Entre las brutales imágenes de bosques completos siendo consumidos por las llamas, hay postales que se sienten aún más crueles: las de animales calcinados por el fuego. Desde el comienzo del año, se han iniciado en España 412 incendios que han quemado más de 280.000 hectáreas, según los datos provisionales del Sistema de información europeo de incendios forestales (EFFIS). De lo que no hay cifras es de la cantidad de animales, tanto de compañía como silvestres, que se han visto afectados. Tampoco hay protocolos de actuación para atenderlos en situaciones de emergencia. En ese vacío, que la Dirección de Derechos de los Animales pretende cubrir para 2027, es la sociedad civil la que sale al rescate de los más indefensos.
El Gobierno prepara una normativa nacional para 2027, mientras veterinarios y voluntarios improvisan la respuesta cada vez que incendios o riadas amenazan la vida de personas y mascotas
Entre las brutales imágenes de bosques completos siendo consumidos por las llamas, hay postales que se sienten aún más crueles: las de animales calcinados por el fuego. Desde el comienzo del año, se han iniciado en España 412 incendios que han quemado más de 280.000 hectáreas, según los datos provisionales del Sistema de información europeo de incendios forestales (EFFIS). De lo que no hay cifras es de la cantidad de animales, tanto de compañía como silvestres, que se han visto afectados. Tampoco hay protocolos de actuación para atenderlos en situaciones de emergencia. En ese vacío, que la Dirección de Derechos de los Animales pretende cubrir para 2027, es la sociedad civil la que sale al rescate de los más indefensos.
Carolina Cortada perdió a los 38 gatos de los que cuidaba en el incendio de Les Gavarres, en Tarragona (Cataluña). El fuego arrasó 2.200 hectáreas en 36 horas a inicios de julio. Cuando las llamas fueron sofocadas y pudo regresar al bosque calcinado, solo logró localizar a dos de los animales. Sus condiciones eran tan malas que tuvo que aplicarles la eutanasia: “No nos ha ayudado nadie, ni en su rescate en ese momento, ni ahora en la búsqueda. Pensamos que solo pudieron sobrevivir unos pocos, pero estamos seguros de que dentro del bosque todavía hay animales heridos que necesitan de nosotros”, expone.
Después de la muerte de la colonia de felinos, la Federación para la Defensa y Protección del Gato Doméstico, de la que forma parte Cortada, inició una recolección de firmas en Change.org para urgir al Ministerio del Interior y al de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a elaborar e implementar un protocolo nacional de rescate y protección animal en emergencias. “No estamos dispuestos a dejar a ningún animal atrás. Creemos que toda vida merece ser protegida”, defiende la descripción de la iniciativa, que suma más de 34.000 simpatizantes.
Para Cortada, la urgencia de un marco legal va más allá de la temporada de incendios. En las inundaciones de 2015 en Zaragoza, más de 9.000 animales murieron ahogados en granjas e instalaciones ganaderas. Asociaciones veterinarias en La Palma (Canarias) cifran hasta en 15.000 los animales que fallecieron alcanzados por la lava o los gases tras la erupción del volcán en 2021. La Generalitat Valenciana informó de la retirada de los cadáveres de cerca de 3.000 animales en explotaciones ganaderas tras la dana de 2024, cifra a la que se suman cientos de mascotas y animales silvestres ahogados o atrapados por el lodo.
Un marco legal sin normativa
La Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, establece que los planes de protección civil de las comunidades autónomas deben contener medidas de protección animal en emergencias. Los ayuntamientos son responsables de la recogida de animales extraviados y abandonados, con un servicio que debe estar disponible las 24 horas. El Real Decreto 524/2023, de Normas Básicas de Protección Civil, habla de la protección de los animales como un bien, sin mayores indicaciones. Estas son, hasta ahora, las únicas directrices que ofrece la normativa, sin marcos claros de acción en ningún escenario.
El activista Jaime Posada, portavoz de AnimaNaturalis, insiste en que no hay un compromiso real de ningún nivel de gobierno: “Somos los voluntarios quienes terminamos haciendo rescates, resguardos, además de la recolección y distribución de alimentos. Hay un vacío que nadie quiere cubrir. Muchos de nosotros que vamos a los sitios después de los incendios vemos estas escenas dantescas, conocemos el olor de la muerte. Es muy doloroso”.
Posada subraya, además, que los animales silvestres deben tener el mismo peso en la conversación que los domésticos. “La fauna empieza desde los roedores y las lagartijas. Pensamos en las corzas y los ciervos, pero hay cientos de animales allá fuera de los que nadie se hace responsable”, denuncia.
Un plan en camino
La Dirección de Derechos de los Animales, a cargo del ministerio de Pablo Bustinduy, ha comenzado a preparar un protocolo nacional de atención a animales en situaciones de riesgo. Sin adelantar mayores detalles, el departamento asegura que el documento estará listo para las comunidades autónomas antes del cierre de este año, con la finalidad de que estas inicien el 2027 adecuando sus planes de protección civil.
Desde 2021, el Gobierno incluye el rescate de animales en el plan de lucha contra incendios que se aprueba cada año antes del verano. De acuerdo con la Dirección de Derechos Animales, veterinarios en las zonas afectadas debían ayudar a coordinar y guiar a los equipos de emergencia en la localización, rescate y atención de los animales, y así evitar las incursiones de particulares. Cinco años después de aquella medida, la dirección confirma que se sigue incluyendo en el plan nacional cada año, aunque sin un balance de su eficacia.
La Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), de la que España es miembro, cuenta con un manual de directrices sobre gestión de desastres y reducción de riesgos en sanidad, bienestar animal y salud pública veterinaria. En él se plantea la creación de un plan de contingencia y actuación de los servicios veterinarios para cada tipo de desastre natural, precisando que, como cada catástrofe es distinta, la respuesta debe ajustarse a cada escenario. De ahí se desprenderían planes regionales, locales y privados.
La normativa que existe en España, pero que no se traduce en protocolos concretos, como indica la OMSA, fue el eje del IV Congreso Internacional de Sanidad y Bienestar Animal que la Organización Colegial Veterinaria de España celebró a finales de mayo en Valencia. Solo Canarias y Murcia han avanzado en integrar a los veterinarios en sus planes de emergencia. Y Valencia trabaja ahora en el suyo, tras las carencias detectadas en el rescate, identificación y atención veterinaria de los animales afectados por la dana.
Para diciembre faltan aún un par de meses, pero las catástrofes nunca avisan. Mientras tanto, en las redes sociales, los perfiles creados para el rescate de animales huérfanos por la dana de Valencia siguen activos. En Madrid y Ávila, tras los incendios, se sumaron hasta 2.000 voluntarios para dar asistencia veterinaria gratuita y resguardo de animales. Los desastres les llegan a todos. La ayuda, todavía no.
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