La Fiscalía no ha movido ficha en la fase final del juicio del caso Cuarteles. El ministerio público ha anunciado este jueves que mantiene su petición de un año de cárcel por cohecho para el teniente general de la Guardia Civil Pedro Vázquez Jarava, el agente de mayor empleo que se sienta en un banquillo acusado de corrupción. El alto mando ―quien hasta su jubilación en 2018 fue el máximo responsable de las finanzas del instituto armado― y un amigo constructor, Ángel Ramón Tejera de León, para el que el ministerio público pide la misma pena al concluir que se vio “favorecido” por aquel, están acusados respectivamente de recibir y entregar dádivas por la supuesta adjudicación a dedo de contratos para rehabilitar instalaciones oficiales.
La defensa atribuye las acusaciones en el ‘caso Cuarteles’ a una venganza contra el alto mando desde el seno del instituto armado
La Fiscalía no ha movido ficha en la fase final del juicio del caso Cuarteles. El ministerio público ha anunciado este jueves que mantiene su petición de un año de cárcel por cohecho para el teniente general de la Guardia Civil Pedro Vázquez Jarava, el agente de mayor empleo que se sienta en un banquillo acusado de corrupción. El alto mando ―quien hasta su jubilación en 2018 fue el máximo responsable de las finanzas del instituto armado― y un amigo constructor, Ángel Ramón Tejera de León, para el que el ministerio público pide la misma pena al concluir que se vio “favorecido” por aquel, están acusados respectivamente de recibir y entregar dádivas por la supuesta adjudicación a dedo de contratos para rehabilitar instalaciones oficiales.
La Abogacía del Estado, que representa en la causa al Ministerio del Interior, y las acusaciones populares ejercidas por la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) y la Asociación de Suboficiales de la Guardia Civil Profesional (ASESGC) también han mantenido sus peticiones tras siete sesiones de juicio y solicitan para ambos acusados la misma pena. Las defensas del teniente general y del empresario han solicitado la absolución. Un jurado popular comenzará a deliberar la próxima semana para emitir el veredicto.
En la sesión de este jueves, las partes han presentado sus alegatos finales sin modificaciones respecto de las posiciones fijadas en sus escritos iniciales de acusación. En su turno, la Fiscalía ha desgranado durante más de dos horas todas las pruebas e indicios que, en su opinión, corroboran que Vázquez Jarava presuntamente se aprovechó de su situación en la cúpula del instituto armado para que se adjudicaran en 2016 al otro encausado alrededor de 80 contratos de rehabilitación de fachadas de acuartelamientos por un valor de 1,4 millones de euros.
En este sentido, ha recordado que varios jefes de comandancia han afirmado durante la vista que el general se puso en contacto con ellos para indicarles la conveniencia de adjudicar estos trabajos a Tejera de León con el argumento de que tenía un sistema de impermeabilización supuestamente novedoso, aunque en realidad no lo era. A cambio, él presuntamente recibió del empresario dádivas en forma de viajes ―dos de ellos para asistir a las finales de la Champions League de fútbol disputadas en 2016 y de 2017 en Milán (Italia) y Cardiff (Reino Unido) respectivamente―, estancias en hoteles, un cobertor para su piscina y más de 39.000 euros en metálico. Para el ministerio público, estos regalos demuestran que el vínculo entre el general y el constructor no era solo de amistad, sino también “económico”.
La Fiscalía ha dedicado parte de su exposición a detallar, precisamente, la secuencia de indicios que concluye que confirman tres supuestos pagos en efectivo que se produjeron en noviembre de 2016. Según su relato, este proceso se iniciaba con la supuesta retirada por parte del contratista de una cantidad de dinero en efectivo de su banco, a la que seguía poco después una comida en una marisquería de Madrid cercana a la Dirección General de la Guardia Civil y, dos días más tarde, el supuesto ingreso de esos fondos por parte del general en cuentas a su nombre y de forma fraccionada para, según el ministerio público, no despertar sospechas a la entidad bancaria. Para la Fiscalía, los intentos del general durante la vista de justificar tanto los regalos como el origen de estos fondos han sido insuficientes al no estar respaldados por documentación. “No hay una operación que justifique el origen de ese dinero”, ha concluido.
En la misma línea, la Abogacía del Estado ha recalcado el papel que jugaba Vázquez Jarava como máximo responsable de gestionar el patrimonio de la Guardia Civil entre 2015 y 2018. “Tenía la llave maestra”, ha afirmado, entre protestas del propio general, al que el magistrado ha ordenado callar. La Abogacía ha insistido en que los contratos adjudicados a Tejera de León lo fueron “a dedo” y que hasta siete jefes de comandancia han confirmado durante la vista que recibieron la “indicación” o la “recomendación” de encargar las obras al empresario amigo del general. Sobre los supuestos regalos, que en algún caso el constructor ha intentado explicar durante la vista como “detalles”, la representante de los intereses de Interior en la vista ha recordado que debían haber sido rechazados por el alto mando. “Un funcionario público no puede permitirse este tipo de conducta, de regalos, y menos viniendo de una contratista de la Guardia Civil”, ha recalcado.
Las acusaciones populares también han criticado esta falta de “deontología profesional” por parte del general y la que ha representado a la AUGC ha recalcado que todo el caso tenía “un insoportable tufo de corrupción”. “Un general no recomienda; cuando un general llama, las órdenes se cumplen”, ha destacado el abogado de esta asociación, Mariano Casado, al cuestionar el argumento de la defensa de que el alto mando solo aconsejaba. El letrado de ASESGC, Fernando Castellanos, ha incidido en que el general tenía “poder e influencia” y ha destacado que las empresas de Tejera de León registraron un “crecimiento exponencial” en su facturación a la Guardia Civil coincidiendo con el periodo en el que Vázquez Jarava era el máximo responsable de las finanzas del instituto armado.
Por su parte, la defensa del general ha insistido en que toda la causa es una venganza ―“un traje a medida” contra su cliente, ha añadido― y ha denunciado los obstáculos que ha encontrado durante la instrucción para defender la inocencia de su cliente, lo que ha aprovechado para apuntar que pedirá la nulidad del proceso si finalmente es condenado. En contra de lo esgrimido por las acusaciones, el abogado de Vázquez Jarava ha defendido que “una recomendación no es dar un orden”, en referencia a las llamadas que hizo a las comandancias. También ha vuelto a esgrimir tres operaciones económicas con un hermano, un subordinado y un prestamista para explicar los ingresos en metálico en las cuentas del general bajo sospecha. En un intento de restar valor a los informes del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil ―unidad encargada de investigar los posibles delitos cometidos por agentes―, ha afirmado que “los investigadores se equivocan mucho”. Ya al comienzo de la vista acusó a Asuntos Internos de “animadversión” hacia el alto mando.
La última en intervenir ha sido la abogada del constructor, que ha intentado desacreditar los informes periciales incorporados a la causa que apuntan que cerca de un 40% de los trabajos adjudicados y cobrados por su cliente ni siquiera se habían llegado a ejecutar. La letrada ha insistido en que Tejera de León llevaba haciendo obras para el instituto armado desde años antes de que el general asumiera sus responsabilidades en el área económica. “No hacía falta que Vázquez Jarava le introdujera en la Guardia Civil. Ya era conocido y tenía amigos”, ha afirmado. Sobre la retirada de elevadas cantidades de fondos en metálico de sus cuentas, ha recalcado que era “una práctica habitual” que había adoptado para pagar gastos de material y empleados durante los trabajos.
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