El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, ha improvisado el inicio de su discurso en el acto de inauguración del año judicial en Cataluña con un recuerdo para los dos guardias civiles heridos esta pasada noche en Terrassa (Barcelona) cuando seguían a una banda de ladrones de camiones. Tras decir que esperaba su recuperación, Bañeres ha aprovechado para cuestionar las penas que pesan sobre el uso de pistolas y cuchillos y ha llamado a hacer una “reflexión” sobre si el Código Penal da una respuesta “suficientemente contundente” ante “la cantidad de armas que nos están invadiendo”.
Francisco Bañeres utiliza como ejemplo el tiroteo a dos guardias civiles heridos en Terrassa
Francisco Bañeres utiliza como ejemplo el tiroteo a dos guardias civiles heridos en Terrassa
El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, ha improvisado el inicio de su discurso en el acto de inauguración del año judicial en Cataluña con un recuerdo para los dos guardias civiles heridos esta pasada noche en Terrassa (Barcelona) cuando seguían a una banda de ladrones de camiones. Tras decir que esperaba su recuperación, Bañeres ha aprovechado para cuestionar las penas que pesan sobre el uso de pistolas y cuchillos y ha llamado a hacer una “reflexión” sobre si el Código Penal da una respuesta “suficientemente contundente” ante “la cantidad de armas que nos están invadiendo”.
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Mercè Caso, ha lamentado el incremento incesante de hechos delictivos, si bien se ha vanagloriado de la respuesta que se le están dando, con especial mención al plan de choque contra la multirreincidencia estrenado en 2024. “Continúa adelante implacablemente y envía un mensaje poderoso: no nos rendiremos”, ha dicho.
Asimismo, ha reclamado “herramientas sólidas” al Parlament para poder actuar ante el problema de los desahucios con “una mirada amplia y justa”. Su petición a los parlamentarios llega en plena crisis por el desahucio de la octogenaria Maricarmen en Madrid, que ha elevado el pulso en la calle con más protestas y en el Congreso, con una batalla entre partidos para decidir si se cambia la norma para proteger más a las familias vulnerables frenando los lanzamientos de inquilinos.
Uno de los principales problemas que ha denunciado es el colapso, una crítica que ya figuró en su discurso hace un año, en el que está inmerso el día a día de la justicia. Como muestra, ha indicado que los 1,29 millones de asuntos nuevos presentados el pasado año suponen un crecimiento del 1,9%, pero que si se computan los de los últimos cinco años, ese porcentaje escala hasta el 28,3%. Y ha puesto ese porcentaje frente al del aumento de la plaza judicial, el número de órganos judiciales que tiene que absorber esos casos, en el mismo periodo: un 3%. “Tenemos un volumen de asuntos ingente y no somos suficientes para dar respuesta a lo que el ciudadano merece”, sobre todo por el tiempo que tienen que esperar quienes acuden a los tribunales. Ha dejado claro que la nueva organización de la justicia estrenada el año pasado no dará réditos si en paralelo no llegan más recursos.
Se ha referido a las 91 nuevas plazas que se tienen que crear en Cataluña, pero ha insinuado que no son suficientes y que son necesarios nuevos esfuerzos. “En cada concurso que se publica de magistrados perdemos gente, perdemos talento”, ha dicho. Es un problema endémico en Cataluña, poco generador de nuevos funcionarios de la justicia, lo que provoca que los nuevos jueces que acceden a la carrera escogen Cataluña como una opción de salida pero luego muchos de ellos prefieren ir a otros destinos. Ha señalado que quiere consolidar jueces en Cataluña y ha anunciado la intención de separar jurisdicciones en partidos judiciales como Gavà, Manresa, Figueres, Arenys de Mar, Vilanova i la Geltrú, El Vendrell, Cerdanyola del Vallès y Rubí y tomar decisiones de calado economica para que los jueces puedan desarrollar su carrera en Cataluña, con un precio de la vida más elevado que en otras plazas españolas.
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