Julio fue el primer mes completo en el que los combustibles volvieron a tributar a un IVA del 21% tras disfrutar de un tipo rebajado del 10% durante tres meses para paliar los efectos de la guerra en Irán. Acto seguido los precios en las gasolineras españolas se han disparado hasta el punto de arrastrar el IPC general a un alza del 3,6% interanual y obligar al Gobierno a alterar el calendario que había previsto inicialmente para la retirada gradual del segundo paquete anticrisis, que vino a sustituir al primero con medidas más quirúrgicas. Según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), a lo largo del mes pasado, una vez eliminada la reducción del IVA y recortada de 20 a 15 céntimos la ayuda por litro en el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH), el gasóleo en España se encareció un 15,7% interanual, un 1,6% más que en junio, mientras la gasolina lo hizo un 7,3%, seis puntos más. La magnitud de la subida del diésel, por encima del 15%, ha activado automáticamente la cláusula de salvaguarda introducida por el Gobierno en su último decreto y el Ministerio de Economía ha anunciado que a partir del 1 de septiembre volverá a elevar a 20 céntimos por litro la bonificación sobre el Impuesto de Hidrocarburos aplicable al gasóleo, cuando en condiciones normales esa debería haber sido de cinco céntimos en virtud del esquema de retirada gradual escalonada de las ayudas diseñado por el Gobierno: este contemplaba una bonificación de 15 céntimos en julio, de 10 en agosto y de 5 en septiembre. El ahorro, no obstante, solo beneficiará a los conductores que tengan vehículos diésel, ya que la subida de la gasolina se ha situado por debajo del 15% y por tanto experimentará el recorte de ayudas previsto y solo tendrá una bonificación de cinco céntimos en septiembre. La rebaja fiscal al gasóleo va en contra del criterio de la Comisión Europea. Bruselas ya mostró su disconformidad con la rebaja general del IVA decretada por el Gobierno de España, al entender que atentaba contra la normativa comunitaria y que espoleaba el consumo -y con ello, la inflación-, cuando lo que se está intentando es reducir el consumo de combustibles fósiles. Lo problemático ahora es que el Ejecutivo se dispone a bonificar el gasóleo por encima de la gasolina, cuando hace más de una década que desde Europa se le exige justo lo contrario. El Ejecutivo comunitario mantiene retenidos a España 200 millones de euros de los fondos del Plan de Recuperación por el incumplimiento de su compromiso de elevar los impuestos al diésel, que el Gobierno intentó sacar adelante en su último paquete fiscal pero que tuvo que renunciar para evitar que todas las medidas cayeran en bloque. En 2011, Bruselas dio carpetazo al régimen tributario imperante desde los años 70, basado en la premisa de que la gasolina contamina más, y propuso cambiar la fiscalidad de los carburantes para gravar más el gasóleo. Quince años después la fiscalidad española sigue beneficiando a este último con una tasa fiscal de 0,379 euros por litro en el Impuesto de Hidrocarburos frente a los 0,473 que soporta la gasolina 95. A lo largo del último año, antes de que estallara el conflicto en Oriente Próximo, el diésel en España venía siendo sustancialmente más barato que la gasolina. El Plan de Recuperación remitido por el Gobierno a Bruselas en 2021 incluyó la equiparación tributaria de ambos tipos de combustible dentro del hito 388, cuyo objetivo era elevar la recaudación fiscal al menos en un 0,3% del PIB por la vía de nuevos impuestos ‘verdes’. La ejecución de ese objetivo ha sido imposible por la debilidad parlamentaria del PSOE, hecho que llevó a la Comisión a retener a España 475 millones del quinto desembolso de los fondos europeos. Todo este embrollo ha coincidido en el tiempo con el anuncio de una nueva bajada fiscal al gasóleo, insumo que en este momento actúa como principal correa de transmisión de la crisis inflacionista. Así lo ha confirmado el INE con la publicación de los últimos datos de IPC, que sitúan el índice general una décima por encima de lo que Estadística estimó hace ahora dos semanas y en su nivel más alto desde mayo de 2024, cuando nuestro país aún sufría los estragos de la invasión rusa