Los movimientos que ha llevado a cabo el Gobierno en materia de ayudas energéticas para amortiguar el impacto económico provocado por la crisis de Oriente Próximo tienen una importante letra pequeña. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros se anunció que la tarifa regulada del gas (TUR) tendría un tope en su próxima subida. El vicepresidente y ministro de Asuntos Económicos, Carlos Cuerpo, no matizó bien de cuánto sería ese techo, y tampoco explicó la penalización que existe para los consumidores que regresen al mercado libre.El motivo para poner un techo a la TUR es porque «los precios internacionales del gas natural se han mantenido elevados durante gran parte del año 2026 (…) sin embargo, desde mediados de agosto se viene registrando un abrupto repunte de las cotizaciones, que ha tenido su reflejo en la cotización del del gas natural», señala el Gobierno en el real decreto-ley.Por ello, ante el incremento del coste de la materia prima se establece la metodología de cálculo de la TUR, «en la revisión de 1 de octubre de 2026 no podrá superar el 35% del valor aplicado en la Resolución de 25 de junio de 2026, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural». El Gobierno había dicho que esa tope sería del 15%, pero en realidad esa cifra no será hasta enero de 2027.Pero la gran letra pequeña llega con un apartado bastante ambiguo. El punto 6 del Artículo 1 explica que «el consumidor que abandone la TUR antes de la completa recuperación de la cantidad adeudada deberá abonar al comercializador de último recurso el último valor de deuda media correspondiente a su escalón de peaje».De esta forma, el Gobierno lo que pretende es que el déficit que se genera cuando las compañías energéticas no pueden repercutir todo el coste de la materia prima en la tarifa TUR –y tienen ellas que financiar ese margen– no se pague entre todos los consumidores, sino que cada cliente particular termine pagando el descuento que se hace ahora, y, de esta forma, tampoco se tiene que abonar por vía de las arcas públicas.En el año 2022, cuando en plena guerra de Ucrania el Gobierno también topó las subidas de la tarifa regulada del gas, después de que esta materia prima se disparase en los mercados regulados, miles de usuarios se trasladaron a la TUR, y la diferencia de coste se socializó entre todos generando un déficit.En las últimas semanas había trascendido que esta tarifa, más barata que la del mercado libre, iba a subir cerca de un 50%. El Gobierno, para impedir esta situación, ha vuelto a retomar los topes en la fórmula de cálculo. Pero ahora serán los clientes que accedan a este mercado los que deban pagar.No obstante, la formulación del real decreto-ley es algo confusa, y habrá que esperar para ver cómo resuelven las compañías ese cobro, y cómo se fija dicha penalización que deben abonar los consumidores que dejen el mercado regulado. De hecho, es importante señalar que a partir del segundo trimestre de 2027 ya no habrá ningún tipo de tope, y la factura de la TUR volverá a subir en función de lo que suba el gas natural en los mercados internacionales. Los movimientos que ha llevado a cabo el Gobierno en materia de ayudas energéticas para amortiguar el impacto económico provocado por la crisis de Oriente Próximo tienen una importante letra pequeña. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros se anunció que la tarifa regulada del gas (TUR) tendría un tope en su próxima subida. El vicepresidente y ministro de Asuntos Económicos, Carlos Cuerpo, no matizó bien de cuánto sería ese techo, y tampoco explicó la penalización que existe para los consumidores que regresen al mercado libre.El motivo para poner un techo a la TUR es porque «los precios internacionales del gas natural se han mantenido elevados durante gran parte del año 2026 (…) sin embargo, desde mediados de agosto se viene registrando un abrupto repunte de las cotizaciones, que ha tenido su reflejo en la cotización del del gas natural», señala el Gobierno en el real decreto-ley.Por ello, ante el incremento del coste de la materia prima se establece la metodología de cálculo de la TUR, «en la revisión de 1 de octubre de 2026 no podrá superar el 35% del valor aplicado en la Resolución de 25 de junio de 2026, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural». El Gobierno había dicho que esa tope sería del 15%, pero en realidad esa cifra no será hasta enero de 2027.Pero la gran letra pequeña llega con un apartado bastante ambiguo. El punto 6 del Artículo 1 explica que «el consumidor que abandone la TUR antes de la completa recuperación de la cantidad adeudada deberá abonar al comercializador de último recurso el último valor de deuda media correspondiente a su