Nueve meses después de la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible , el Ministerio de Transportes continúa a la torera para no obligar a Renfe a asumir el retorno del compromiso de puntualidad, el anterior esquema de indemnizaciones por el que el operador público devolvía al pasajero el 50% del billete de AVE cuando el tren se retrasaba 15 minutos y la totalidad del ticket cuando la demora sobrepasaba la media hora. Así quedó refrendado en una enmienda del PP añadida a la norma en vigor desde el 3 de diciembre de 2025, que el Gobierno se negó a acatar alegando que ponía a Renfe en desventaja frente a Ouigo e Iryo. En vez de ello, el ministerio del ramo aseguró que reformaría el reglamento del sector ferroviario para adaptarlo al requerimiento . Algo que se comunicó oficialmente en el último día de 2025, pero del que, corriendo el tupido velo del accidente de Adamuz , nada se ha vuelto a saber.Renfe se negó desde el primer momento a cumplir la ley y para ello se escudó en un supuesto informe que la Abogacía del Estado emitió antes de final de año. Más tarde, en sus cuentas anuales, aseguraba que los servicios jurídicos del Estado habían emitido el 5 de febrero otro reporte donde apoyaban que el operador público no cumpliera el mandato de la ley de Movilidad Sostenible si eso le suponía operar en desventaja con Ouigo e Iryo que indemnizan a partir de los 60 y 90 minutos -como ahora la propia Renfe-, el mínimo marcado por ley.El Grupo Parlamentario Popular, como impulsor de la medida, pidió formalmente al Gobierno en mayo la entrega del informe de la Abogacía del Estado en una iniciativa parlamentaria que también exigía la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, para rendir cuentas sobre el incumplimiento de la ley de Movilidad Sostenible . Pero nunca obtuvieron respuesta y por ello el Grupo Parlamentario Popular presentó y logró sacar adelante en el Congreso en junio una Proposición no de Ley (PNL) sobre defensa del transporte en España para exigir al Ejecutivo de Pedro Sánchez que cumpliera con hasta nueve mandatos de la nueva norma que estaba eludiendo entre las que se encontraba la petición de hacer «cumplir la ley» para recuperar de forma «inmediata» los compromisos de puntualidad y devoluciones de Renfe anteriores a las modificaciones producidas en julio de 2024, «tras haber incumplido el plazo legal del 1 de enero».La votación de la PNL se produjo un día después de que el Gobierno respondiera con rotundidad al GPP que no iba a recuperar el anterior esquema de indemnizaciones de Renfe tras analizarlo detenidamente con su equipo jurídico ni siquiera retocando el reglamento del sector ferroviario. «En este tiempo se ha seguido profundizando en el análisis jurídico y, como resultado, finalmente se ha determinado que las obligaciones legales exigibles en relación con los criterios de puntualidad e indemnizaciones a los pasajeros, tanto por la regulación de la Unión Europea aplicable al mercado ferroviario comunitario como por las prescripciones de la propia Ley de Movilidad Sostenible en el mercado nacional, ya están contempladas por Renfe a través de su política de puntualidad vigente», fue la respuesta dada a la pregunta parlamentaria presentada por seis diputados populares.El ministro defiende la puntualidad del AVEEl incumplimiento de Renfe, además coincide con un ‘anno horribilis’ por las consecuencias sobre los tiempos de viaje provocadas por el accidente de Adamuz y una temporada estival en la que también se han reproducido los retrasos, pese a la vanagloria que se da el ministro Puente. «Cada mes Renfe publica sus datos de puntualidad. Los de este verano son sensiblemente mejores que los de 2025» posteaba el martes el ministro de Transportes, Óscar Puente, en la red social ‘X’ adjuntando una imagen con el informe de puntualidad de Renfe en agosto, que si bien mostraba una mejora respecto a 2025, era el resultado solo de ese mes y no de todo el verano. De hecho, dejó a la vista en la misma publicación que en julio (datos no publicados hasta ahora) el retraso medio a la llegada de los trenes a destino había empeorado en más de un minuto respecto al mismo mes de 2025 (de 9,3 a 10,6). También en el mes de junio la empresa estatal quedó lejos de mejorar las estadísticas del año anterior. En el primer mes fuerte de la temporada alta, el retraso medio fue de 18 minutos y uno de cada cuatro trenes de alta velocidad de Renfe (circularon un total de 8.964 servicios) firmaron demoras de más de 15 minutos, mientras un 11% se retrasaron más de 30 minutos. El año anterior, lo hicieron uno de cada cinco y un 8% respectivamente. Todos ellos serían indemnizables con el antiguo esquema de compensaciones de Renfe. Con todo, si algo es cierto, es que la supresión del compromiso de puntualidad vigente desde el verano de 2024 ayuda a la empresa pública a mejorar sus resultados financieros (según sus cálculos recuperarlo le supondría un impacto de 125 millones al año). El Grupo Renfe ganó 60,2 millones de euros el año pasado, sus primer resultado positivo desde 2019. La compañía lo anunció ayer pese a que las cuentas de resultados llevaban varios meses publicadas en su página