de Ucrania.Los dos paquetes desplegados hasta ahora han servido para contener el alza del IPC interanual en un punto de media a lo largo de los últimos meses , según se desprende de los datos del INE. Los alimentos paran el golpeLas últimas cifras de IPC tienen varias lecturas. De un lado, el IPC ‘subyacente’ -que elimina del análisis los elementos más volátiles del paquete (la energía y los alimentos no elaborados) para ofrecer una fotografía más estable de la evolución de los precios- escaló una décima en julio, hasta el 3%, de lo que se deduce que la crisis inflacionista ha empezado a contagiarse de la energía al resto de la economía. De hecho, este mismo jueves la Fundación BBVA ha advertido de que España se expone a sufrir una inflación del 4% a partir de agosto . De otro lado, el IPC armonizado, que sirve para hacer comparaciones entre países de la UE revela que la inflación en España fue del 3,9% en el último año, dos puntos por encima de la media comunitaria, con el correspondiente perjuicio que esto supone para la capacidad exportadora de nuestra economía. La nota positiva la ofrece el IPC de los alimentos, cuya tasa de aumento interanual cayó tres décimas, hasta el 1,6%. No obstante, y como ya explicó este diario, el dato no es excesivamente sorprendente, ya que el traslado de la escalada de precios de los fertilizantes del campo al supermercado no es inmediato. Julio fue el primer mes completo en el que los combustibles volvieron a tributar a un IVA del 21% tras disfrutar de un tipo rebajado del 10% durante tres meses para paliar los efectos de la guerra en Irán. Acto seguido los precios en las gasolineras españolas se han disparado hasta el punto de arrastrar el IPC general a un alza del 3,6% interanual y obligar al Gobierno a alterar el calendario que había previsto inicialmente para la retirada gradual del segundo paquete anticrisis, que vino a sustituir al primero con medidas más quirúrgicas. Según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), a lo largo del mes pasado, una vez eliminada la reducción del IVA y recortada de 20 a 15 céntimos la ayuda por litro en el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH), el gasóleo en España se encareció un 15,7% interanual, un 1,6% más que en junio, mientras la gasolina lo hizo un 7,3%, seis puntos más. La magnitud de la subida del diésel, por encima del 15%, ha activado automáticamente la cláusula de salvaguarda introducida por el Gobierno en su último decreto y el Ministerio de Economía ha anunciado que a partir del 1 de septiembre volverá a elevar a 20 céntimos por litro la bonificación sobre el Impuesto de Hidrocarburos aplicable al gasóleo, cuando en condiciones normales esa debería haber sido de cinco céntimos en virtud del esquema de retirada gradual escalonada de las ayudas diseñado por el Gobierno: este contemplaba una bonificación de 15 céntimos en julio, de 10 en agosto y de 5 en septiembre. El ahorro, no obstante, solo beneficiará a los conductores que tengan vehículos diésel, ya que la subida de la gasolina se ha situado por debajo del 15% y por tanto experimentará el recorte de ayudas previsto y solo tendrá una bonificación de cinco céntimos en septiembre. La rebaja fiscal al gasóleo va en contra del criterio de la Comisión Europea. Bruselas ya mostró su disconformidad con la rebaja general del IVA decretada por el Gobierno de España, al entender que atentaba contra la normativa comunitaria y que espoleaba el consumo -y con ello, la inflación-, cuando lo que se está intentando es reducir el consumo de combustibles fósiles. Lo problemático ahora es que el Ejecutivo se dispone a bonificar el gasóleo por encima de la gasolina, cuando hace más de una década que desde Europa se le exige justo lo contrario. El Ejecutivo comunitario mantiene retenidos a España 200 millones de euros de los fondos del Plan de Recuperación por el incumplimiento de su compromiso de elevar los impuestos al diésel, que el Gobierno intentó sacar adelante en su último paquete fiscal pero que tuvo que renunciar para evitar que todas las medidas cayeran en bloque. En 2011, Bruselas dio carpetazo al régimen tributario imperante desde los años 70, basado en la premisa de que la gasolina contamina