Un atributo destacado en un anuncio de habitación de alquiler en Salamanca es: “Casero decente (Rara avis)”. Contactar y preguntar por esa rara avis conlleva esta respuesta: “He estado de alquiler 14 veces y he visto de todo; era decente porque cualquier cosa normal que necesitara el piso la proveía sin problema”. Otros aluden a la proximidad a las universidades, este a los baños, aquel al buen rollo de los inquilinos, pero muy pocos al precio: solo cuatro de los 17 cuartos ofrecidos en varios tablones de anuncios en la Facultad de Derecho. Parece que no gusta hablar de dinero, como los artistas, pero al inquirir a los arrendatarios hay quejas: los que especulan con la vivienda y sacan a subasta sus casas para exprimir a los interesados. La ciudad tiene 146.000 vecinos y otros 20.000 estudiantes forasteros residen en ella cada curso, desafío habitacional aliñado por el pujante turismo, frugal y rentable. La Asamblea de Inquilinas charra denuncia la “codicia” y la “especulación” de los caseros, magos del atraco: casas viejas, nulas reformas, fianzas desaparecidas, malabaristas del contrato temporal y ases de esquivar la legislación.
La ciudad charra sufre problemas estructurales de vivienda agravados por ser emblema estudiantil
Un atributo destacado en un anuncio de habitación de alquiler en Salamanca es: “Casero decente (Rara avis)”. Contactar y preguntar por esa rara avis conlleva esta respuesta: “He estado de alquiler 14 veces y he visto de todo; era decente porque cualquier cosa normal que necesitara el piso la proveía sin problema”. Otros aluden a la proximidad a las universidades, este a los baños, aquel al buen rollo de los inquilinos, pero muy pocos al precio: solo cuatro de los 17 cuartos ofrecidos en varios tablones de anuncios en la Facultad de Derecho. Parece que no gusta hablar de dinero, como los artistas, pero al inquirir a los arrendatarios hay quejas: los que especulan con la vivienda y sacan a subasta sus casas para exprimir a los interesados. La ciudad tiene 146.000 vecinos y otros 20.000 estudiantes forasteros residen en ella cada curso, desafío habitacional aliñado por el pujante turismo, frugal y rentable. La Asamblea de Inquilinas charra denuncia la “codicia” y la “especulación” de los caseros, magos del atraco: casas viejas, nulas reformas, fianzas desaparecidas, malabaristas del contrato temporal y ases de esquivar la legislación.
La peruana Grecia Cueva, de 28 años, explica en la Facultad de Derecho cómo su casera le ha subido de 600 a 750 euros su piso de tres habitaciones, que comparte con su novio, en dos años. Un 25% auspiciado por un ardid contractual: no firman contratos estables de cinco años con opción de prórroga y precios fijados, como marca la norma estatal, sino acuerdos de 11 meses que van prorrogando, falsamente temporales. Ahí intervienen las inmobiliarias y sus aguijonazos, y los dueños juegan con que “si me voy yo, otros vendrán”. De la decimonónica lavadora cuyo arreglo querían endilgarle, mejor no añadir nada. El 7% del producto interior bruto de la provincia depende de la Universidad de Salamanca, según datos internos.
Aída Maside, de 25 años y portavoz de la Asamblea, asegura que en un juicio serían los inquilinos quienes ganarían la causa contra esos alquileres pseudotemporales, pero que, entre el desconocimiento general y los estudiantes reacios a líos, al final los propietarios gobiernan como en el Lejano Oeste. La ley de la selva salmantina se traduce en un aumento del 7,6% del precio del alquiler entre 2025 y 2026 y casi del 50% en una década, según el portal Idealista. “El problema no es que haya pocos pisos o los impuestos, sino los propietarios especulando”, afirma Maside. La Ley nacional de Vivienda de 2023 permite a los municipios topar precios si el mercado está tensionado. Los precios han moderado su alza en las comunidades o ciudades que lo han aplicado, como en Cataluña, Navarra o Euskadi. Ninguna del PP la ha implementado.
