La corruptela de los ‘medios propios del Estado’ tras el caso Ábalos pone en la picota a Ineco, Isdefe y Tragsa ante la UE

Partidos de la oposición y organizaciones de la sociedad civil critican de manera insistente lo que consideran una constante «politización» de los entes públicos desde que Pedro Sánchez llegara a la presidencia del Gobierno. Argumentan, y coinciden unos y otros, que se prioriza la lealtad partidista frente a la meritocracia, señalando el trasvase de personas afines al PSOE hacia puestos directivos. De hecho, los últimos escándalos relacionados con el caso de la ‘fontanera de Ferraz’, Leire Díez , ha destapado la utilización de la SEPI -Sociedad Estatal de Participaciones Industriales- y de sus principales empresas públicas como instrumentos al servicio del partido del Gobierno para controlar sectores estratégicos, colocar a afines y extender su poder político con dinero público. De hecho, el nombre de la SEPI aparece salpicado por escándalos , digamos, más ordinarios si cabe, como los enchufes de las exnovias y amigas del exministro José Luis Ábalos; las colocaciones de perfiles bajo sospecha como el de la propia Díez en Correos; o, los acomodos millonarios de piezas clave del partido, como el exgerente del PSOE Mariano Moreno al frente de Enusa -la empresa pública vinculada a la energía nuclear-; o, el nombramiento a dedo en compañías bajo la tutela del organismo público, dependiente del Ministerio de Hacienda, de la talla de Telefónica, Indra, Redeia, Enagás, Navantia o la misma Correos, donde han acabado militantes socialistas bajo el foco de las presuntas corruptelas.Ahora, diferentes fuentes del sector privado advierten también de los amaños y enchufes en los denominados ‘medios propios del Estado’ -en concreto, tres: Ineco, Tragsa, y su filial Tragsatec, e Isdefe-, que están regulados por la Ley de Contratos del Sector Público y bajo vigilancia europea . Se trata de empresas públicas que se han convertido en un coladero de contratados sin ton ni son. En la peor situación, Tragsa , que ha pasado de 12.000 empleados antes de la llegada de Sánchez al poder a prácticamente más que duplicar la plantilla con amiguetes o favores a personas del entorno de los partidos políticos socios del Gobierno.En Ineco, los dos enchufes más sonados fueron Jésica Rodríguez , contratada en la empresa pública por mediación del exministro José Luis Ábalos, y Álvaro Larios Ruiz, un joven cercano al exlíder socialista José Bono contratado con fondos europeos, un caso que requirió explicaciones por parte del Gobierno. Jésica también terminó colocada en Tragsatec donde también colocaron a una edil investigada por fraude electoral a favor del PSOE, la socialista Rocío López Cid. En Isdefe, tal y como publicó ABC recientemente , se colocó a David Romero Sánchez, responsable durante casi un año de la estrategia digital de la Moncloa. Además, la empresa está presidida por Manuel Cutrín, exdirigente del Partido Socialista en la provincia gallega de Lugo y uno de los hombres en la diana del resto de los colocados como lo fuera su número dos, Teresa Castillo, que dimitió recientemente tras ser citada por parte del juez Santiago Pedraz, junto a 25 personas más, investigadas por las presuntas irregularidades en la SEPI. Se trata de una diplomada en Fisioterapia por la Universidad Alfonso X El Sabio que, durante su etapa en el Isdefe, se encargaba de gestionar una empresa clave del sector de la defensa. Los ‘medios propios del Estado’ no son propiamente compañías ‘made in Spain’. Se trata de empresas públicas o entidades instrumentales de la administración que funciona como un «brazo ejecutor» al que el Gobierno de turno o entidades públicas pueden encargar directamente obras, servicios o suministros, sin necesidad de realizar una licitación o concurso público, ocupándose por ejemplo de extinción de incendios, accidentes ferroviarios, temas relacionados con el sector de la defensa… Las ingenierías españolas, en pie de guerraPrecisamente por ello, las empresas del sector de la tecnología e ingeniería en España se han puesto en pie de guerra. De hecho, el pasado mes de mayo, las dos patronales del sector de la ingeniería privada en España -por un lado, Tecniberia, la Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos, y CÍES, la Federación de Asociaciones de Empresas de