web. Nueve meses después de la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible , el Ministerio de Transportes continúa a la torera para no obligar a Renfe a asumir el retorno del compromiso de puntualidad, el anterior esquema de indemnizaciones por el que el operador público devolvía al pasajero el 50% del billete de AVE cuando el tren se retrasaba 15 minutos y la totalidad del ticket cuando la demora sobrepasaba la media hora. Así quedó refrendado en una enmienda del PP añadida a la norma en vigor desde el 3 de diciembre de 2025, que el Gobierno se negó a acatar alegando que ponía a Renfe en desventaja frente a Ouigo e Iryo. En vez de ello, el ministerio del ramo aseguró que reformaría el reglamento del sector ferroviario para adaptarlo al requerimiento . Algo que se comunicó oficialmente en el último día de 2025, pero del que, corriendo el tupido velo del accidente de Adamuz , nada se ha vuelto a saber.Renfe se negó desde el primer momento a cumplir la ley y para ello se escudó en un supuesto informe que la Abogacía del Estado emitió antes de final de año. Más tarde, en sus cuentas anuales, aseguraba que los servicios jurídicos del Estado habían emitido el 5 de febrero otro reporte donde apoyaban que el operador público no cumpliera el mandato de la ley de Movilidad Sostenible si eso le suponía operar en desventaja con Ouigo e Iryo que indemnizan a partir de los 60 y 90 minutos -como ahora la propia Renfe-, el mínimo marcado por ley.El Grupo Parlamentario Popular, como impulsor de la medida, pidió formalmente al Gobierno en mayo la entrega del informe de la Abogacía del Estado en una iniciativa parlamentaria que también exigía la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, para rendir cuentas sobre el incumplimiento de la ley de Movilidad Sostenible . Pero nunca obtuvieron respuesta y por ello el Grupo Parlamentario Popular presentó y logró sacar adelante en el Congreso en junio una Proposición no de Ley (PNL) sobre defensa del transporte en España para exigir al Ejecutivo de Pedro Sánchez que cumpliera con hasta nueve mandatos de la nueva norma que estaba eludiendo entre las que se encontraba la petición de hacer «cumplir la ley» para recuperar de forma «inmediata» los compromisos de puntualidad y devoluciones de Renfe anteriores a las modificaciones producidas en julio de 2024, «tras haber incumplido el plazo legal del 1 de enero».La votación de la PNL se produjo un día después de que el Gobierno respondiera con rotundidad al GPP que no iba a recuperar el anterior esquema de indemnizaciones de Renfe tras analizarlo detenidamente con su equipo jurídico ni siquiera retocando el reglamento del sector ferroviario. «En este tiempo se ha seguido profundizando en el análisis jurídico y, como resultado, finalmente se ha determinado que las obligaciones legales exigibles en relación con los criterios de puntualidad e indemnizaciones a los pasajeros, tanto por la regulación de la Unión Europea aplicable al mercado ferroviario comunitario como por las prescripciones de la propia Ley de Movilidad Sostenible en el mercado nacional, ya están contempladas por Renfe a través de su política de puntualidad vigente», fue la respuesta dada a la pregunta parlamentaria presentada por seis diputados populares.El ministro defiende la puntualidad del AVEEl incumplimiento de Renfe, además coincide con un ‘anno horribilis’ por las consecuencias sobre los tiempos de viaje provocadas por el accidente de Adamuz y una temporada estival en la que también se han reproducido los retrasos, pese a la vanagloria que se da el ministro Puente. «Cada mes Renfe publica sus datos de puntualidad. Los de este verano son sensiblemente mejores que los de 2025» posteaba el martes el ministro de Transportes, Óscar Puente, en la red social ‘X’ adjuntando una imagen con el informe de puntualidad de Renfe en agosto, que si bien mostraba una mejora respecto a 2025, era el resultado solo de ese mes y no de todo el verano. De hecho, dejó a la vista en la misma publicación que en julio (datos no publicados hasta ahora) el retraso medio a la llegada de los trenes a destino había empeorado en más de un minuto respecto al mismo mes de 2025 (de 9,3 a 10,6). También en el mes de junio la empresa estatal quedó lejos de mejorar las estadísticas del año anterior. En el primer mes fuerte de la temporada alta, el retraso medio fue de 18 minutos y uno de cada cuatro trenes de alta velocidad de Renfe (circularon un total de 8.964 servicios) firmaron demoras de más de 15 minutos, mientras un 11% se retrasaron más de 30 minutos. El año anterior, lo hicieron uno de cada cinco y un 8% respectivamente. Todos ellos serían indemnizables con el antiguo esquema de compensaciones de Renfe. Con todo, si algo es cierto, es que la supresión del compromiso de puntualidad vigente desde el verano de 2024 ayuda a la empresa pública a mejorar sus resultados financieros (según sus cálculos recuperarlo le supondría un impacto de 125 millones al año). El Grupo Renfe ganó 60,2 millones de euros el año pasado, sus primer resultado positivo desde 2019. La compañía lo anunció ayer pese a que las cuentas de resultados llevaban varios meses publicadas en su página web.
