El Gobierno vuelve a incumplir la ley y no presenta los Presupuestos en plazo: así ha demolido las normas presupuestarias

Un año más ha pasado el 30 de septiembre sin que el Gobierno de Pedro Sánchez haya llevado a las Cortes su proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Se ha convertido en una costumbre pero implica el incumplimiento de la normativa presupuestaria y de un mandato constitucional. La Constitución Española fija en su artículo 134.3 que el Gobierno debe presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año «al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior». Es decir, el texto articulado debería entrar en el registro del Congreso de los Diputados antes del 1 de octubre de cada año.Desde que gobierna Pedro Sánchez este plazo no se ha respetado ni una sola vez . Antes de su llegada a La Moncloa ese mandato constitucional se había incumplido media docena de veces, pero casi siempre por la coincidencia con citas electorales o con periodos de interinidad política en los que no había un Gobierno constituido y se entendía que no se debían presentar los Presupuestos. En los últimos años, sin embargo, el ciclo previsto en la normativa presupuestaria y la fecha límite fijada en la Constitución se han ignorado de manera sistemática y, como denunció en su momento la anterior presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Cristina Herrero, la institución de los Presupuestos Generales del Estado se ha erosionado de tal manera, que ya no se puede entender como la clave de bóveda de la política económica que era hasta el año 2018. La prueba está en que el Gobierno lleva toda una legislatura completa gobernando e imputando gastos a unas y otras políticas sin necesidad de aprobar un solo Presupuesto del Estado.La estrategia del Gobierno ha despertado dudas de legalidad y el Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha terminado elevando la cuestión al Tribunal Constitucional en forma de conflicto de atribuciones, que ha sido ya admitido a trámite, para, en palabras de la portavoz popular en el Senado, Alicia García, «sacar a Sánchez de su rebeldía constitucional». A la espera de conocer si el Tribunal Constitucional considera ajustada o no a los principios de la Carta Magna la forma de manejarse del Gobierno de coalición de las izquierdas en los últimos años en materia presupuestaria, lo que es constatable es que el Ejecutivo ha desarrollado a lo largo de todo este tiempo una estrategia de demolición de la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada por el PP en 2012, que sigue vigente pero a la que la acción del Gobierno ha abierto tantos agujeros que no cumple ni de lejos los objetivos de rigor presupuestario y procedimientos reglados para los que se aprobó.Estrategia sistemática desde 2018El proceso de demolición arrancó casi desde el primer momento. Con unos presupuestos heredados del PP, los de 2018, y sin mayoría parlamentaria suficiente para aprobar unos nuevos en 2019, el Gobierno de Pedro Sánchez se dedicó durante sus primeros meses a desmontar los cortafuegos levantados por Montoro, y antes también por Elena Salgado, en los años duros de los ajustes presupuestarios para impedir los traspasos de créditos entre partidas diferentes. El equipo de María Jesús Montero eliminó una a una esas cautelas y así logró reorientar de forma parcial durante 2019 unas cuentas del PP para dotar de recursos algunas de sus prioridades políticas.El gran terremoto llegó, sin embargo, en 2020, con la pandemia. Tras un par de episodios críticos en los primeros días tras la orden de confinamiento, en que el Gobierno perdió cargamentos de equipos de protección por el proceso excesivamente garantista para contratar bienes y servicios al margen de las vías ordinarias previstas en la ley, se optó por arramblar con estas cortapisas y permitir las transferencias de recursos desde unas partidas a otras para atender las necesidades que se pusieron de manifiesto en aquellos meses. El resultado permitió ampliar en 76.000 millones las disponibilidades presupuestarias de ese ejercicio y abrió una serie de compuertas que el Gobierno ha aprovechado posteriormente para mover sin problema alguno partidas de un lugar a otro de los presupuestos.Desde 2018 el Gobierno se ha dedicado a derogar las cautelas y cortafuegos instaurados durante los años de los ajustes para tener margen suficiente para gastarPor el camino ha retocado la normativa presupuestaria para flexibilizar los casos previstos en la ley no solo para traspasar créditos presupuestarios de una partida a otra, sino también para ampliar y modificar créditos presupuestarios con más libertad de la que planteaba la legislación presupuestaria del PP. También ha hecho un uso intensivo del fondo para catástrofes para atender gastos corrientes, especialmente en materia de Defensa.La última pirueta se ha producido en los últimos años, cuando todos los cambios introducidos en los ejercicios anteriores para poder gastar a su antojo aún sin Presupuestos o sin créditos suficientes – en 2023, el Gobierno amplió en más de 13.000 millones de euros las dotaciones previstas en el que se vendió como el presupuesto con más gasto de toda la historia- se han revelado como insuficientes para operar con unas cuentas públicas aprobadas en el año 2023 en plena espiral inflacionista. En una maniobra cuestionada por el Tribunal de Cuentas y que la oposición ha decidido llevar a los tribunales, el Gobierno decidió aprovechar los créditos presupuestarios asignados en 2023 al Plan de Recuperación y ya asignados de manera efectiva, y mantenerlos vivos en los ejercicios siguientes para poder disponer de un margen extra para atender los gastos que fueran considerándose necesarios sin necesidad de disponer de Presupuestos. Así se movieron 2.389 millones de euros del Plan de Recuperación para pagar las pensiones y otros gastos sociales en 2024; y, según el PP, se trasladaron otros 8.400 millones en 2025 al mismo objetivo. Un año más ha pasado el 30 de septiembre sin que el Gobierno de Pedro Sánchez haya llevado a las Cortes su proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Se ha convertido en una costumbre pero implica el incumplimiento de la normativa presupuestaria y de un mandato