Los presos de Figueres autores de un ciberataque accedieron a información personal de funcionarios

Los tres presos que protagonizaron un ciberataque en el Centro Penitenciario de Puig de les Basses de Figueres (Girona) a mediados de agosto, han accedido a documentos como nombre, DNI y correo electrónico de personal de la prisión, y matrículas de los coches personales de varios funcionarios. Aunque el Departamento de Justicia y Calidad Democrática se remite al comunicado inicial que remitió el pasado 12 de agosto, fuentes de UGT alertan de que “el ciberataque es mucho más grave de lo que se dijo inicialmente”. Los presos, sostienen, accedieron a 12 carpetas, 26.000 documentos tanto del Departamento de Justicia como de otros departamentos y dos de estas carpetas compartidas, a las que se puede acceder desde otros ordenadores, fueron copiadas en uno de los ordenadores utilizados. Los sindicatos reclaman “que se apliquen las medidas necesarias para minimizar cualquier riesgo para los afectados” y “transparencia”.

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Sindicalistas de UGT, CC OO y Catac se han reunido con responsables técnicos de la conselleria, con el director general de Asuntos Penitenciarios, Domingo Estepa al frente, para conocer el avance de la investigación y las consecuencias del ciberataque detectado el pasado domingo día 9 de agosto en la red compartida del centro. La investigación, bajo secreto de actuaciones, la llevan la unidad de delitos informáticos de la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d’Esquadra y la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, que está elaborando un informe-auditoría de las consecuencias de este ataque informático.

Según UGT, Justicia asegura que “prácticamente se puede descartar que hayan accedido al portal de los funcionarios ni a archivos con fichas o fotografías de trabajadores ni a cuentas bancarias”. Y que “aún no se tiene constancia de que estos documentos copiados en Backup se hayan filtrado de ningún manera en cualquier lugar, o copiado en un dispositivo USB, ya que está en fase de investigación”, sin embargo, sostiene UGT, “tampoco pueden asegurar que no haya sido así”. Los documentos sí se guardaron en un ordenador de los que disponen los presos en el centro para acceder con su clave.

Según la información que el Govern ha proporcionado a los sindicatos, el informe de la Agencia de Ciberseguridad tardará semanas en estar terminado, por la complejidad tecnológica que implica y el volumen de información existente en la red de la Generalitat a la que han accedido, pero sí les han detallado “lo que se ha encontrado hasta el día de hoy”. Entre los documentos —de hace 4 o 5 años— a los que accedieron en la docena de carpetas, aparecen matriculas de coches relacionados con NIP (número de identificación personal; por determinar de cuántas personas). También listados con los datos (nombre, DNI y correo electrónico) de personal que hace uso laboral de tarjeta para firmar electrónicamente (por determinar cuántos y sus centros de trabajo), listados con algunos teléfonos corporativos de los mandos de los centros penitenciarios y de voluntarios. La administración también les ha asegurado que se ha trabajado en la red para que en la actualidad tenga el máximo grado de seguridad que por ahora se puede alcanzar y que “es improbable que un ataque como el sufrido se vuelva a repetir”.

Desde Justicia se ha insistido en que “todavía está por confirmar la dimensión del volumen de personas que puedan estar afectadas”, lo que se sabrá con el avance de la investigación y que cuando se sepa “se pondrán en contacto con todos los trabajadores afectados para informarles”, tal y como obliga la normativa de protección de datos. También han explicado los responsables del departamento que desconocen si la información ha salido del ordenador en el que se copió, aunque han considerado que “no existe indicio de que esto haya sido así”.

Ejercicio de transparencia

Desde UGT exigen que el Departamento sea “absolutamente transparente” y responsable hacia los trabajadores que puedan ver algún dato personal comprometido. También que se apliquen las medidas necesarias para minimizar cualquier riesgo para cualquiera afectado, y en este sentido hemos propuesto recuperar las matrículas protegidas para los vehículos de los trabajadores penitenciarios, de las que disponían hace años. El Govern ha recogido la propuesta y se ha comprometido gestionar con el Ministerio del Interior que se pueda autorizar su uso a los funcionarios penitenciarios. El sindicato además reclama que se pidan responsabilidades a la empresa suministradora del servicio “por los errores que se hayan podido detectar en el funcionamiento de los sistemas, y más aún cuando de la investigación parece muy evidente que ha habido negligencias por parte de ésta”.

Según ha podido saber EL PAÍS, los tres internos identificados como autores del ciberataque han sido separados en distintos centros. Ninguno de ellos está recluido por la comisión de delitos informáticos y consiguieron vulnerar la seguridad del sistema a través de las pantallas táctiles para hacer videollamadas, que funcionan desde hace poco más de un año. Las alarmas del sistema saltaron y un preso puso sobre la pista de lo sucedido.