresamente que siguiera al frente, el caso Koldo, sino también del resto de causas, aunque los magistrados que las dirigen no hubieran solicitado expresamente su continuidad.
La Guardia Civil despeja la última duda sobre el futuro papel del oficial en la UCO al excluir de la relación de vacantes de teniente coronel el puesto que este ocupaba hasta su reciente ascenso
Despejada la última duda sobre el futuro papel del recién ascendido coronel Antonio Balas en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La dirección general del instituto armado ha publicado este martes en su boletín oficial una relación de 71 vacantes de teniente coronel para ser ocupadas por el procedimiento de libre designación en la que no figura la de jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de esta unidad, la plaza que ocupaba el ahora coronel Balas hasta su ascenso. La decisión del Ministerio del Interior supone que el oficial ―que al ascender debía cambiar de destino a un puesto de su nuevo rango y, por tanto, dejar las pesquisas― no solo se encargue de la investigación para la que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno pidió expresamente que siguiera al frente, el caso Koldo, sino también del resto de causas, aunque los magistrados que las dirigen no hubieran solicitado expresamente su continuidad.
Entre estos sumarios está el caso Leire Díez, que dirige otro magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, y en el que se investiga una trama presuntamente encabezada por el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y la exmilitante socialista Leire Díez, que intentó obstaculizar pesquisas judiciales que afectan al partido y al entorno familiar del presidente Pedro Sánchez. También se mantendrá al frente de la que instruye un juez de Madrid sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, entre otras.
Con su decisión, el Ministerio del Interior evita un nuevo choque con la Guardia Civil en un momento especialmente tenso entre el instituto armado y el Gobierno después de que una investigación liderada precisamente por Balas desembocara en la imputación el pasado 2 de julio de la directora general, Mercedes González, muy cercana a Pedro Sánchez, y su número dos, el teniente general Manuel Llamas, por supuestas presiones a la unidad. Este último llegó a cargar durante su comparecencia en el Senado, el pasado 17 de julio, contra “algunos” mandos de la UCO, a los que acusó de “un exceso de protagonismo” y “una cierta vanidad”, en lo que pareció una referencia implícita al ahora coronel Balas.
La petición que hicieron el juez Moreno y de la Fiscalía Anticorrupción de que el oficial se mantuviera al frente del caso Koldo ―en el que se investiga una trama de corrupción supuestamente anidada en el Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos― casi forzaba a Interior a mantenerlo en la UCO, como finalmente recogió la orden que la ministra de Defensa, Margarita Robles, firmó el pasado 1 de septiembre, por la que se lo ascendía. Sin embargo, el departamento de Fernando Grande-Marlaska aún tenía margen para decidir en qué condiciones lo hacía.
Una opción era mantener al mando como responsable únicamente de aquellas investigaciones para las que los jueces hubieran solicitado formalmente su continuidad ―el caso Koldo― y ofertar la plaza de teniente coronel jefe del departamento anticorrupción para que fuera ocupada por otro oficial. El elegido se hubiera hecho cargo del resto de pesquisas y de las nuevas que surgieran. Hubiera habido entonces dos jefes para un mismo departamento, una situación que, en opinión de fuentes del instituto armado consultadas, podía haber provocado roces internos.
La otra es la que finalmente ha adoptado: no convocar la plaza de teniente coronel y que el ya coronel Balas se mantenga al frente del departamento de anticorrupción de la UCO. De este modo, nada cambia y él seguirá dirigiendo todas las pesquisas, las que están en marcha y las que surjan nuevas mientras dure la comisión de servicios. En principio, esta puede ser por un año máximo, aunque se puede prorrogar por más tiempo en casos excepcionales. No obstante, en seis meses la Dirección General de la Guardia Civil convocará de nuevo plazas de teniente coronel y puede optar entonces por sí incluir la vacante del departamento anticorrupción de la unidad para que la ocupe otro oficial.
Balas adquirió relevancia mediática en mayo del año pasado, al salir a la luz un vídeo en el que la exmilitante socialista Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset intentaban convencer al empresario vasco Alejandro Hamlyn, investigado por la Guardia Civil, para que les facilitara información comprometedora sobre el entonces teniente coronel. “Si Balas está muerto, mejor”, se escuchaba decir a Díez en la grabación. Para entonces, el mando ya estaba al frente de las principales pesquisas de la UCO que afectaban al Gobierno y al PSOE. Él fue quien dirigió el registro en el despacho del entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el 30 de octubre de 2024 y quien defendió durante el juicio en el Tribunal Supremo el informe clave de la causa, que atribuía al jefe del ministerio público una “participación preeminente” en las filtraciones contra el novio de Díaz Ayuso.
Su testimonio también fue fundamental en las condenas a inhabilitación impuestas por la Audiencia Provincial de Badajoz a David Sánchez, hermano del presidente; Miguel Ángel Gallardo, exlíder del PSOE extremeño y otras nueve personas por las supuestas irregularidades en la contratación del primero por la diputación pacense. También declaró en el juicio en el que se condenó a Ábalos a 24 años y tres meses de cárcel por corrupción, y ha participado en las pesquisas sobre Begoña Gómez, esposa del presidente, a la que el juez Juan Carlos Peinado ha enviado a juicio por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca.
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