más, y propuso cambiar la fiscalidad de los carburantes para gravar más el gasóleo. Quince años después la fiscalidad española sigue beneficiando a este último con una tasa fiscal de 0,379 euros por litro en el Impuesto de Hidrocarburos frente a los 0,473 que soporta la gasolina 95. A lo largo del último año, antes de que estallara el conflicto en Oriente Próximo, el diésel en España venía siendo sustancialmente más barato que la gasolina. El Plan de Recuperación remitido por el Gobierno a Bruselas en 2021 incluyó la equiparación tributaria de ambos tipos de combustible dentro del hito 388, cuyo objetivo era elevar la recaudación fiscal al menos en un 0,3% del PIB por la vía de nuevos impuestos ‘verdes’. La ejecución de ese objetivo ha sido imposible por la debilidad parlamentaria del PSOE, hecho que llevó a la Comisión a retener a España 475 millones del quinto desembolso de los fondos europeos. Todo este embrollo ha coincidido en el tiempo con el anuncio de una nueva bajada fiscal al gasóleo, insumo que en este momento actúa como principal correa de transmisión de la crisis inflacionista. Así lo ha confirmado el INE con la publicación de los últimos datos de IPC, que sitúan el índice general una décima por encima de lo que Estadística estimó hace ahora dos semanas y en su nivel más alto desde mayo de 2024, cuando nuestro país aún sufría los estragos de la invasión rusa de Ucrania.Los dos paquetes desplegados hasta ahora han servido para contener el alza del IPC interanual en un punto de media a lo largo de los últimos meses , según se desprende de los datos del INE. Los alimentos paran el golpeLas últimas cifras de IPC tienen varias lecturas. De un lado, el IPC ‘subyacente’ -que elimina del análisis los elementos más volátiles del paquete (la energía y los alimentos no elaborados) para ofrecer una fotografía más estable de la evolución de los precios- escaló una décima en julio, hasta el 3%, de lo que se deduce que la crisis inflacionista ha empezado a contagiarse de la energía al resto de la economía. De hecho, este mismo jueves la Fundación BBVA ha advertido de que España se expone a sufrir una inflación del 4% a partir de agosto . De otro lado, el IPC armonizado, que sirve para hacer comparaciones entre países de la UE revela que la inflación en España fue del 3,9% en el último año, dos puntos por encima de la media comunitaria, con el correspondiente perjuicio que esto supone para la capacidad exportadora de nuestra economía. La nota positiva la ofrece el IPC de los alimentos, cuya tasa de aumento interanual cayó tres décimas, hasta el 1,6%. No obstante, y como ya explicó este diario, el dato no es excesivamente sorprendente, ya que el traslado de la escalada de precios de los fertilizantes del campo al supermercado no es inmediato.
La crisis inflacionista derivada de la guerra en Oriente Próximo y el cierre del estrecho de Ormuz al paso de buques petroleros y gasistas se agudiza mes a mes. Así se desprende de los últimos datos del IPC publicados hoy por el Instituto Nacional … de Estadística (INE), que fijan el avance de los precios en julio en el 3,6% con respecto al mismo mes de 2025, una décima más de lo que Estadística estimó cuando publicó el dato preliminar hace ahora dos semanas y cuatro décimas por encima del dato de junio. Con esto, el indicador se sitúa en su nivel más alto desde mayo de 2024, cuando nuestro país aún sufría los estragos de la espiral inflacionista derivada de la invasión rusa de Ucrania, dos años antes.
Como entonces, los protagonistas de la subida de los precios vuelven a ser la electricidad, con un alza interanual del 8,4% el mes pasado y, sobre todo, los carburantes, cuyo encarecimiento ha obligado al Gobierno a modificar hoy mismo el calendario de retirada de las ayudas fiscales a los combustibles al anunciar que a partir de septiembre elevará a 20 céntimos por litro la rebaja del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH) aplicable al gasóleo, frente a los 5 céntimos inicialmente previstos para ese mes, dentro de un esquema de desaparición gradual del ‘colchón fiscal’ que empezó a contar el primero de julio y que preveía bonificaciones de 15 céntimos en julio, 10 en agosto y 5 en septiembre.