Conocimiento e Ingeniería de España-, firmaron un acuerdo marco de colaboración para defender los intereses de las empresas de ingeniería, mejorar las condiciones de sus profesionales y aunar fuerzas en la labor de representación ante instituciones y administraciones.El acuerdo incluía varios objetivos ineludibles, entre los que destacan algunas de las reivindicaciones históricas de las ingenierías privadas como son: defender al sector ante la competencia desleal de los ‘medios propios’ sobre las nombradas Ineco, Isdefe, Tragsa y Tragsatec, como máximos exponentes; mejorar el sistema de licitaciones públicas; o, defender los intereses de las empresas asociadas, con especial atención a los contratos de ingeniería en consonancia con el valor añadido y la responsabilidad inherente a los servicios prestados por las empresas.Tragsa ha pasado de 12.000 empleados antes de la llegada de Sánchez al poder a más que duplicar la plantilla con amiguetes o favores a personas del entorno de los partidos políticos socios del GobiernoAdemás, ambas patronales a través de dicho documento quieren poner en valor «el establecimiento de un acuerdo estable que defienda los intereses comunes de la Ingeniería de Consulta en España, en el que se integren todas las organizaciones empresariales del sector».Tecniberia agrupa a cerca de un centenar de empresas españolas de ingenierías de capital privado, con unas ventas agregadas de más de 8.000 millones de euros en 2025 y una plantilla conjunta de más de 70.000 personas, mientras que CÍES agrupa a ocho asociaciones territoriales de ocho comunidades autónomas -Galicia, Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Extremadura, Andalucía y Canarias- que representan a 170 empresas con unas ventas agregadas de 600 millones de euros y que emplean a 6.200 personas. Hasta la llegada del sanchismo , los ‘medios propios’ estaban legitimados para funcionar e intervenir y competir de tú a tú con las privadas, lo que le permitía a la Administración actuar con mucha mayor rapidez y agilidad burocrática, garantizando la ejecución de proyectos de interés público mediante entidades especializadas. Ahora, se da todo lo contrario, su deslegitimación ante tanto enchufe y utilización de los mismos para conseguir contratos sin más en detrimento de las privadas.Los ‘medios propios’  En concreto, Isdefe (Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S.A.) es ‘medio propio’ y servicio técnico de la Administración General del Estado. Como empresa pública está adscrita al Ministerio de Defensa, y la Administración puede encargarle directamente trabajos de ingeniería, consultoría y asistencia técnica sin necesidad de licitación pública. Al adjudicarse directamente el trabajo, se reduce la libre competencia con el sector privado y puede disminuir el incentivo a la innovación, un extremo que ha puesto en pie de guerra a las tecnológicas españolas.Ineco (Ingeniería y Economía del Transporte) tiene la condición legal de ‘medio propio’ personificado y servicio técnico de la Administración General del Estado y de sus organismos dependientes. Esto significa que diversas entidades públicas (como el Ministerio de Transportes, Aena, Adif y Renfe) pueden encargarle proyectos de consultoría e ingeniería de manera directa, sin tener que licitarlos mediante concurso público, siempre que la encomienda se ajuste a sus estatutos. Pertenece al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Por su parte, Tragsa (Empresa de Transformación Agraria) es el ‘medio propio’ de las Administraciones Públicas capaz de prestar eficazmente los servicios demandados en el ámbito medioambiental, en el desarrollo rural y en la gestión de recursos y procesos, así como en las urgencias, emergencias y de apoyo a la cooperación internacional. Utilizada frecuentemente por el Estado para emergencias, incendios, catástrofes o infraestructuras. A nivel autonómico, existe su filial Tragsatec o el Canal de Isabel II en la Comunidad de Madrid. Partidos de la oposición y organizaciones de la sociedad civil critican de manera insistente lo que consideran una constante «politización» de los entes públicos desde que Pedro Sánchez llegara a la presidencia del Gobierno. Argumentan, y coinciden unos y otros, que se prioriza la lealtad partidista frente a la meritocracia, señalando el trasvase de personas