Nueve meses después de la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible, el Ministerio de Transportes continúa a la torera para no obligar a Renfe a asumir el retorno del compromiso de puntualidad, el anterior esquema de indemnizaciones por el que el operador … público devolvía al pasajero el 50% del billete de AVE cuando el tren se retrasaba 15 minutos y la totalidad del ticket cuando la demora sobrepasaba la media hora. Así quedó refrendado en una enmienda del PP añadida a la norma en vigor desde el 3 de diciembre de 2025, que el Gobierno se negó a acatar alegando que ponía a Renfe en desventaja frente a Ouigo e Iryo. En vez de ello, el ministerio del ramo aseguró que reformaría el reglamento del sector ferroviario para adaptarlo al requerimiento. Algo que se comunicó oficialmente en el último día de 2025, pero del que, corriendo el tupido velo del accidente de Adamuz, nada se ha vuelto a saber.
Renfe se negó desde el primer momento a cumplir la ley y para ello se escudó en un supuesto informe que la Abogacía del Estado emitió antes de final de año. Más tarde, en sus cuentas anuales, aseguraba que los servicios jurídicos del Estado habían emitido el 5 de febrero otro reporte donde apoyaban que el operador público no cumpliera el mandato de la ley de Movilidad Sostenible si eso le suponía operar en desventaja con Ouigo e Iryo que indemnizan a partir de los 60 y 90 minutos -como ahora la propia Renfe-, el mínimo marcado por ley.
El Grupo Parlamentario Popular, como impulsor de la medida, pidió formalmente al Gobierno en mayo la entrega del informe de la Abogacía del Estado en una iniciativa parlamentaria que también exigía la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, para rendir cuentas sobre el incumplimiento de la ley de Movilidad Sostenible. Pero nunca obtuvieron respuesta y por ello el Grupo Parlamentario Popular presentó y logró sacar adelante en el Congreso en junio una Proposición no de Ley (PNL) sobre defensa del transporte en España para exigir al Ejecutivo de Pedro Sánchez que cumpliera con hasta nueve mandatos de la nueva norma que estaba eludiendo entre las que se encontraba la petición de hacer «cumplir la ley» para recuperar de forma «inmediata» los compromisos de puntualidad y devoluciones de Renfe anteriores a las modificaciones producidas en julio de 2024, «tras haber incumplido el plazo legal del 1 de enero».
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Mismas condiciones que Ouigo e Iryo
Antonio Ramírez Cerezo
La votación de la PNL se produjo un día después de que el Gobierno respondiera con rotundidad al GPP que no iba a recuperar el anterior esquema de indemnizaciones de Renfe tras analizarlo detenidamente con su equipo jurídico ni siquiera retocando el reglamento del sector ferroviario. «En este tiempo se ha seguido profundizando en el análisis jurídico y, como resultado, finalmente se ha determinado que las obligaciones legales exigibles en relación con los criterios de puntualidad e indemnizaciones a los pasajeros, tanto por la regulación de la Unión Europea aplicable al mercado ferroviario comunitario como por las prescripciones de la propia Ley de Movilidad Sostenible en el mercado nacional, ya están contempladas por Renfe a través de su política de puntualidad vigente», fue la respuesta dada a la pregunta parlamentaria presentada por seis diputados populares.
El ministro defiende la puntualidad del AVE
El incumplimiento de Renfe, además coincide con un ‘anno horribilis’ por las consecuencias sobre los tiempos de viaje provocadas por el accidente de Adamuz y una temporada estival en la que también se han reproducido los retrasos, pese a la vanagloria que se da el ministro Puente. «Cada mes Renfe publica sus datos de puntualidad. Los de este verano son sensiblemente mejores que los de 2025» posteaba el martes el ministro de Transportes, Óscar Puente, en la red social ‘X’ adjuntando una imagen con el informe de puntualidad de Renfe en agosto, que si bien mostraba una mejora respecto a 2025, era el resultado solo de ese mes y no de todo el verano. De hecho, dejó a la vista en la misma publicación que en julio (datos no publicados hasta ahora) el retraso medio a la llegada de los trenes a destino había empeorado en más de un minuto respecto al mismo mes de 2025 (de 9,3 a 10,6).
También en el mes de junio la empresa estatal quedó lejos de mejorar las estadísticas del año anterior. En el primer mes fuerte de la temporada alta, el retraso medio fue de 18 minutos y uno de cada cuatro trenes de alta velocidad de Renfe (circularon un total de 8.964 servicios) firmaron demoras de más de 15 minutos, mientras un 11% se retrasaron más de 30 minutos. El año anterior, lo hicieron uno de cada cinco y un 8% respectivamente. Todos ellos serían indemnizables con el antiguo esquema de compensaciones de Renfe.
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Con todo, si algo es cierto, es que la supresión del compromiso de puntualidad vigente desde el verano de 2024 ayuda a la empresa pública a mejorar sus resultados financieros (según sus cálculos recuperarlo le supondría un impacto de 125 millones al año). El Grupo Renfe ganó 60,2 millones de euros el año pasado, sus primer resultado positivo desde 2019. La compañía lo anunció ayer pese a que las cuentas de resultados llevaban varios meses publicadas en su página web.
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