Con esto, el Ejecutivo cumple con lo establecido en el segundo real decreto-ley de medidas para hacer frente a la crisis por la guerra, aprobado a finales de junio y convalidado un mes después en el Congreso con la abstención del PP y Podemos y los votos en contra de Vox. A cambio de no reeditar la reducción del IVA de los combustibles hasta el 10% para todos los conductores, una medida que estuvo incluida en el primer real-decreto anticrisis a pesar de las críticas de Bruselas por su excesivo alcance, en esta segunda ley el Ejecutivo incluyó un descuento en el IEH cuya desaparición gradual estaba ligada a que los combustibles no se encarecieran más de un 15% interanual. El gasóleo lo hizo en julio, de ahí que la bonificación vaya a recuperarse, mientras que en el caso de la gasolina, cuya subida de precios quedó en el 7,3%, se mantiene el calendario ordinario de eliminación de las ayudas.
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Esta subida de precios de los combustibles se explica por la recuperación del IVA del 21% para estos insumos a partir del uno de julio, tras permanecer tres meses en el 10%. La secuencia de los hechos no pudo ser más inoportuna, pues apenas una semana después de que decayera el primer escudo anticrisis, el presidente estadounidense, Donald Trump, dio la sorpresa al anunciar que las negociaciones con Irán habían terminado, hecho que disparó el precio del barril de petróleo Brent (el de referencia en Europa) de nuevo hasta el entorno de los 88 dólares.
Un mes después, con el Brent rozando los 90 dólares y sin visos de que el conflicto en Oriente Próximo vaya a terminar pronto, está por ver hasta qué punto el Ejecutivo logra contener la crisis inflacionista. Pese a las críticas que ha recibido desde el club de los Veintisiete por el modo de gestionar las ayudas, lo cierto es que los dos paquetes desplegados en España hasta ahora han servido para contener el alza del IPC interanual en un punto de media a lo largo de los últimos meses, según se desprende del indicador de precios ‘a impuestos constantes’, un índice que permite conocer el avance que hubiera mostrado el indicador de no haberse aplicado modificaciones tributarias.
La cesta de la compra evita el golpe
Hoy el Ministerio de Economía ha sacado pecho de estos buenos resultados, que ahora quedan fiados a la minoración del IEH y a las bonificaciones en el gasóleo agrícola en lo que refiere a los combustibles. En lo relativo a la luz y el gas, el nuevo real decreto contempla la reducción gradual del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, hasta dejarlo en el 0% a partir de 2028, y un mecanismo de salvaguarda para recuperar el IVA reducido en las facturas de los hogares si la electricidad o el gas se encarecen más de un 15% interanual, así como la bajada del Impuesto Especial sobre la Electricidad del 5,1% al 0,5%.
Lo cierto es que los últimos datos de inflación tienen varias lecturas. De un lado, el IPC ‘subyacente’, que es un indicador que elimina del análisis los elementos más volátiles del paquete (la energía y los alimentos no elaborados) para ofrecer una fotografía más ‘estructural’ de la evolución de los precios, escaló una décima en julio, hasta el 3%, situándose de nuevo (ya lo hizo el pasado mes de mayo) en máximos de hace dos años, de lo que se deduce que la crisis inflacionista ha empezado a contagiarse al resto de la economía, más allá de la energía.
La nota positiva la ofrece el IPC de los alimentos, cuya tasa de aumento interanual en julio cayó tres décimas, hasta el 1,6%. No obstante, y como ya explicó este diario, el dato no es excesivamente sorprendente, ya que los expertos advierten de que habitualmente los incrementos en el precio de los fertilizantes y el gasóleo -ambos insumos están afectados por el cierre de Ormuz- tardan varios meses en trasladarse del campo al supermercado. En este contexto, buena parte de las previsiones posponen una eventual subida de la cesta de la compra a después del verano.
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