afines al PSOE hacia puestos directivos. De hecho, los últimos escándalos relacionados con el caso de la ‘fontanera de Ferraz’, Leire Díez , ha destapado la utilización de la SEPI -Sociedad Estatal de Participaciones Industriales- y de sus principales empresas públicas como instrumentos al servicio del partido del Gobierno para controlar sectores estratégicos, colocar a afines y extender su poder político con dinero público. De hecho, el nombre de la SEPI aparece salpicado por escándalos , digamos, más ordinarios si cabe, como los enchufes de las exnovias y amigas del exministro José Luis Ábalos; las colocaciones de perfiles bajo sospecha como el de la propia Díez en Correos; o, los acomodos millonarios de piezas clave del partido, como el exgerente del PSOE Mariano Moreno al frente de Enusa -la empresa pública vinculada a la energía nuclear-; o, el nombramiento a dedo en compañías bajo la tutela del organismo público, dependiente del Ministerio de Hacienda, de la talla de Telefónica, Indra, Redeia, Enagás, Navantia o la misma Correos, donde han acabado militantes socialistas bajo el foco de las presuntas corruptelas.Ahora, diferentes fuentes del sector privado advierten también de los amaños y enchufes en los denominados ‘medios propios del Estado’ -en concreto, tres: Ineco, Tragsa, y su filial Tragsatec, e Isdefe-, que están regulados por la Ley de Contratos del Sector Público y bajo vigilancia europea . Se trata de empresas públicas que se han convertido en un coladero de contratados sin ton ni son. En la peor situación, Tragsa , que ha pasado de 12.000 empleados antes de la llegada de Sánchez al poder a prácticamente más que duplicar la plantilla con amiguetes o favores a personas del entorno de los partidos políticos socios del Gobierno.En Ineco, los dos enchufes más sonados fueron Jésica Rodríguez , contratada en la empresa pública por mediación del exministro José Luis Ábalos, y Álvaro Larios Ruiz, un joven cercano al exlíder socialista José Bono contratado con fondos europeos, un caso que requirió explicaciones por parte del Gobierno. Jésica también terminó colocada en Tragsatec donde también colocaron a una edil investigada por fraude electoral a favor del PSOE, la socialista Rocío López Cid. En Isdefe, tal y como publicó ABC recientemente , se colocó a David Romero Sánchez, responsable durante casi un año de la estrategia digital de la Moncloa. Además, la empresa está presidida por Manuel Cutrín, exdirigente del Partido Socialista en la provincia gallega de Lugo y uno de los hombres en la diana del resto de los colocados como lo fuera su número dos, Teresa Castillo, que dimitió recientemente tras ser citada por parte del juez Santiago Pedraz, junto a 25 personas más, investigadas por las presuntas irregularidades en la SEPI. Se trata de una diplomada en Fisioterapia por la Universidad Alfonso X El Sabio que, durante su etapa en el Isdefe, se encargaba de gestionar una empresa clave del sector de la defensa. Los ‘medios propios del Estado’ no son propiamente compañías ‘made in Spain’. Se trata de empresas públicas o entidades instrumentales de la administración que funciona como un «brazo ejecutor» al que el Gobierno de turno o entidades públicas pueden encargar directamente obras, servicios o suministros, sin necesidad de realizar una licitación o concurso público, ocupándose por ejemplo de extinción de incendios, accidentes ferroviarios, temas relacionados con el sector de la defensa… Las ingenierías españolas, en pie de guerraPrecisamente por ello, las empresas del sector de la tecnología e ingeniería en España se han puesto en pie de guerra. De hecho, el pasado mes de mayo, las dos patronales del sector de la ingeniería privada en España -por un lado, Tecniberia, la Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos, y CÍES, la Federación de Asociaciones de Empresas de Conocimiento e Ingeniería de España-, firmaron un acuerdo marco de colaboración para defender los intereses de las empresas de ingeniería, mejorar las condiciones de sus profesionales y aunar fuerzas en la labor de representación ante instituciones y administraciones.El acuerdo incluía varios objetivos ineludibles, entre los que destacan algunas de las reivindicaciones históricas de las ingenierías privadas como son: defender al sector ante la competencia desleal de los ‘medios propios’ sobre las nombradas Ineco, Isdefe, Tragsa y Tragsatec, como máximos exponentes; mejorar el sistema de licitaciones públicas; o, defender los intereses de las empresas asociadas, con especial atención a los contratos de ingeniería en consonancia con el valor añadido y la responsabilidad inherente a los servicios prestados por las empresas.Tragsa ha pasado de 12.000 empleados antes de la llegada de Sánchez al poder a más que duplicar la plantilla con amiguetes o favores a personas del entorno de los partidos políticos socios del GobiernoAdemás, ambas patronales a través de dicho documento quieren poner en valor «el establecimiento de un acuerdo estable que defienda los intereses comunes de la Ingeniería de Consulta en España, en el que se integren todas las organizaciones empresariales del sector».Tecniberia agrupa a cerca de un centenar de empresas españolas de ingenierías de capital privado, con unas ventas agregadas de más de 8.000 millones de euros en 2025 y una plantilla conjunta de más de 70.000 personas, mientras que CÍES agrupa a ocho asociaciones territoriales de ocho comunidades autónomas -Galicia, Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Extremadura, Andalucía y Canarias- que representan a 170 empresas con unas ventas agregadas de 600 millones de euros y que emplean a 6.200 personas. Hasta la llegada del sanchismo , los ‘medios propios’ estaban legitimados para funcionar e intervenir y competir de tú a tú con las privadas, lo que le permitía a la Administración actuar con mucha mayor rapidez y agilidad burocrática, garantizando la ejecución de proyectos de interés público mediante entidades especializadas. Ahora, se da todo lo contrario, su deslegitimación ante tanto enchufe y utilización de los mismos para conseguir contratos sin más en detrimento de las privadas.Los ‘medios propios’  En concreto, Isdefe (Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S.A.) es ‘medio propio’ y servicio técnico de la Administración General del Estado. Como empresa pública está adscrita al Ministerio de Defensa, y la Administración puede encargarle directamente trabajos de ingeniería, consultoría y asistencia técnica sin necesidad de licitación pública. Al adjudicarse directamente el trabajo, se reduce la libre competencia con el sector privado y puede disminuir el incentivo a la innovación, un extremo que ha puesto en pie de guerra a las tecnológicas españolas.Ineco (Ingeniería y Economía del Transporte) tiene la condición legal de ‘medio propio’ personificado y servicio técnico de la Administración General del Estado y de sus organismos dependientes. Esto significa que diversas entidades públicas (como el Ministerio de Transportes, Aena, Adif y Renfe) pueden encargarle proyectos de consultoría e ingeniería de manera directa, sin tener que licitarlos mediante concurso público, siempre que la encomienda se ajuste a sus estatutos. Pertenece al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Por su parte, Tragsa (Empresa de Transformación Agraria) es el ‘medio propio’ de las Administraciones Públicas capaz de prestar eficazmente los servicios demandados en el ámbito medioambiental, en el desarrollo rural y en la gestión de recursos y procesos, así como en las urgencias, emergencias y de apoyo a la cooperación internacional. Utilizada frecuentemente por el Estado para emergencias, incendios, catástrofes o infraestructuras. A nivel autonómico, existe su filial Tragsatec o el Canal de Isabel II en la Comunidad de Madrid.  

Partidos de la oposición y organizaciones de la sociedad civil critican de manera insistente lo que consideran una constante «politización» de los entes públicos desde que Pedro Sánchez llegara a la presidencia del Gobierno. Argumentan, y coinciden unos y otros, que se prioriza la … lealtad partidista frente a la meritocracia, señalando el trasvase de personas afines al PSOE hacia puestos directivos. De hecho, los últimos escándalos relacionados con el caso de la ‘fontanera de Ferraz’, Leire Díez, ha destapado la utilización de la SEPI -Sociedad Estatal de Participaciones Industriales- y de sus principales empresas públicas como instrumentos al servicio del partido del Gobierno para controlar sectores estratégicos, colocar a afines y extender su poder político con dinero público.

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