Es peligroso que haya políticos que recurran a las teorías de la conspiración cuando se ven acosados por la justicia. Pero también lo es que haya jueces empeñados en darles la razón. El juez Juan Carlos Peinado entró en esa categoría hace ya demasiado tiempo, incurriendo en una suerte de populismo judicial: aquel que sustituye la prudencia exigible a un instructor por resoluciones concebidas para causar impacto público.
Si el juez cree realmente que Begoña Gómez puede convertirse en una prófuga de la justicia, el problema trasciende cualquier recurso ante la Audiencia de Madrid o queja ante el CGPJ
Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos
Si el juez cree realmente que Begoña Gómez puede convertirse en una prófuga de la justicia, el problema trasciende cualquier recurso ante la Audiencia de Madrid o queja ante el CGPJ
Es peligroso que haya políticos que recurran a las teorías de la conspiración cuando se ven acosados por la justicia. Pero también lo es que haya jueces empeñados en darles la razón. El juez Juan Carlos Peinado entró en esa categoría hace ya demasiado tiempo, incurriendo en una suerte de populismo judicial: aquel que sustituye la prudencia exigible a un instructor por resoluciones concebidas para causar impacto público.
Más allá de la discutible redacción de sus autos, lo verdaderamente preocupante es que sus últimas resoluciones no hacen sino reforzar la impresión de que ha decidido convertirse en un actor político en una investigación que, desde su origen, ha estado rodeada de controversia.
Lo que parecía un debate relacionado, sobre todo, con la ética y la estética —si la esposa del presidente del Gobierno puede buscar patrocinios para su cátedra entre empresas cuyo negocio depende en parte de la regulación pública— acabó en el terreno penal por obra y gracia de asociaciones de extrema derecha que han encontrado en la acusación popular una plataforma para librar sus batallas ideológicas, en un uso instrumental de la justicia.
Sin apenas filtros, Peinado abrió una investigación prospectiva, marcada por decisiones que han sido corregidas parcialmente por la Audiencia de Madrid. Todo, en una búsqueda errática de algún delito o de alguna conducta que se le asemejara, una práctica difícilmente compatible con los principios que deben regir un Estado de derecho.
El auto por el que retira el pasaporte a Begoña Gómez alegando riesgo de fuga contiene dos pasajes que retratan el desatino al que ha llegado esta investigación. El primero, cuando sugiere que los policías que escoltan a la esposa del presidente del Gobierno podrían colaborar en una eventual huida. Una tesis difícil de sostener sin caer en presupuestos conspirativos y que supone un ataque desmedido a los funcionarios que desempeñan esa tarea. El segundo, cuando insiste en que no ha encontrado un caso similar de tráfico de influencias en España desde el reinado de Fernando VII. Más allá de la llamativa referencia, poco rigurosa en términos históricos, resulta difícil encontrar qué relevancia jurídica puede tener semejante comparación para fundamentar una medida cautelar. ¿De verdad es esta la imagen que debe proyectar la justicia española?
Si Peinado cree realmente que Begoña Gómez puede convertirse en una prófuga de la justicia, el problema trasciende cualquier recurso ante la Audiencia de Madrid o queja ante el Poder Judicial, aunque es indispensable agotar los cauces institucionales. Y si no lo cree y, aun así, adopta esa decisión, entonces lo que persigue es una estigmatización pública. En cualquier caso, en ambos supuestos se aleja de los criterios de proporcionalidad que exige el buen uso del derecho.
Los jueces constituyen uno de los poderes del Estado, en pie de igualdad con el Ejecutivo y el Legislativo. Las democracias funcionan cuando el equilibrio entre los tres es efectivo. Los abusos del poder político encuentran su contrapeso en los tribunales, y la España actual ofrece ejemplos de ello, con varias investigaciones que afectan al PSOE, el principal partido del Gobierno. Corresponde también al poder judicial corregir y, en su caso, rectificar aquellas actuaciones judiciales que excedan los límites de la prudencia y la proporcionalidad. Esa sería la mejor demostración de que el Estado de derecho funciona para todos por igual.
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