Quienes se manifiestan en las calles de Portugal por la crisis de la vivienda —la más grave de la Unión Europea— se han apuntado su primera victoria. Tras el violento desalojo policial de las acampadas en Lisboa y Oporto, los pasados 25 de octubre y 1 de noviembre, el Tribunal Administrativo del Círculo de Lisboa falló esta semana a favor de una activista que había interpuesto una demanda para mantener las tiendas de campaña durante la noche hasta el 24 de noviembre, fecha en la que se votarán los presupuestos de 2027.
Una magistrada de Lisboa autoriza la instalación de tiendas de campaña hasta finales de noviembre, cuando se voten los presupuestos
Quienes se manifiestan en las calles de Portugal por la crisis de la vivienda —la más grave de la Unión Europea— se han apuntado su primera victoria. Tras el violento desalojo policial de las acampadas en Lisboa y Oporto, los pasados 25 de octubre y 1 de noviembre, el Tribunal Administrativo del Círculo de Lisboa falló esta semana a favor de una activista que había interpuesto una demanda para mantener las tiendas de campaña durante la noche hasta el 24 de noviembre, fecha en la que se votarán los presupuestos de 2027.
¿Por qué durante la noche, y no también durante el día? Las acampadas fueron desmanteladas por los antidisturbios, a porrazos y con el resultado de decenas de contusionados, de madrugada, en virtud de un decreto ley de agosto de 1974 —cuatro meses después del triunfo de la Revolución de los Claveles, que acabó con la dictadura— que prohíbe las manifestaciones en la vía pública (no en lugares cerrados) a partir de las 00:30 horas. De nada sirvió que el artículo 45 de la Constitución portuguesa, de 1976, permita las manifestaciones públicas aun sin permiso: la violencia de la policía, una docena de cuyos agentes también resultaron heridos, eclipsó cualquier debate político en curso para poner el foco en las protestas.
Pero ahora, la jueza de Lisboa rechaza la aplicación del citado decreto de 1974 por parte de la Policía para justificar los desalojos por el “límite horario absoluto y automático al ejercicio del derecho fundamental de manifestación”. Los manifestantes podrán instalar sus tiendas en las dos céntricas plazas de Oporto y Lisboa, en detrimento de los tradicionales mercados navideños que se instalan en estas fechas en esos lugares.
El auto reconoce “el derecho a ejercer la manifestación” hasta el 24 de noviembre e insta a la policía a abstenerse de instrumentar “medidas de dispersión, cese o supresión del derecho de manifestación” siempre y cuando este sea ejercido conforme a lo establecido, es decir, pacíficamente, como viene siendo habitual en las numerosas marchas y protestas por la carestía de la vida, y especialmente de la vivienda, que se suceden en Portugal desde hace meses. El fallo no es baladí: la jueza subraya que el desalojo policial incumple la Constitución, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y el Convenio Europeo de los Derechos Humanos.
Ya en los primeros días de la polémica, sin necesidad de fallo alguno, el director de la policía asumió su responsabilidad por lo sucedido: por la lluvia de bastonazos y los perros azuzados por los agentes contra los manifestantes. El presidente portugués, el socialista António José Seguro, mostró públicamente su descontento ante las imágenes de las cargas (“No me gustó lo que vi”, declaró) y convocó de inmediato a los partidos políticos y especialistas en vivienda para debatir el problema. Incluso Hugo Soares, líder parlamentario del partido en el Gobierno, el conservador PSD, reconoció “excesos” policiales mientras su jefe de filas, el primer ministro Luís Montenegro, se sumía en el mutismo durante días para romper su silencio en la tramitación parlamentaria de los presupuestos: la vivienda fue el hilo conductor de todos los discursos, incluidos los suyos.
Todo esto acontece en medio de un clima de tensión social, con varias huelgas sectoriales convocadas para este mes, como la de los sindicatos de la función pública el próximo 20 de noviembre, amén de otras marchas de las plataformas por el derecho la vivienda, como la del día 14.
Miguel Poiares Maduro, decano de la facultad de Derecho de la Universidad Católica Portuguesa, apuntaba la semana pasada, tras el primer desalojo violento, que los constitucionalistas portugueses se han mostrado divididos sobre si la prohibición de manifestarse por la noche que establece el decreto de 1974 “es constitucional y compatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales”. “La jurisprudencia portuguesa es escasa en la materia. Pero podemos recurrir a la jurisprudencia del TEDH, muy extensa: el derecho a manifestarse no es absoluto, pero cualquier limitación debe ser proporcional e interpretarse de forma restrictiva”, añade Poiares Maduro, que fue ministro entre 2013 y 2015 del conservador Pedro Passos Coelho, el hombre que ejecutó las dolorosas recetas de la troika a cambio de un salvavidas financiero para evitar la quiebra del país.
“Diría que una prohibición absoluta de manifestarse en determinadas horas o de determinadas formas (acampadas) no me parece proporcional, pero que tampoco existe un derecho a acampar por tiempo indefinido como forma de protesta política”, agrega.
De forma similar a lo ocurrido con la acampada por la vivienda de la Puerta del Sol, con una votación a favor de los manifestantes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, los acampados portugueses no piensan cejar en su empeño. El país no celebrará elecciones hasta 2029, pero el ambiente de malestar generalizado por la carestía de la vida y la imposibilidad de acceder a una vivienda incluso para buena parte de la clase media augura una campaña anticipada y convulsa, con la crisis habitacional como eje transversal.
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