constitucional. La Constitución Española fija en su artículo 134.3 que el Gobierno debe presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año «al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior». Es decir, el texto articulado debería entrar en el registro del Congreso de los Diputados antes del 1 de octubre de cada año.Desde que gobierna Pedro Sánchez este plazo no se ha respetado ni una sola vez . Antes de su llegada a La Moncloa ese mandato constitucional se había incumplido media docena de veces, pero casi siempre por la coincidencia con citas electorales o con periodos de interinidad política en los que no había un Gobierno constituido y se entendía que no se debían presentar los Presupuestos. En los últimos años, sin embargo, el ciclo previsto en la normativa presupuestaria y la fecha límite fijada en la Constitución se han ignorado de manera sistemática y, como denunció en su momento la anterior presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Cristina Herrero, la institución de los Presupuestos Generales del Estado se ha erosionado de tal manera, que ya no se puede entender como la clave de bóveda de la política económica que era hasta el año 2018. La prueba está en que el Gobierno lleva toda una legislatura completa gobernando e imputando gastos a unas y otras políticas sin necesidad de aprobar un solo Presupuesto del Estado.La estrategia del Gobierno ha despertado dudas de legalidad y el Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha terminado elevando la cuestión al Tribunal Constitucional en forma de conflicto de atribuciones, que ha sido ya admitido a trámite, para, en palabras de la portavoz popular en el Senado, Alicia García, «sacar a Sánchez de su rebeldía constitucional». A la espera de conocer si el Tribunal Constitucional considera ajustada o no a los principios de la Carta Magna la forma de manejarse del Gobierno de coalición de las izquierdas en los últimos años en materia presupuestaria, lo que es constatable es que el Ejecutivo ha desarrollado a lo largo de todo este tiempo una estrategia de demolición de la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada por el PP en 2012, que sigue vigente pero a la que la acción del Gobierno ha abierto tantos agujeros que no cumple ni de lejos los objetivos de rigor presupuestario y procedimientos reglados para los que se aprobó.Estrategia sistemática desde 2018El proceso de demolición arrancó casi desde el primer momento. Con unos presupuestos heredados del PP, los de 2018, y sin mayoría parlamentaria suficiente para aprobar unos nuevos en 2019, el Gobierno de Pedro Sánchez se dedicó durante sus primeros meses a desmontar los cortafuegos levantados por Montoro, y antes también por Elena Salgado, en los años duros de los ajustes presupuestarios para impedir los traspasos de créditos entre partidas diferentes. El equipo de María Jesús Montero eliminó una a una esas cautelas y así logró reorientar de forma parcial durante 2019 unas cuentas del PP para dotar de recursos algunas de sus prioridades políticas.El gran terremoto llegó, sin embargo, en 2020, con la pandemia. Tras un par de episodios críticos en los primeros días tras la orden de confinamiento, en que el Gobierno perdió cargamentos de equipos de protección por el proceso excesivamente garantista para contratar bienes y servicios al margen de las vías ordinarias previstas en la ley, se optó por arramblar con estas cortapisas y permitir las transferencias de recursos desde unas partidas a otras para atender las necesidades que se pusieron de manifiesto en aquellos meses. El resultado permitió ampliar en 76.000 millones las disponibilidades presupuestarias de ese ejercicio y abrió una serie de compuertas que el Gobierno ha aprovechado posteriormente para mover sin problema alguno partidas de un lugar a otro de los presupuestos.Desde 2018 el Gobierno se ha dedicado a derogar las cautelas y cortafuegos instaurados durante los años de los ajustes para tener margen suficiente para gastarPor el camino ha retocado la normativa presupuestaria para flexibilizar los casos previstos en la ley no solo para traspasar créditos presupuestarios de una partida a otra, sino también para ampliar y modificar créditos presupuestarios con más libertad de la que planteaba la legislación presupuestaria del PP. También ha hecho un uso intensivo del fondo para catástrofes para atender gastos corrientes, especialmente en materia de Defensa.La última pirueta se ha producido en los últimos años, cuando todos los cambios introducidos en los ejercicios anteriores para poder gastar a su antojo aún sin Presupuestos o sin créditos suficientes – en 2023, el Gobierno amplió en más de 13.000 millones de euros las dotaciones previstas en el que se vendió como el presupuesto con más gasto de toda la historia- se han revelado como insuficientes para operar con unas cuentas públicas aprobadas en el año 2023 en plena espiral inflacionista. En una maniobra cuestionada por el Tribunal de Cuentas y que la oposición ha decidido llevar a los tribunales, el Gobierno decidió aprovechar los créditos presupuestarios asignados en 2023 al Plan de Recuperación y ya asignados de manera efectiva, y mantenerlos vivos en los ejercicios siguientes para poder disponer de un margen extra para atender los gastos que fueran considerándose necesarios sin necesidad de disponer de Presupuestos. Así se movieron 2.389 millones de euros del Plan de Recuperación para pagar las pensiones y otros gastos sociales en 2024; y, según el PP, se trasladaron otros 8.400 millones en 2025 al mismo objetivo.  

Un año más ha pasado el 30 de septiembre sin que el Gobierno de Pedro Sánchez haya llevado a las Cortes su proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Se ha convertido en una costumbre pero implica el incumplimiento de la normativa presupuestaria y de … un mandato constitucional. La Constitución Española fija en su artículo 134.3 que el Gobierno debe presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año «al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior». Es decir, el texto articulado debería entrar en el registro del Congreso de los Diputados antes del 1 de octubre de cada año.

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