escalón de peaje».De esta forma, el Gobierno lo que pretende es que el déficit que se genera cuando las compañías energéticas no pueden repercutir todo el coste de la materia prima en la tarifa TUR –y tienen ellas que financiar ese margen– no se pague entre todos los consumidores, sino que cada cliente particular termine pagando el descuento que se hace ahora, y, de esta forma, tampoco se tiene que abonar por vía de las arcas públicas.En el año 2022, cuando en plena guerra de Ucrania el Gobierno también topó las subidas de la tarifa regulada del gas, después de que esta materia prima se disparase en los mercados regulados, miles de usuarios se trasladaron a la TUR, y la diferencia de coste se socializó entre todos generando un déficit.En las últimas semanas había trascendido que esta tarifa, más barata que la del mercado libre, iba a subir cerca de un 50%. El Gobierno, para impedir esta situación, ha vuelto a retomar los topes en la fórmula de cálculo. Pero ahora serán los clientes que accedan a este mercado los que deban pagar.No obstante, la formulación del real decreto-ley es algo confusa, y habrá que esperar para ver cómo resuelven las compañías ese cobro, y cómo se fija dicha penalización que deben abonar los consumidores que dejen el mercado regulado. De hecho, es importante señalar que a partir del segundo trimestre de 2027 ya no habrá ningún tipo de tope, y la factura de la TUR volverá a subir en función de lo que suba el gas natural en los mercados internacionales.
Los movimientos que ha llevado a cabo el Gobierno en materia de ayudas energéticas para amortiguar el impacto económico provocado por la crisis de Oriente Próximo tienen una importante letra pequeña. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros se anunció que … la tarifa regulada del gas (TUR) tendría un tope en su próxima subida. El vicepresidente y ministro de Asuntos Económicos, Carlos Cuerpo, no matizó bien de cuánto sería ese techo, y tampoco explicó la penalización que existe para los consumidores que regresen al mercado libre.
El motivo para poner un techo a la TUR es porque «los precios internacionales del gas natural se han mantenido elevados durante gran parte del año 2026 (…) sin embargo, desde mediados de agosto se viene registrando un abrupto repunte de las cotizaciones, que ha tenido su reflejo en la cotización del del gas natural», señala el Gobierno en el real decreto-ley.
Por ello, ante el incremento del coste de la materia prima se establece la metodología de cálculo de la TUR, «en la revisión de 1 de octubre de 2026 no podrá superar el 35% del valor aplicado en la Resolución de 25 de junio de 2026, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural». El Gobierno había dicho que esa tope sería del 15%, pero en realidad esa cifra no será hasta enero de 2027.
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Pero la gran letra pequeña llega con un apartado bastante ambiguo. El punto 6 del Artículo 1 explica que «el consumidor que abandone la TUR antes de la completa recuperación de la cantidad adeudada deberá abonar al comercializador de último recurso el último valor de deuda media correspondiente a su escalón de peaje».
De esta forma, el Gobierno lo que pretende es que el déficit que se genera cuando las compañías energéticas no pueden repercutir todo el coste de la materia prima en la tarifa TUR –y tienen ellas que financiar ese margen– no se pague entre todos los consumidores, sino que cada cliente particular termine pagando el descuento que se hace ahora, y, de esta forma, tampoco se tiene que abonar por vía de las arcas públicas.
En el año 2022, cuando en plena guerra de Ucrania el Gobierno también topó las subidas de la tarifa regulada del gas, después de que esta materia prima se disparase en los mercados regulados, miles de usuarios se trasladaron a la TUR, y la diferencia de coste se socializó entre todos generando un déficit.
En las últimas semanas había trascendido que esta tarifa, más barata que la del mercado libre, iba a subir cerca de un 50%. El Gobierno, para impedir esta situación, ha vuelto a retomar los topes en la fórmula de cálculo. Pero ahora serán los clientes que accedan a este mercado los que deban pagar.
No obstante, la formulación del real decreto-ley es algo confusa, y habrá que esperar para ver cómo resuelven las compañías ese cobro, y cómo se fija dicha penalización que deben abonar los consumidores que dejen el mercado regulado. De hecho, es importante señalar que a partir del segundo trimestre de 2027 ya no habrá ningún tipo de tope, y la factura de la TUR volverá a subir en función de lo que suba el gas natural en los mercados internacionales.
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