China inicia este jueves la Semana Dorada, su periodo de vacaciones por el Día Nacional, durante la cual la Administración Nacional de Inmigración espera una media diaria de 2,15 millones de cruces fronterizos. La previsión incluye los desplazamientos (en ambas direcciones) de los residentes de China continental, Hong Kong, Macao y Taiwán, así como los de extranjeros. Esa gran operación de viajes llega este año apenas dos semanas después de la entrada en vigor de un nuevo reglamento que amplía los supuestos en los que las autoridades pueden impedir a un ciudadano chino abandonar el país. La norma, advierte la organización Human Rights Watch, concede al Gobierno chino margen para imponer prohibiciones arbitrarias. Por su parte, Pekín sostiene que la medida responde, entre otros problemas, a los viajes relacionados con estafas y apuestas ilegales transfronterizas y al traslado ilícito de tecnología al extranjero.
La nueva normativa amplía los supuestos de prohibición de salida para los ciudadanos chinos y llega en medio de un control creciente sobre trabajadores de sectores estratégicos
China inicia este jueves la Semana Dorada, su periodo de vacaciones por el Día Nacional, durante la cual la Administración Nacional de Inmigración espera una media diaria de 2,15 millones de cruces fronterizos. La previsión incluye los desplazamientos (en ambas direcciones) de los residentes de China continental, Hong Kong, Macao y Taiwán, así como los de extranjeros. Esa gran operación de viajes llega este año apenas dos semanas después de la entrada en vigor de un nuevo reglamento que amplía los supuestos en los que las autoridades pueden impedir a un ciudadano chino abandonar el país. La norma, advierte la organización Human Rights Watch, concede al Gobierno chino margen para imponer prohibiciones arbitrarias. Por su parte, Pekín sostiene que la medida responde, entre otros problemas, a los viajes relacionados con estafas y apuestas ilegales transfronterizas y al traslado ilícito de tecnología al extranjero.
La normativa, publicada en julio y vigente desde el 15 de septiembre, permite prohibir la salida durante un periodo de entre seis meses y tres años a los ciudadanos chinos que hayan cometido en el extranjero actividades ilegales o delictivas que perjudiquen la seguridad o los intereses nacionales. También autoriza a impedir que viajen quienes hayan infringido las normas de control de exportaciones o de transferencia internacional de tecnología si esa infracción puede poner en peligro la seguridad industrial o tecnológica de China. El texto no fija un plazo máximo para este último supuesto. Las autoridades migratorias pueden, además, intentar disuadir de viajar a lugares considerados de riesgo extremo o donde se produzcan numerosos incidentes graves contra la seguridad del personal.
La referencia a la tecnología adquiere especial importancia en plena competencia entre China y Estados Unidos en áreas como la inteligencia artificial (IA) o los semiconductores. Pekín lleva tiempo vigilando la salida de empresas y conocimientos que considera estratégicos. En marzo, los cofundadores de Manus, una empresa de IA fundada en China y que posteriormente trasladó su sede a Singapur, fueron informados de que no podían abandonar el país mientras las autoridades examinaban su adquisición por Meta. Esta semana, Bloomberg publicó que cónyuges e hijos de algunos profesionales de empresas privadas de sectores críticos deben solicitar también autorización para salir de China, incluso para viajes breves, según fuentes citadas por la agencia. La Ley de Contraespionaje de 2023 ya permitía impedir salidas por motivos de seguridad nacional y examinar dispositivos electrónicos en actuaciones de contraespionaje.
Desde que la nueva disposición de entradas y salidas entró en vigor, este diario ha seguido las conversaciones sobre el tema en las redes sociales chinas. Ha encontrado tanto mensajes de inquietud por los controles como otros que restan importancia a los cambios y llaman a respetar las normas. Una mujer de 49 años de la provincia de Anhui cuenta a este periódico que no tuvo problemas cuando viajó a San Petersburgo (Rusia) el día 22 de septiembre y añade que la salida fluyó con total normalidad, como cuando viajó al extranjero en ocasiones anteriores. “Mi sensación es que las nuevas políticas no tienen como objetivo limitar los intercambios entre las personas, sino simplemente regular los procedimientos. Creo que no hay que preocuparse demasiado”, declara por teléfono.
EL PAÍS ha tratado de entrevistar a una decena de personas que habían relatado en plataformas como Xiaohongshu (el Instagram chino) experiencias de controles más minuciosos en las últimas semanas, pero todas han declinado hacer comentarios por tratarse de prensa extranjera. Algunos han asegurado sentir miedo por si la policía vuelve a contactar con ellos. En las publicaciones a las que ha tenido acceso este diario, sus autores no afirmaban que se les hubiese impedido salir de China; describían más preguntas de las habituales e incluso peticiones para examinar las conversaciones de sus teléfonos móviles.
Varios jóvenes de alrededor de 20 años aseguran que las autoridades migratorias llamaron a sus padres para pedir consentimiento por el viaje, aunque la mayoría de edad en China se alcanza a los 18 años. Los destinos que, por lo que describen las publicaciones citadas, levantan más sospechas son el Sudeste Asiático (en el último año ha habido varios escándalos de secuestros relacionados con las mafias de estafas digitales) y Japón, cuya relación diplomática con China atraviesa uno de sus peores momentos.
China controla los movimientos al extranjero desde hace décadas. Una disposición de 2003 obliga a determinadas categorías de personal (suelen ser directivos de empresas estatales y empleados con acceso a información sensible) obtener el visto bueno de su unidad de trabajo para viajar a otros países y que esta custodie sus documentos de viaje. No se aplica por igual a todos los empleados públicos. Una trabajadora de un gran conglomerado de medios de comunicación de China, que prefiere mantenerse en el anonimato, confirma a este diario que, desde 2017, sus superiores guardan su pasaporte y debe pedir autorización para viajar. Otro profesor universitario consultado detalla una experiencia similar.
La ONG Safeguard Defenders ha criticado el nuevo reglamento y lo enmarca en un aumento de las prohibiciones de salida durante la última década. Según su análisis de la base de datos judicial china, las resoluciones publicadas que mencionan esta medida pasaron de 89 en 2016 a 188.760 en 2025. Es una cifra que conviene utilizar con cautela, ya que no indica el número de personas a las que se impidió viajar, sino resoluciones en las que aparece una referencia. Aun así, muestra que su presencia en las decisiones judiciales hechas públicas ha aumentado considerablemente.
El nuevo texto dispone que, por regla general, la autoridad comunique por escrito al afectado la prohibición de salir, sus motivos y las vías de recurso. Pero admite que no se le notifique si hacerlo puede perjudicar la seguridad nacional o una investigación penal. Esa excepción es una de las principales objeciones de Human Rights Watch. “El Gobierno chino endurece las normas para decidir arbitrariamente quién puede salir del país y quién no”, afirma Maya Wang, subdirectora para Asia de la organización en un comunicado. “Las autoridades han sometido cada vez más a los defensores de los derechos humanos y las minorías étnicas a restricciones y controles de sus viajes al extranjero, pero todo el mundo debería preocuparse”, alerta Wang.
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