Cuatro amigas casi aplauden al preguntarles por sus dramas, agradecidas, entre apuntes en Derecho. Vienen de India, Francia y Alemania. Luisa Maia, Joselyn Enige, Luise Morgentahl y Dia Moore, de entre 19 y 23 años, relatan historias de meses buscando acomodo, depósitos en riesgo, paredes de papel, habitaciones “por 350 mensuales y sin armario” y mala suerte con compañeros de piso fiesteros cada día: “La vida nocturna en Salamanca es intensa”. Se nota al recorrer algunas calles y plazas con carteles ofreciendo promociones en chupitos, mojitos baratos con a saber qué potingues, bonocopas o jaranas varias. Factor clave para algunos estudiantes al decidir qué y dónde estudiar, como un grupo enorme de ingentes maletas frente a un portal, bocata de jamón y agua con gas en manos.
Además, una ciudad Patrimonio de la Humanidad, con su característica piedra de Villamayor, edificios emblemáticos, una plaza Mayor churrigueresca única, el legado cultural de figuras como Miguel de Unamuno o de Calixto y Melibea, el puente romano y otros tantos atractivos seducen a turistas como los que en manada siguen a guías turísticos con paraguas y micrófono. Más tensión inmobiliaria en barrios apartados, donde antiguos comercios se han readaptado en bajos habilitados para turistas. Uno de ellos, con código numérico para acceder y videovigilado, tiene un cartel que remite como responsable a “Apartamento en Salamanca”. Enfrente, otro con exactamente la misma puerta.
Aída Maside se sulfura junto a varias integrantes de la Asamblea, citadas para narrar sus miserias. Ella apela por la “organización” para asistir a personas sin el conocimiento o la capacidad socioeconómica de combatir a las pirañas rentistas o a los matones de empresas de desokupaciones que hostigan simplemente a quien se niega a aceptar una subida indiscriminada del alquiler: “Llaman okupa a cualquiera”. “Se aprovechan de la vulnerabilidad de los estudiantes o de los migrantes, siguen una lógica mercantil y no de necesidad de vivienda”, lamenta Maside, con dueños que reforman sus inmuebles para lograr las máximas habitaciones posibles y obtener el máximo provecho, sin importar que personas solas o familias puedan pagarlas. Ya llegará otro. Entretanto, ven cómo miembros de la Asamblea han sido agredidos, así como un cerrajero, cuando fueron a asistir a una compañera a quien le habían bloqueado la cerradura. Denunciado está. Miranda Martínez, de 28, reniega del sentimiento de impunidad de los propietarios y comenta cómo el perfil de afectados por este “problema estructural” va ampliando y llega a gente de clase obrera o ancianos cuyos alquileres de renta antigua vencen y les quieren triplicar el precio.
Carolina M., de 54 años y que evita dar su apellido por si la identifican, cuenta una historia de presiones, amenazas de desahucio, casas sin licencias pertinentes, promesas incumplidas o cortes de electricidad porque en una vivienda con 12 cuartos la potencia controlada no llegaba para abastecer la demanda completa. Otro compañero, anónimo, cita “amenazas y un burofax” de su casera cuando su novia y él se negaron a pagar “una subida de 100 euros antes de verano”, sin amparo legal alguno, y solo se libraron por la Asamblea: “Si no nos movemos y asesoramos, nada”. La funcionaria Pilar Prada, divorciada de 59 años, representa cómo alguien con un sueldo fijo tampoco se libra del desafío. Su casero le prometió “quedarse siempre con un alquiler de 400 euros”, pero al tiempo le pidió 700; ella aceptaría pagar algo intermedio, pero no tal subida. Prada tuvo miedo de ir a los tribunales “porque no hay jurisprudencia y no quiero perder las costas”. Ahora reside en una buhardilla pequeña que le ha prestado una amiga en lo que encuentra algo y guarda los muebles en una cochera.
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